Experta de la ONU manda carta a AMLO para advertirle sobre Reforma al Poder Judicial: “Hay riesgo de captura política”

Es la recta final de los foros e inicia la carrera para su inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, envió una carta al mandatario federal para advertir que su aprobación incrementará “el riesgo de captura política” de este organismo.

La académica y profesional de Derechos Humanos presentó contraargumentos sobre las modificaciones sustanciales que propone el presidente López Obrador, haciendo un comparativo con lo vigente en la Constitución, lo que recomiendan las organizaciones internacionales y lo que estipula la iniciativa del mandatario.

En un primer punto, señaló su preocupación por el contexto en que se lleva a cabo la reforma, derivado a las intimidaciones a jueces y reportes de interferencia en la independencia judicial hechos desde el gobierno federal, mediante ataques verbales y amenazas contra ciertos jueces.

“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces”, escribió en su carta.

El posicionamiento de la especialista llega después de que un grupo de organizaciones: Juzgadoras y Juzgadores Federales, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal; Todos somos guardianes de la Constitución y Justicia Independiente enviaron un escrito para presentar las circunstancias que “ponen en riesgo la independencia judicial” de México.

Método de selección propuesto por AMLO

Respecto a que la iniciativa busca instalar un nuevo modelo de asignación de los jueces, magistrados y ministros mediante la votación directa, Margaret Satterthwaite señala que la reforma no asegura una participación efectiva de la sociedad en el proceso electoral, es decir no promover el voto directo avala que el pueblo salga a las urnas para decidir quiénes serán los jueces que utilizarán el cargo.

Del mismo modo, sostiene que el poder ejecutivo y legislativo tienen cierta responsabilidad para la selección judicial, ya que tendrán la posibilidad de postular a sus candidatos, y con ello considera que “incrementan el riesgo de captura política del poder judicial”.

En este mismo sentido, la experta señala que la elección popular pone en riesgo que los candidatos a alguno de los cargos “busquen complacer” a los votantes o patrocinadores de campaña de modo que les permita su posibilidad de reelección, en lugar de tomar decisiones “fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”.

Explica que los ejemplos que rescata el mandatario federal para sustentar su reforma y la promoción de la democracia han sido analizados por el Consejo de Derecho Humanos, motivo porque han expresado sus preocupaciones en relación a la selección de magistrados.

Extensión en el cargo y alineación con el gobierno entrante

La iniciativa enviada al Congreso de la Unión no restringe que los jueces puedan reelegirse por uno o más periodos después de un cargo ejercido. Asimismo, que propone una elección extraordinaria para nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ello, considera, que es un riesgo por la posibilidad de que estos estén alineados con el próximo gobierno entrante, incluso participarían en la evaluación de una próxima elección presidencial.

“La propuesta también modificaría el artículo 99 de la Constitución con el fin de reducir el término de funciones de nueve a seis años para los siete nuevos Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como para los magistrados regionales. El período de seis años estaría alineado con el sexenio previsto para el Presidente de la República”, señala.

A la par, aseguró que los jueces tienen la garantía de que no podrán ser removidos de sus cargos de manera arbitraria o sin justa causa esto por estándares internacionales que lo prohíben. Sumado, a que el sustitución de aproximadamente mil 800 jueces y funcionarios “podría retrasar la administración de justicia para los ciudadanos”.

“La remoción anticipada de todos los jueces en funciones una vez que los nuevos jueces sean electos sería una clara violación de la permanencia en el cargo judicial. La imposición de una prohibición de trabajar durante los dos años siguientes a su remoción también atenta contra sus derechos laborales y el derecho a recibir una pensión”, sentenció Margaret Satterthwaite.