El Congreso del estado de Nuevo León entró en paro de labores de manera indefinida la tarde de este miércoles luego de que un juez federal otorgó un amparo al gobernador Samuel García Sepúlveda para frenar reformas que le restan facultades como jefe del Ejecutivo estatal.

De acuerdo con las y los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), la suspensión otorgada por el juez Faustino Gutiérrez Pérez, perteneciente al Octavo Juzgado de Distrito en el estado de Tamaulipas, provoca que ninguna reforma aprobada en el Congreso tenga validez, lo que vulnera la facultad primordial de legislar.

Fue aproximadamente a las 15:00 horas que la diputada priista Alhinna Vargas, presidenta de la Mesa Directiva, dio a conocer el acuerdo.

Por ello, exhortaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a investigar los hechos irregulares derivados de la actuación del juez federal.

También indicaron que se presentarán las denuncias penales correspondientes por los hechos.

Al respecto, el senador Luis David Ortiz, de Movimiento Ciudadano (MC), partido del que es emanado García Sepulveda, pidió a sus compañeros del PRI y del PAN en la Cámara alta que intervengan para que los diputados locales regresen a sus labores.

En ese sentido, calificó de ‘capricho’ el actuar de sus compañeros en el Congreso de Nuevo León.

“Aquí, en este Senado, eso lo comenta el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, se lo dicen al presidente de la República, pero allá en Nuevo León sus diputados están haciendo este capricho”, expresó en tribuna.

En qué se amparo Samuel García

El juez Gutiérrez Pérez detuvo el Decreto 340, que pretende reformar 27 artículos constitucionales del estado para quitarle la facultad al Gobernador el proceso de elección del Fiscal General, la intervención del Congreso para la designación de funcionarios de segundo nivel en la Tesorería estatal; así como la facultad de que Diputadas y Diputados ordenen publicaciones en el Periódico Oficial.

Asimismo, se contempla que sea el Congreso local quien elabore el presupuesto estatal sin intervención del Poder Ejecutivo.

“Se advierte que el cambio de reglas contenidas en el Decreto 340 es probablemente contrario al Artículo 14 Constitucional, en cuanto a la prohibición de la retroactividad de la Ley en perjuicio de persona alguna. La aplicación del acto reclamado tendría efectos retroactivos en perjuicio del quejoso, quien como Gobernador asumió el cargo bajo una normatividad pre existente conforme a la cual puede integrar su Gabinete”, señaló el Juez Gutiérrez Pérez en su resolución.

El propio Samuel García catalogó como inconstitucionales las reformas planteadas por los diputados, ante esto les dijo:

“Están jugando con fuego, lo que están haciendo es ilegal, es inconstitucional, y no tardan en ser sancionados”, advirtió.