
Desde el 1 de abril, el Pleno del Inai no puede sesionar, esto porque, tras la salida de Francisco Javier Acuña Llamas como comisionado de Transparencia, este organismo quedó con cuatro miembros de los siete que deberían de ser. En consecuencia, la oposición señaló que existe una crisis en la rendición de cuentas en México; sin embargo, esta agenda sigue avanzando en el Senado.
Por un lado, el Senado de la República es el responsable de tener a tiempo los nombramientos de comisionados para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); sin embargo, como esto no ha ocurrido, la militancia del PAN, PRI, PRD y MC condenaron el entorpecimiento del instituto descentralizado.
Por el otro lado, en una sesión extraordinaria, el Senado aprobó con 65 votos —todos de la 4T— diversas reformas a la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) en materia de precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas, ello para evitar grandes pérdidas en la venta de inmuebles propiedad del Estado mexicano.

De acuerdo con la narrativa del poder legislativo, esta reforma busca asegurar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas que se celebran para la venta de inmuebles propiedad de la nación.
Se prevé que, con esta iniciativa, cuando un bien federal no sea enajenado en una segunda licitación, el valor base se mantenga en el 95%, con esto la pérdida sólo sería de un cinco por ciento y no de un 20%, como establece actualmente el marco normativo.
Asimismo, plantea cambios para armonizar la legislación respecto de referencias hechas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), conforme a la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en materia de control interno de 2016 en la que se otorgó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la conducción de la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, la administración de inmuebles no asignados a alguna dependencia o entidad; el Registro Público de la Propiedad Federal, y el inventario general.
Es decir, se transfiere de la SHCP a la SFP la política de contrataciones públicas. Con esta modificación, además, Función Pública concentrará la coordinación y conducción de las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) y rediseñar el funcionamiento de los Órganos Internos de Control (OIC). Al respecto, se destacó que, gracias a estas modificaciones, las dependencias y las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal contarán con una Unidad de Administración y Finanzas o su equivalente.
Estos organismos serán los responsables de ejecutar, en los términos de las disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos, y los demás que sean necesarios, en los términos que establezca el poder ejecutivo federal.
Dicha modificación aplicará en los mandos civiles; sin embargo, en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), estos servicios se llevarán a cabo por sus respectivas oficialías mayores.
El presidente de la república establecerá, a través de la SFP, el modelo organizacional y de operación de las Unidades de Administración y Finanzas de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, el cual deberá ser observado por las dependencias y entidades paraestatales, al momento de emitir o modificar las disposiciones que regulen la organización y operación de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes.
Sin embargo, en vista de que no se realizó ningún nombramiento del Inai, la oposición decidió tomar la tribuna del Senado y hacer otro tipo de manifestaciones en favor de este instituto autónomo, donde expusieron su versión de por qué es importante tener el Pleno de Transparencia completo; no obstante, existieron algunas declaraciones poco claras como la de Margarita Zavala.
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