Cómo fue que un terremoto permitió la entrada del CJNG y el Cártel de Sinaloa a Ecuador

El 9 de enero de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, emitió un decreto con el que 22 grupos criminales quedaron catalogados como “organizaciones terroristas y actores estatales beligerantes”. En la lista había por lo menos nueve células vinculadas con cárteles mexicanos, según documentos de inteligencia consultados por The Washington Post.

Dentro del país sudamericano, el Cártel de Sinaloa tiene como principal aliado al grupo de Los Choneros, cuyo máximo líder, José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, se fugó del centro de máxima seguridad de La Roca en meses pasados.

Por otro lado, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentra vinculado a estructuras como Los Lobos —la segunda más numerosa del país—. Fabricio Colón Pico, alias ‘El Salvaje’, quien es señalado como uno de los principales cabecillas de la organización, se fugó durante un escape masivo de la cárcel de Riobamba en enero de 2024.

Aunque los nexos entre cárteles mexicanos y grupos delincuenciales en Ecuador puede rastrearse hasta principios de la década de los 2000, una reciente investigación de The Washington Post refiere que fue en 2016 cuando las puertas del país sudamericano quedaron abiertas para que se forjaran estas alianzas.

Para ese entonces, América Latina ya llevaba un par de años enfrentándose a las dificultades económicas debido a que el boom de las materias primas había terminado. La repentina caída en los precios de los minerales y el petróleo sumergió a diversos países, incluido Ecuador, en una fuerte recesión que los llevó a incrementar su deuda.

En el territorio entonces gobernado por Rafael Correa estallaron múltiples protestas por el incremento en la pobreza y el desempleo.

Mientras Ecuador atravesaba una fuerte crisis económica y política, el 16 de abril de 2016 la población fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,8 y más de tres mil 400 réplicas en menos de tres días.

Con epicentro en la provincia de Manabí, el siniestro cobró la vida de 671 personas y destruyó las viviendas de alrededor de 25 mil habitantes.

Para la reconstrucción del país, que de por sí enfrentaba grandes desafíos económicos, el gobierno saliente de Correa aprobó que durante 2017 se destinaran dos mil 410 millones de dólares a la reparación, recuperación y construcción de inmuebles colapsados.

Posteriormente, en 2018, la administración de Lenin Moreno anunció una serie de recortes que contemplaron la eliminación de 20 instituciones, incluyendo el Ministerio de Justicia. Sin haber una entidad gubernamental que vigilara el cumplimiento de las leyes, el sistema penitenciario de Ecuador quedó a la deriva.

Todas las políticas que había implementado el Ministerio para que las cárceles funcionaran como espacios de reinserción social —como cursos educativos— quedaron sin efecto.

Los líderes de las prisiones comenzaron a organizar a los reos de acuerdo con su pertenencia a los grupos criminales, lo que eventualmente contribuyó a que las penitenciarías se convirtieran en bases de operaciones para ellos.

Desde la cárcel, las distintas bandas ecuatorianas empezaron a forjar vínculos con cárteles mexicanos y aprendieron sus tácticas para ejercer violencia.

En 2021, el grupo de Los Lobos —que para ese entonces ya era un importante distribuidor de armamento para el CJNG— estuvo relacionado con diversas masacres en prisiones que dejaron más de 300 muertos.

Investigadores como Santiago Erazo, egresado de la Universidad Externado de Colombia, exponen que debido a la presión del gobierno de Estados Unidos, los cárteles mexicanos decidieron buscar aliados más allá de los grupos en Colombia.

En este contexto, aprovecharon que Ecuador funciona a la vez como un territorio “de paso” en la ruta del narcotráfico y como un punto de procesamiento y distribución de drogas hacia los mercados europeo y africano.