
Debido a sus paisajes boscosos, su lago, arquitectura y oferta turística, Valle de Bravo fue añadido al programa de Pueblos Mágicos en 2005 y, desde entonces, se posicionó como uno de los principales destinos al poniente del Estado de México.
Sin embargo, una reciente investigación de Patricia Dávila publicada en Proceso, comerciantes, empresarios y constructores de Valle de Bravo estarían bajo el constante asedio de un grupo criminal.
Las casas de materiales que proveen insumos de construcción se encuentran entre los establecimientos más afectados por el “derecho de piso”, según una conversación de la periodista con Enrique Maza Cotero, presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Recurrentemente, en cuanto abren sus negocios, miembros de un grupo delictivo se acercan a cada local y dejan una lista con los precios que se deben manejar para cada producto. De esta forma, según las entrevistas referidas en el reportaje, es como controlan los costos de la industria en el municipio.
Asimismo, Dávila menciona que los dueños de las casas de materiales deben hacer, bajo amenaza, un pago por cada viaje de arena, grava, varilla o cemento.

Sin embargo, esta no sería la única participación del crimen organizado en la materia, pues diferentes denuncias aseguran que las empresas se ven obligadas a pagar 100 pesos por cada albañil que trabaja en sus proyectos desde el inicio de la construcción. Si no pagan, no los dejan trabajar.
En marzo de 2023, los constantes robos, extorsiones, amenazas e incluso secuestros motivaron a un grupo de constructores e ingenieros a denunciar los hechos de forma pública en redes sociales.
“Es un secreto a voces entre todas las autoridades y nuestro gremio que, desde hace más de dos años, la industria de la construcción está siendo extorsionada por presuntos miembros de La Familia Michoacana, que se identifica como Sindicato de nombre Bicentenario”.

“Este grupo delictivo [Sindicato Bicentenario] llega a las obras con armas largas, amenaza a nuestros ingenieros, residentes y trabajadores para obligarlos a comprar materiales en las minas que ellos dicen y para trabajar con los transportistas que ellos quieren”, aseguran los reportes.
Sumado a las exigencias en casas de materiales, la periodista recabó entrevistas que señalaron la comisión de otros ilícitos, como el robo de maquinaria y asaltos a trabajadores mientras viajan hacia las obras en entornos rurales.
Lo anterior ha obligado a los miembros del gremio a colocar chips a sus vehículos, contratar seguros y modificar la modalidad de pago a trabajadores para evitar el uso de efectivo.
A finales de julio de 2023, autoridades mexiquenses anunciaron la captura de Joel Ángel “N”, alias “Skipy” o “Muletas”, señalado como uno de los máximos líderes del Sindicato Bicentenario que, supuestamente, era responsable de visitar obras y realizar cobros a constructoras personalmente.
Con esta detención, la Fiscalía del Edomex aseguró que se habría logrado la desarticulación de esta célula delictiva.
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