
La Cámara de Diputados emitió este miércoles la declaratoria de publicidad del dictamen que reforma la Constitución Política para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Las modificaciones al artículo 19 de la Constitución Política incluyen delitos como la extorsión, el narcomenudeo y actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas.
También se consideran delitos fiscales como la defraudación fiscal, el contrabando y el uso de falsos comprobantes fiscales. En estos casos, el juez deberá ordenar la prisión preventiva de manera automática, conforme a las leyes aplicables.
Al darle publicidad, la Mesa Directiva cumple con el procedimiento para someter el proyecto de dictamen a discusión en el Pleno, donde se requieren los votos de dos terceras partes para su aprobación.

Este dictamen forma parte del paquete de reformas presentado por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, con el cual busca fortalecer el control de la criminalidad y la investigación de delitos, según se detalla en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIV Legislatura.
El documento establece que los órganos del Estado deben aplicar las normas de manera literal, prohibiendo cualquier interpretación que modifique o suspenda sus términos. Además, se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto, afectando leyes secundarias, reglamentos y otros ordenamientos administrativos.
Las legislaturas de las entidades federativas también tienen la responsabilidad de realizar las adecuaciones normativas necesarias dentro de los 365 días naturales siguientes a la publicación del decreto. Este esfuerzo busca asegurar que las reformas se implementen de manera uniforme en todo el país.
En los considerandos del dictamen, se argumenta que la prisión preventiva oficiosa es un instrumento que contribuye a mantener la paz y el orden social al restringir la libertad de los probables infractores de manera precautoria.

Se destaca la importancia de prever las figuras delictivas propuestas para contenerlas mediante este mecanismo, sin menoscabar los derechos de quienes se encuentren sujetos a esta medida cautelar.
En caso de ser votado a favor, la minuta correspondiente será enviada al Senado de la República, donde seguirá el mismo procedimiento que en la Cámara baja. Al tratarse de una reforma constitucional, al menos 17 congresos estatales deberán dar su aval para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Una vez aprobada la reforma, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico con las nuevas reformas constitucionales que amplían el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
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