Registro de deudores alimentarios será público y no podrán salir del país

El Senado de la República aprobó por unanimidad —con 84 votos a favor — la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, el cual será de carácter público y comprenderá diversas limitantes para las personas registradas.

El proyecto, derivado de una serie de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizará que personas deudoras de manutención cumplan con sus obligaciones y menores de edad puedan gozar de la pensión alimenticia.

La minuta fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado desde 2019; sin embargo, quedó congelada por cuatro años hasta que la senadora Olga Sánchez Cordero —presidenta de la Comisión de Justicia— la rescató.

Fue aprobada por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera el pasado 22 de febrero y pasada al Pleno este miércoles 22 de marzo, donde fue aprobada. Será remitida al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con dichos cambios a la ley, ahora cada persona deberá presentar el certificado de no inscripción al Registro Nacional de Deudores Alimentarios para la realización de ciertos trámites, tales como: solicitud de permisos y licencias para conducir; trámite de pasaporte o documento de identidad de viaje, así como trámites ante notario, referentes a la compra-venta de inmuebles y cesión de derechos.

Asimismo, el certificado deberá presentarse para solicitudes de matrimonio, donde —en caso de sí estar dentro del padrón— el Registro Civil informará a los solicitantes sobre las deudas alimentarias del registrado.

Además, en caso de ser deudor alimentario moroso, no se podrá participar como candidato a cargos de elección popular o cargos concejiles, ni se podrá ser parte de procesos para la designación de personas juzgadoras (magistrados o ministros).

La medida también implica restricciones migratorias en caso de que la justicia determine que dicha salida del país es un medio de evasión de las responsabilidades alimentarias de las personas deudoras.

“La pensión alimentaria debe ser un tema que tenga por objeto fortalecer su ejecución y garantizar su oportuno cumplimiento de manera homologada en todo el país”, señaló en tribuna la ex secretaria de Gobernación (Segob), Sánchez Cordero. “Si bien, es cierto, en la actualidad existen diversas normas que buscan alcanzar dichos objetivos, en la realidad no se ha logrado de manera integral”, aseveró la morenista.

Por su parte, la senadora Mayuli Martínez —por Acción Nacional (PAN)— secundó la minuta y destacó que de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la pensión por manutención, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Es un problema que aqueja a millones de familias en México y la pensión alimentaria es un derecho que otorga la ley, porque —en dado caso de separación o divorcio— esto permite que la persona que no encuentra al cuidado de los hijos contribuya con las necesidades elementales”, apuntó.

En tanto, la senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo (PT), celebró la creación del registro. “Si no existiera ese nivel de irresponsabilidad en algunos hombres en nuestro país, no todos, no tendríamos necesidad de estar legislando al respecto; no tendrían necesidad los gobiernos federales, estatales y municipales de crear programas de madres solteras”, señaló.

“En el caso de niñas, niños y adolescentes, el derecho a los alimentos también incluye otorgar lo necesario para que estos continúen sus estudios y sano esparcimiento para su desarrollo” apuntó, al tiempo que destacó que, de acuerdo con la Suprema Corte, el alimento implica todo aquello para sobrevivir y desarrollarse con calidad de vida.