En el marco del Congreso de la Ciudad de México, se llevó a cabo un análisis en relación al uso de drones, ante la creciente preocupación sobre posibles delitos contra la privacidad, daños ambientales y, en casos extremos, incluso pérdidas de vidas, derivadas del uso irresponsable de estos dispositivos.
La iniciativa, liderada por la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, María Guadalupe Morales Rubio, tiene como objetivo establecer medidas regulatorias y sanciones para abordar el uso negligente de drones en la capital.
En la II Legislatura del Congreso local, se han presentado dos iniciativas orientadas a prevenir el uso ilícito de drones por parte de la delincuencia organizada en la Ciudad de México.
Estipulado por el Código Penal
A pesar de las reformas aprobadas en octubre pasado al Código Penal que incrementaron las penas para delitos cometidos con la ayuda de drones, algunos legisladores sostienen que estas medidas resultan insuficientes ante la magnitud del problema.
La reforma al artículo 224 del Código Penal de la Ciudad de México, aprobada en octubre, buscaba fortalecer las sanciones para delitos como el robo cuando se utiliza drones o vehículos aéreos no tripulados.
Sin embargo, algunos representantes consideran que estas medidas necesitan ser reforzadas, ya que el uso indebido de drones sigue siendo una amenaza significativa.
Reformas actuales en México
En el ámbito regulatorio mexicano, el uso de drones está sujeto a las disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
A través de la Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019, se establecen los requisitos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS), incluyendo drones.
Esta normativa clasifica a los drones en tres categorías: micro (2 kg o menos), pequeño (de 2.1 kg hasta 25 kg) y grande (25 kg o más). Asimismo, establece reglas que los propietarios deben cumplir, como la prohibición de operar en zonas restringidas o peligrosas, transportar mercancías peligrosas, sustancias prohibidas, armas, explosivos o en lugares donde se reúnan más de 12 personas.
El ataque ocurrido recientemente en la Sierra de Guerrero, atribuido a la Familia Michoacana y ejecutado con drones, ha servido como un detonante para la acción legislativa.
A pesar de las reformas implementadas en octubre pasado, algunos legisladores consideran que las penalizaciones por delitos asociados al uso de drones son insuficientes.
Las modificaciones aprobadas incluyeron el agravamiento de las penas para delitos como el robo cuando se utilizan drones.
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