El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que a través del puerto de Lázaro Cárdenas entra fentanilo de manera legal. Sin embargo, no descartó que también haya un tráficilo ilícito debido al alto consumo que existe en Estados Unidos, donde se ha convertido en un problema de salud pública por las miles de muertes a causa de sobredosis.
Así lo dio a conocer el mandatario morenista durante su rueda de prensa semanal, en la que aseguró que las autoridades estatales han trabajado para combatir el consumo y trasiego de drogas. En ese sentido, anunció la inauguración de un centro de prevención de adicciones en Zamora y otro en Huetamo.
Respecto al fentanilo, Bedolla indicó que su importación se hace de manera legal, toda vez que es empleado para la elaboración de medicamentos. Pese a ello, no desestimó la posibilidad de que también entre a la entidad ilegalmente, debido a la presencia de grupos criminales que se dedican al tráfico y distribución de sustancias ilícitas.

Ante los cuestionamientos de los medios locales, Ramírez Bedolla indicó que aunque el fentanilo se importa legalmente a Michoacán, hay probabilidades de que también circule de manera ilegal, “sobre todo por la demanda que tiene esta sustancia en los Estados Unidos donde sí tienen una crisis de salud”, agregó. Bajo ese tenor, el gobernador mencionó que es más difícil combatir el tráfico ilícito de dicha sustancia.
Aunque el fentanilo puede ser usado para tratar el dolor en pacientes con cáncer -debido a que pertenece a una clase de medicamentos llamados “analgésicos narcóticos” u “opiáceos”-, también puede ser altamente adictivo cuando se fabrica de manera ilegal y se mezcla con otro tipo de sustancias.
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ha responsabilizado a las organizaciones criminales de México por la elaboración de este opioide sintético en laboratorios clandestinos. Entre estos grupos destaca el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales envían las pastillas al país vecino donde son distribuidas.
Es por ello que la agencia estadounidense busca desmantelar las redes de operación de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes bajo la facción de ‘Los Chapitos’ han traficado fentanilo durante los últimos 10 años. Incluso, mantienen contactos con empresarios de China para importar a México los precursores químicos que se utilizan para su elaboración.

En total son 25 personas que están bajo la mira de la DEA debido a que han sido identificadas como socios cercanos de ‘Los Chapitos’. Entre ellas se encuentran cuatro ciudadanos chinos y una empresaria guatemalteca. Por cada uno de ellos se ofrece una recompensa a cambio de información que lleve a su captura. Por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo -líderes de esta facción criminal- la suma es de USD 10 millones.
Es así que miembros del partido Republicano -como Dan Crenshaw- buscan catalogar a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, con la finalidad de combatir el tráfico de drogas sintéticas que ha provocado una crisis de salud.
Pese a estos señalamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha reiterado en sus conferencias matutinas que en México no se ha detectado la producción de fentanilo, aunque sí ha reconocido que en el norte del país se “troquelan” las pastillas que son enviadas a Estados Unidos, donde en 2021 se reportó la muerte de más de 100 mil personas a causa de sobredosis, según cifras del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
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