Cómo se habría gestado otro cártel inmobiliario en la CDMX

En el último año han aumentado los escándalos por el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Benito Juárez, tanto así que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha cumplimentado varias órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la demarcación por su presunta responsabilidad en las irregularidades de algunas construcciones de complejos residenciales.

Sin embargo, no sería el único caso que se presentaría en la capital del país, pues debido a una de las modificaciones que se dieron en la materia tras el sismo de septiembre de 2017, se habría abierto la puerta para que otro tipo de actividades supuestamente ilícitas se llevaran a cabo, tal como lo son los polígonos de actuación.

Así lo dio a conocer el periodista Hernán Gómez en la investigación que realizó sobre el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, el cual plasmó en su libro Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T, en donde relató algunas de las supuestas actividades ilícitas del abogado, mismas que fueron denunciadas por el Paulo Díez Gargari.

¿Qué es un polígono de actuación?

Previo a comenzar a relatar algunos de los alcances de la investigación, misma que Gómez Bruera explicó a Infobae México, resulta importante dar a conocer qué son los polígonos de actuación, pues de acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México, este mecanismo tiene como objeto promover el mejor aprovechamiento del potencial del desarrollo en áreas urbanas de reciclamiento, es decir, zonas que presentan deterioro o infraestructura abandonada o subutilizada.

“El aprovechamiento se realiza mediante la relotificación y relocalización de usos de suelo y destinos en uno o más predios, es decir, se permite que el potencial de desarrollo de uno o más predios se pueda utilizar aumentando niveles, sin exceder la superficie máxima de construcción y privilegiando un porcentaje mayor de área libre”.

En resumidas cuentas, este cambio a la ley lo que permite es que zonas de bajo desarrollo puedan aumentar su plusvalía mediante permisos especiales de construcción; sin embargo, gracias a la investigación y a las denuncias antes mencionadas se pudo conocer que presuntamente ocurren en zonas de alto desarrollo.

El otro cártel inmobiliario...

Una de las personas que supuestamente se habría beneficiado de esta situación sería el exconsejero jurídico, pues de acuerdo a la información que recolectó el periodista esto habría sido posible gracias a su relación con uno de los despachos más importantes de la capital del país, así como su presunta cercanía con un gobierno anterior.

Con base en lo que el comunicador explicó tanto en su libro como a este medio, previo a ser consejero, durante su encomienda y después, el exconsejero siempre se había dedicado al negocio inmobiliario, por lo cual tiene varios desarrollos en algunas zonas de la capital del país, lo cual se reflejó en una denuncia por parte de Pablo Díez Gargari en 2022.

De acuerdo a lo que se conoce, en la denuncia que presentó el abogado contra Scherer Ibarra se señaló su presunta participación en los actos de asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias y algunos otros cargos más.

“Hay una denuncia muy sólida de Pablo Díez Gargari sobre ese tema”, explicó Hernán Gómez, seguido de una explicación sobre la obtención de unos presuntos permisos para construir complejos en una zona de muy alta plusvalía, las cuales fueron considerados construcciones irregulares e ilegales.

Tiempo después, aparentemente en el gobierno actual, al interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi) alguien le habría ayudado al exconsejero a regularizar el tema, debido a que supuestamente predataron —cambiaron la fecha— los permisos, “hicieron como si se hubiera presentado antes de tiempo, es un tema complicado”.

Hasta el momento, las denuncias sobre el exconsejero no han procedido, por lo cual no se ha investigado su responsabilidad o la falta de ésta en los actos antes mencionados.