Militar encarcelado por torturas a miembro de Los Zetas pide ayuda a la CIDH por investigación “viciada”

Jorge Alberto Tadeo Hernández, quien antes se desempeñaba como subteniente de Infantería del Ejército, envió una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que revise su caso, ya que lleva más de 12 años encarcelado sin sentencia.

En su misiva, recuperada por Proceso, Hernández acusó que durante el periodo que ha permanecido en prisión preventiva no se ha demostrado “culpabilidad en los hechos que se me imputan”.

“Nunca he tenido una adecuada defensa técnica y objetiva, puesto que nunca tuve la visita de cárcel ni ninguna entrevista personal en el interior de esta prisión militar”, añadió el subteniente, quien fue ingresado a la prisión del Campo Militar No. 1-A en abril de 2011.

Asimismo, aseguró que la averiguación previa en la causa penal 225/2012 estuvo “viciada” desde el principio, ya que los ministerios públicos militares habrían inventado delitos en su contra y se habrían encargado de favorecer a otros testigos que se auto inculparon de conductas ilícitas, pero jamás fueron consignados.

Sumado a ello, Tadeo Hernández sostuvo que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Monterrey, Nuevo León, “ha violado mi presunción de inocencia, mis derechos humanos y el debido proceso en múltiples ocasiones”.

¿Por qué fue encarcelado el subteniente Tadeo Hernández?

Acorde con los registros incluidos en el expediente de este caso, el 18 de febrero de 2011 Tadeo Hernández estaba al mando de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la zona metropolitana de Monterrey.

Ese día, él y la tropa que lideraba detuvieron a Everardo González Meraz y Óscar Eduardo Torres Martínez, presuntos miembros de Los Zetas que conducían un vehículo con reporte de robo y portaban un rifle AR-15.

González Meraz falleció después de haber sido capturado y su deceso fue registrado en las declaraciones ministeriales de Tadeo Hernández del siguiente modo:

“Los detenidos fueron trasladados a la delegación de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en Monterrey, para ponerlos a disposición del ministerio del fuero federal, ahí me percaté que Everardo estaba inconsciente, así que lo llevé a un hospital, donde murió”.

Como parte de la misma investigación, otros militares que participaron en el operativo se asumieron como responsables de haber golpeado a Everardo González en un lote baldío antes de consignarlo ante la PGR.

Aunque dichos testimonios habrían presentado falsedades, el Ministerio Público los tomó como válidos. No obstante, ninguno de los declarantes quedó sujeto a proceso penal.

En vista de las circunstancias, el subteniente ha acusado al general de división Cuauhtémoc Antúnez Pérez (su superior en ese entonces), a la jueza Beatriz Joaquina Jaime Ramos y a Martha Yadira Machado López (quien actualmente lleva su caso y encabeza el Juzgado Quinto de Distrito) de tener supuestos nexos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel del Noreste.

“La actual jueza me niega constantemente pruebas y diligencias a mi favor y un cambio de medida cautelar, tomando el papel de Ministerio Público”, acusó el militar en su carta a la CIDH, en la que se reconoció a sí mismo como un “chivo expiatorio”.