Explotación minera, negocio para el gobierno y para el narco

México es considerado como una potencia a nivel mundial en cuestión de minería. En 2022 se consolidó como el principal productor de plata del mundo; además, cada año se extraen 53 minerales (11 metálicos) y en los últimos años el sector minero nacional se puso en la mirada de los inversionistas por la fiebre del litio y la ley para proteger su explotación: Gobierno, sector privado y organizaciones del narco tienen los ojos en el jugoso negocio de la minería.

Datos de la Secretaría de Economía dan cuenta de una Inversión Extranjera Directa (IED) de 2 mil 737 millones de dólares que ingresaron al país para el fortalecimiento de la industria minera (cifras al tercer trimestre de 2023); sin embargo, empresarios del sector señalaron que hay otros 4 mil 500 millones de dólares ‘frenados’ a consecuencia de la Ley Minera aprobada (en fast track) el 30 de abril de 2023.

Los empresarios que participaron en el foro Retos de la Minería Mexicana afirmaron que hay más de 200 permisos ambientales detenidos y más de 50 mil familias afectadas por la falta de generación de empleos en zonas mineras de Zacatecas, Chihuahua, Durango y Sonora.

Otro punto negativo para el sector, señalaron, es la prohibición de la minería a cielo abierto, una iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión y que frenaría el 60 por ciento de las operaciones del sector y cancelaría el ingreso de 14 mil millones de dólares en inversión.

En su primera reunión como candidata electa, Claudia Sheinbaum escuchó una oferta del Consejo Coordinador Empresarial: 42 mil millones de dólares de inversión de parte de empresas como FEMSA, Coppel, Cinépolis, Maseca y Grupo México, una de las tres compañías mineras que dominan más del 80 por ciento de la explotación.

El narco y la minería

Desde principios de la década de 2010 se confirmó la presencia de organizaciones del narco involucradas en la explotación y venta clandestina de minerales en las zonas mineras de Colima y Michoacán. En 2014 36 mineras fueron clausuradas bajo sospecha de ser dirigidas por grupos criminales vinculados a Los Caballeros Templarios y Los Zetas.

Con los años, el narco comenzó a cobrar a las mineras por servicios de ‘vigilancia’ y ‘protección’, además de obligarlos a utilizar sus camiones para transportar los minerales y pedirles una cuota por cada kilo y onza que extraían.

“Los cárteles están activos ahí”. Estas fueron las palabras del propietario de la minera El Gallo 1 (Sinaloa), después de que un comando le robó 8.4 millones de dólares en oro. Era abril de 2015 cuando el empresario canadiense remató: “Generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos ir a explorar a algún lado, les preguntamos y te dicen, ‘No, pero regresen en un par de semanas’”.

Uno de los “negocios” del narco con las mineras -según investigaciones de periodistas como Jesús Lemus y Luis Hernández Navarro- está relacionado con la “limpia” de territorios por parte de los brazos armados de grupos criminales, quienes expulsan a comunidades enteras u opositores ambientales para que las grandes empresas ingresen y exploten el terreno.

Los Zetas (Coahuila), Los Viagras, (Michoacán), La Línea (Chihuahua) y el Cártel de Sinaloa en Sonora son sólo algunos de las organizaciones criminales que han hecho de la minería su negocio. Sobra recordar que el Cártel de Sinaloa se apropió -según una investigación de Reforma- del proyecto Angeles Mine Corp para extraer oro de manera ilegal en la Playa del Patole, esto pese a no contar con los permisos ambientales del gobierno federal.