
Entre flores y playeras rosas, diversas organizaciones presentaron 360 mil firmas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de solicitar que se invalide de manera definitiva el paquete de reformas en materia electoral mejor conocido como “Plan B”.
Fue durante la mañana de este 19 de junio que el grupo, representado por al menos 20 personas, se reunió frente a las instalaciones del Máximo Tribunal en donde entregaron un amicus curiae: recurso legal presentado a la Corte por un tercero —en este caso las organizaciones— y que tiene la intención de respaldar los argumentos que pueden servir como elementos en un juicio.
“Presentamos el amicus curiae ciudadano, que demuestra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inconformidad absoluta de las mexicanas y mexicanos en la aprobación de este “Plan B”, por ser inconstitucional y por violar los derechos político- electorales” señala el comunicado.
De acuerdo con lo expresado por una de las organizaciones, en el documento se presenta la opinión ciudadana respecto al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de marzo de 2023, mismo en el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y se contemplan modificaciones a las siguientes leyes:

-Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
-Ley General de Partidos Políticos
-Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Bajo este sentido los grupos aseguraron no querer “una reforma electoral misógina y machista, excluyente y discriminatoria” y aclararon que el amicus curiae fue presentado para dar los argumentos ciudadanos en el estudio de las acciones de inconstitucionalidad con número: 71/2023, 75/2023, 86/2023, 89/2023 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023 y promovidas en la SCJN.
El recurso legal consta de 360 mil firmas, mismas que fueron entregadas en 360 cuadernos (en cada uno se juntaron mil firmas) que posteriormente fueron depositadas en una caja, la cual se entregó a la Corte.

Cabe recordar que a finales de marzo de este año, estas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) —es decir, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México— adelantaron que tomarían medidas para expresarse en favor de declarar inconstitucional el Plan B.
Esto luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán otorgara una suspensión a las modificaciones señaladas en las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidad Administrativas, es decir, contra la primera parte del paquete de reformas electorales.
En aquel entonces el abogado admitió las acciones de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, 30, 31, 37, 38, 43 y 47/2023. Dentro de su proyecto argumentó que existieron violaciones al procedimiento legislativo que dio luz verde a las reformas.
Finalmente el 7 de junio, en medido de reproches y señalamientos emitidos por el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Segunda Sala de la SCJN confirmó que se mantendrá la suspensión de la segunda parte del “Plan B”.
Y es que, durante la sesión de 7 de junio, los ministros desecharon los recursos presentados por la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado de la República en contra del proceso legal que realizó el Máximo Tribunal a solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) .
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