
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) presentaron un amicus curiae ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ofrecer argumentos en favor de la suspensión de la primera parte del paquete de reformas del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, asunto que se discutirá la siguiente semana.
A finales de febrero, el ministro Alberto Pérez Dayán otorgó la suspensión de las modificaciones señaladas en las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, las cuales forman parte del primer paquete de reformas, aprobado en diciembre de 2022.
Pérez Dayán determinó dejar sin efecto, de manera provisional, su aplicación en los procesos electorales en Coahuila y el Estado de México debido a que estos iniciaron antes de promulgarse las nuevas normativas.

En ese sentido, la Organizaciones Civiles señalaron el viernes 24 de marzo que dicha suspensión es indispensable para la “salvaguarda del principio de certeza electoral y democrática”.
Ese mismo día, el ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el INE contra el segundo paquete de reformas del Plan B, decisión que también fue aplaudida por las organizaciones civiles.
Sobre la segunda suspensión, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Laynez Potisek y lo acusó de defender a la oligarquía.
“Ya pues ahora tenemos en los hechos, o quieren que prevalezca que impere en México una especie de supremo poder conservador. Y ya este ministro Laynez ya es como su alteza serenísima”, ironizó el mandatario federal.

En cuanto al amicus curie, aportaciones de un tercero a la Corte, los argumentos tienen la intención de ”respaldar los argumentos que justifican la suspensión de la primera parte del Plan B otorgada por el Ministro Alberto Pérez Dayán, porque consideramos que es un tema de relevancia nacional con efectos graves y duraderos para nuestra democracia”.
Para las distintas ONG, el daño irreparable que supone la aplicación de la reforma electoral aprobada por Morena consiste en que se descontextualiza el concepto de propaganda gubernamental al permitir que los servidores, o instituciones públicas, promocionen su trabajo con fines políticos o partidistas, sin las limitaciones señaladas por la Constitución.
Además, con la reforma se rompe el periodo de veda, pues se permitirá la propaganda de cualquier gobernante en los tres días comprendidos entre el fin de las campañas y el día de la votación.
El argumento ofrecido a la Corte señala que la aplicación del Plan B generaría un desequilibrio en la balanza democrática, debido a que supone una ventaja permanente para los partidos políticos y candidatos en el poder.
Consideraron que la primera suspensión es acorde con los criterios emitidos por la propia Corte en relación con la suspensión concedida para el segundo paquete de reformas, la cual fue solicitada por el INE en la controversia constitucional.
De este modo, agrupaciones civiles como Laboratorio para la Democracia; Instituto de Estudios para la Transición de la Democracia; Causa en Común; Nosotrxs; Borde; Acción Ciudadana Frente a la Pobreza; Movimiento CUS; Red Global de Acción Juvenil GYAN México; así como Diálogo, Innovación y Cambio, mostraron su respaldo al ministro Javier Laynez para otorgar dicha suspensión.
Luego que el propio senador de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que la Corte podría fallar de forma definitiva en contra del Plan B porque sí viola algunos preceptos constitucionales, por lo que el Ejecutivo federal adelantó que no desistirá en su intento de reformar el sistema democrático.
“Si cancelan en definitiva este llamado plan B, que es una reforma electoral acotada completamente, no la reforma constitucional que hace falta, si cancelan esta reforma electoral que se conoce como plan B, pues ya di a conocer ayer que vamos con el plan C, ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación”, aseguró López Obrador este 28 de marzo.
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