Extorsión a un puesto de micheladas reveló nexos entre La Familia Michoacana y presidente del DIF en Tonatico, Edomex

El hallazgo de diez cuerpos en dos fosas del municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, originó un operativo de gran magnitud en el que se involucraron instituciones locales y federales, denominado ‘Operación Enjambre’. Hasta el 29 de noviembre, la estrategia de seguridad había conseguido que 24 servidores públicos fueran detenidos por su presunta relación con grupos criminales.

Uno de los funcionarios que quedó en manos de la justicia fue Ellery Guadalupe “N”, director del DIF municipal de Tonatico, esposo de la actual alcaldesa —Evelia Marlem Ayala Sánchez— y expresidente municipal de Pilcaya, Guerrero.

Este hombre fue detenido el 22 de noviembre y vinculado a proceso seis días después por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Ellery Guadalupe “N” tendría vínculos con La Familia Michoacana y estaría implicado en la privación de la libertad de un vendedor de micheladas.

Durante la audiencia en el juzgado de control de Otumba, se dio a conocer que la víctima de iniciales F.C.Y. instaló un puesto de micheladas sobre la autopista Ixtapan de la Sal-Taxco, al sur del Edomex. El 18 de mayo de 2024, un comando de hombres armados habría arribado a dicho negocio para exigirle el 10% de sus ventas diarias. Reportes compartidos por La Jornada señalan que en esa fecha, el comerciante les entregó un monto de 750 pesos para que lo dejaran trabajar.

Luego, el día 31 del mismo mes, los miembros de la célula criminal volvieron al negocio y, al notar que la cerveza utilizada por el vendedor no era de la marca “autorizada” por el cártel, lo secuestraron y lo trasladaron a un domicilio en donde presuntamente se encontraba Ellery Guadalupe “N”.

“Lo llevaron a un inmueble en donde se encontraba el ahora imputado, quien después de referir que trabajaba para La Familia Michoacana, le habría exigido comprar cerveza en determinado establecimiento comercial, así como el pago del 10 por ciento de sus ventas”, puede leerse en un informe de la Fiscalía mexiquense.

Se presume que durante el tiempo que permaneció privado de su libertad, el vendedor habría sido golpeado. Además, habría pagado una suma no especificada de dinero para que lo dejaran ir.

Al finalizar la audiencia de vinculación a proceso, la jueza de control estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Durante ese periodo, Ellery Guadalupe “N” permanecerá recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Otumba.