Este domingo 24 de noviembre distintas comunidades indígenas se congregaron para recordar al padre y activista Marcelo Pérez Pérez, asesinado hace poco más de un mes en San Cristóbal de las Casas.
La marcha, que tuvo lugar en Chalchihuitan, fue una respuesta a la violencia que ha azotado la región. En Chiapas, México, la violencia vinculada al narcotráfico ha generado una creciente preocupación entre las comunidades indígenas, quienes se han visto obligadas a manifestarse para exigir justicia y paz.
El sacerdote José Elías Hernández, de la parroquia San Pedro, expresó la necesidad de buscar una paz genuina en Chiapas, libre de la influencia de grupos criminales. Hernández enfatizó que el gobierno mexicano debe trabajar en la pacificación de las zonas fronterizas de la Sierra y los Altos de Chiapas para lograr una paz verdadera.
El asesinato del padre Marcelo, un sacerdote de la etnia tzotzil conocido por su defensa de los derechos humanos y su lucha contra la violencia del narcotráfico, ha sido un catalizador para estas manifestaciones.
Los participantes de la marcha, entre ellos mujeres, hombres, niños y adolescentes, portaban cruces con listones blancos y banderas con la palabra “paz”, además de fotografías del padre Marcelo.
Durante la marcha, los manifestantes clamaron “Basta de asesinatos en Chiapas” mientras recorrían las calles de Chalchihuitan, una localidad situada en la zona Altos, a dos horas de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.
La comunidad exige la voluntad política de los gobiernos municipal, estatal y federal para detener la violencia que ha afectado gravemente a las comunidades indígenas y rurales de Chiapas en los últimos meses.
Flor Pérez, habitante de Chalchihuitan, expresó su dolor por las muertes en la región, incluyendo la del padre Marcelo, quien fue asesinado por defender a su pueblo y decir la verdad. Los líderes comunitarios hicieron un llamado a la unidad y a la resistencia pacífica en defensa de sus valores y territorio.
La violencia en Chiapas, exacerbada por el narcotráfico, ha convertido a comunidades vulnerables como los tzotziles, tzeltales, choles, mam, cachiquel y chuc en víctimas directas de los enfrentamientos entre bandas criminales y autoridades.
Esta situación ha agravado la marginación histórica de los pueblos indígenas, quienes enfrentan desplazamientos forzados, extorsiones y otros abusos debido a la falta de presencia del Estado.
Ante esta realidad, las comunidades indígenas han iniciado campañas para exigir justicia, el cese de la violencia y una mayor protección para sus habitantes, especialmente mujeres y niños, quienes son los más afectados por esta crisis.
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