Para los cárteles de drogas, la corrupción es clave en sus operaciones criminales. Durante los últimos años, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han logrado su expansión a lo largo y ancho del territorio mexicano derivado de la integración de funcionarios públicos, policías, jueces, políticos y autoridades locales a sus filas, garantizando así la no interferencia en sus actividades delictivas y la facilitación de sus negocios.
Aunque algunos notorios narcotraficantes han reconocido la importancia de la corrupción para los cárteles de drogas ―como Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el líder más longevo del Cártel de Sinaloa―, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) aclaró recientemente que el abuso de poder de las dos organizaciones criminales de México se presenta de manera distinta.
Por ejemplo, de acuerdo con el informe Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, hecho público por la agencia estadounidense el pasado 9 de mayo, el Cártel de Sinaloa actualmente opera libremente en algunas partes de México gracias a “una red de contactos policiales, militares y policías”.
En su reporte, la DEA recuerda el caso de Genaro García Luna, quien fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
“García Luna utilizó su posición oficial para ayudar al Cártel de Sinaloa a traficar cargamentos de drogas en cantidades de varias toneladas, principalmente cocaína y heroína, a los Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos. Los sobornos aumentaron a lo largo de los años a medida que la organización crecía en tamaño y poder gracias al apoyo del exsecretario”, se lee en el documento.
En febrero de 2023, García Luna fue condenado en el Distrito Este de Nueva York por cargos de tráfico internacional de drogas y conspiración. Actualmente se encuentra a la espera de la dictación de su sentencia.
La diferencia con el CJNG
La DEA indica que el cártel de las cuatro letras también ha conseguido fabricar y traficar estupefacientes con “relativa impunidad” gracias a los sobornos que realizan a funcionarios gubernamentales, militares y encargados de hacer cumplir la ley en todos los niveles; pero también mediante la intimidación.
“Desde su formación hace más de 10 años, el CJNG ha dirigido algunos ataques de alto perfil contra el Ejército y la policía mexicanos, incluido el derribo de un helicóptero que mató a seis soldados y el intento de asesinato del jefe de policía de la Ciudad de México”, señaló.
Adicionalmente, también se refiere la realización de sobornos a jueces.
Otros tipos de corrupción
El narcotráfico se vale de múltiples formas de corrupción para mantener y expandir sus operaciones ilícitas. Entre los métodos más empleados destacan los siguientes:
- Cohecho: Similar al soborno, el cohecho implica la entrega de dinero o favores a cambio de la manipulación de decisiones oficiales. En este contexto, podría incluir la concesión de licencias, la liberación de detenidos y la obstrucción de investigaciones.
- Trafico de influencias: Narcotraficantes intentan influir en la toma de decisiones de altos funcionarios y políticos. Utilizan conexiones personales y financieras para orientar políticas públicas que beneficien a sus actividades criminales, como evitar la aprobación de leyes más estrictas contra el narcotráfico.
- Extorsión: Aunque menos común, los narcotraficantes también emplean la extorsión contra funcionarios públicos para obligarlos a colaborar. Mediante amenazas contra la vida y la seguridad de ellos y sus familias, aseguran la complicidad o el silencio de estos empleados.
- Nepotismo: Los narcotraficantes colocan a personas de confianza en posiciones estratégicas dentro del gobierno o las fuerzas de seguridad. De esta manera, pueden controlar la información y tomar decisiones en su favor sin despertar sospechas.
- Malversación de fondos: Canalizan recursos públicos hacia sus operaciones mediante el desvío de fondos destinados a proyectos sociales o de infraestructura. Este tipo de corrupción no solo financia sus actividades ilegales, sino que también incrementa el malestar social y la desconfianza en el gobierno.
La influencia corruptora en los diferentes niveles del estado socava la confianza pública y dificulta la aplicación de la ley y el orden.
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