El pasado 21 de octubre, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación expuso a los jueces que en noviembre de 2023 votaron a favor de concederle un amparo a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero.
Uno de los magistrados mencionados por Rosa Icela Rodríguez como responsable de “beneficiar a los delincuentes” fue Rubén Arturo Sánchez Valencia, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el Estado de México.
No obstante, en la conferencia de representantes del Poder Judicial del 24 de octubre, Sánchez Valencia respondió a dicha mención y explicó las implicaciones de su decisión.
Acorde con sus declaraciones, lo que José Luis Abarca reclamaba en aquel entonces era que se realizara una nueva audiencia con el objetivo de analizar si debía permanecer en prisión preventiva oficiosa o si era posible modificar la medida cautelar en su contra.
“Era para efecto de que se convocara una nueva audiencia y se determinara si la prisión preventiva oficiosa debía subsistir o podía ser sustituida. Para ese efecto se concedió el amparo”, manifestó el magistrado.
“No ordenamos la libertad, no determinamos que era inocente”, fueron las palabras con las que Sánchez Valencia defendió su decisión.
En sus propias palabras, el voto a favor de dicho amparo estuvo sustentado en el hecho de que la prisión preventiva oficiosa resultaría inconvencional, acorde con los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Determinamos que la prisión preventiva oficiosa ya no podía subsistir, pero en todo caso que se revisara y se determinara si podía imponerse otra medida cautelar para asegurar la presencia de la persona imputada al juicio”, añadió el juez.
El 14 de diciembre de 2023, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México le impuso al exalcalde la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en sustitución de la prisión preventiva oficiosa por la causa penal 103/2014, en la que fue acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Abarca Velázquez impugnó tal determinación con el argumento de que para la imposición de dicha medida no se tomaron en cuenta las posibles afectaciones a su estado de salud. El 10 de julio de 2024, Everardo Maya Arias, juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, concedió otro amparo para realizar una audiencia en la que se evaluara si, en efecto, existían condiciones para su permanencia en el penal de máxima seguridad del Altiplano sin comprometer su salud. Hasta la fecha de la presente publicación, Abarca sigue en prisión preventiva justificada por este caso.
Cabe recordar que, además de este proceso, el exalcalde de Iguala fue investigado y sentenciado a 92 años de prisión por el delito de secuestro agravado cometido en contra de seis activistas, incluido Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular Campesina Emiliano Zapata (UPEZ).
La sentencia de la causa penal 100/2014 señala que José Luis Abarca es penalmente responsable del secuestro en agravio de Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efarín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa, localizados sin vida en 2013 en Iguala.
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