
El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán, debido a que la Fiscalía de General del Estado (FGE) de Campeche dio a conocer que realizó un nuevo cateo en algunas presuntas propiedades del priista.
Sin embargo, se trata de la segunda ocasión que elementos de seguridad ingresan a las propiedades del exgobernador de la entidad, esto en medio de una investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
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Las investigaciones y señalamientos contra el presidente del tricolor nacional iniciaron a finales de abril del 2022 cuando la actual mandataria campechana, Layda Sansores San Román, comenzó a develar presuntos actos ilícitos de Moreno Cárdenas durante sus emisiones de El Martes del Jaguar; inclusive el Fiscal de la entidad, Renato Sales Heredia, solicitó a la Cámara de Diputados un juicio de procedencia contra el también diputado, con el fin de que pierda el fuero por su cargo.
Ante todo este panorama, Alito siempre ha asegurado que se trata de una supuesta persecución política, incluso de una venganza por parte del oficialismo en contra de todos aquellos que están en contra, por lo que ha advertido que luchará.
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El primer cateo
Fue el 4 de julio de 2022 cuando se dio a conocer que la Fiscalía de Campeche había cateado “la mansión” de Moreno Cárdenas en la entidad, pese a que días previos —específicamente el 14 de junio de ese mismo año— había inspeccionado en la propiedad; sin embargo, no lograron ingresar al terreno.
En aquella ocasión trascendió que la autoridad utilizó un ariete para derribar la puerta principal, pues no les permitieron la entrada, pese a que se encontraban cumplimentando una orden de cateo. Tuvo que pasar más de un mes para que Renato Sales acudiera a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero de Alito Moreno.
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De acuerdo a lo que informó el Fiscal, la solicitud se dio después de una investigación en contra del dirigente del PRI —misma que incluyó el primer cateo—, en donde se comprobó que presuntamente existía una “desproporción” entre los ingresos de Moreno, ya que sus bienes no coinciden con su declaración.

Tras dicha solicitud que, a más de un año, aún no ha sido resuelta por la autoridad competente en San Lázaro, Alejandro Moreno aseguró que las acciones en Campeche sólo han sido un “show mediático”, además de una venganza; no obstante, sentenció que no va a permitir que se le amedrente.
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“Este es un show mediático más que tiene, qué nos van a asustar (a los opositores), creen que nos van a amedrentar. A nosotros no nos asusta, no nos amedrentan, al contrario, vamos de frente, la razón nos asiste”, explicó.
Segundo cateo
Más de un año después del primer cateo, se dio a conocer que las propiedades de Alito Moreno en la colonia Lomas del Castillo, al sur de la capital del estado, nuevamente fueron cateadas por elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche.
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Fue el fiscal Sales Heredia el que confirmó que se trataba de un cumplimiento de unas medidas, luego de un denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito, en las cuales se contempla la revisión de, al menos, 29 propiedades, de las cuales 22 estarían ligadas a un caso de presuntos prestanombres.
Minutos más tarde, el priista utilizó sus redes sociales para asegurar que los inmuebles no son de su propiedad, por lo que calificó el operativo como una farsa y una simulación. Aunado a lo anterior, acusó que la FGEC presuntamente se habría convertido en un instrumento “de presión y persecución” del gobierno de Layda Sansores.
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“El momento en el que ocurren estos ataques no es obra de la casualidad. Estos ataques llegan en una época en la que están ocurriendo definiciones importantes para el futuro de la nación y son una muestra claro y contundente de la cobardía y la desesperación que impera en la Presidencia de la República”, se pudo leer en el comunicado.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, la mandataria local no se ha pronunciado al respecto, como sí sucedió en el primer cateo cuando rápidamente dio a conocer que se había tratado del cumplimiento de una orden judicial.
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