La Corte violó la Constitución, señaló Morena; legislaron sin saber, reviró el PAN

Con motivo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tirara la primera parte de la iniciativa de reforma político-electoral del presidente López Obrador, las facciones antagónicas del Congreso de la Unión desataron una ola de descalificaciones, donde las más llamativas instaron a una reforma al poder judicial.

Durante la sesión de este martes 9 de mayo, las y los legisladores de la Comisión Permanente realizaron acusaciones diversas entre sí por el uso faccioso que tiene la Corte en relación al proyecto de gobierno que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además, los puntos trastocaron diversas disposiciones legales.

Una de las voces mejor articuladas fue la del diputado Hamlet García, quien aseguró que la SCJN violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) al tirar el Plan B por la forma en la que se legisló y no por tratar el tema de fondo.

“La Suprema Corte obvió algo muy básico: lo establecido por el Artículo 17 de nuestra Constitución”, declaró, para después pasar a leer el artículo al que refiere con sus propias acotaciones dado el contexto.

En ese sentido, recordó que la SCJN tiene jurisprudencia sobre el principio de mejor derecho, de tal modo que los tribunales tiene por práctica ir al fondo de las controversias; sin embargo, en este caso la SCJN no lo hizo, ya que se limitó a la forma y no al fondo.

Fue en este contexto en el que instó a promover una reforma constitucional que modifique los tiempos y los métodos de selección de las y los magistrados de la SCJN, una reforma que aluda a la de la Constitución de 1857, donde el Artículo 92 señalaba que el periodo de los magistrados es de seis años —y no 15 como en la actualidad— y el 93 que la ciudadanía debe de participar en la selección de los mismos —y no el Senado—.

Por su cuenta, y expresando su respaldo total a la SCJN, estuvo Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y aspirante del PAN a la presidencia de México en 2024, quien cuestionó, al igual que la Corte, el método legislativo.

En este sentido, explicó que el proceso deliberativo es un proceso insustituible y fundamental para la democracia mexicana. Por ello aseguró que no se puede deliberar democráticamente de lo que no se conoce lo que se legisla, por eso celebró la resolución de la Corte, porque, además de tirar el Plan B, se mete en el desempeño de las y los legisladores que aprobaron la iniciativa sin leerla.

Además de proceder con una reforma al poder judicial, cabe destacar los postulados de Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, y Ricardo Monreal, senador por Morena, quienes señalaron que se puede ir tras los fideicomisos del Poder Judicial y por la vía del juicio político.

Por ejemplo, Fernández Noroña advirtió que habrá acciones una vez que inicie el próximo periodo de sesiones en el poder legislativo, pues irán por un fideicomiso en el poder judicial: “...y tienen un fideicomiso, vamos a ir por el fideicomiso, van a ver. Ya llegaron a su límite. Vamos a hacer una serie de reformas al poder judicial, les vamos a quitar sus privilegios”.

Además, Ricardo Monreal recordó que “el poder legislativo tiene facultades de control sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no los hemos ejercido”. Bajo esa lógica, resaltó que el Senado es quien nombra a los ministros y, al mismo tiempo, tiene la facultad de citarlos a comparecer y a proceder con un juicio político en su contra, aunque reconoció que se trata de “un tema delicado”, pero válido.