Por qué están disminuyendo las extradiciones a EEUU y por qué a México le conviene quedarse con Ovidio Guzmán

En 2022 fueron extraditadas 54 personas desde México a Estados Unidos, lo que representa una disminución del 53 por ciento respecto al pico alcanzado en 2012.

Sin embargo, dicha tendencia probablemente se agudice aún más tras el juicio al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de acuerdo con el analista de seguridad Alejandro Hope.

“Considerando que podría volverse testigo colaborador en algún juicio futuro en contra de funcionarios actuales, nadie del gobierno en turno le va poner mucho empeño para extraditar a Ovidio Guzmán, por ejemplo. Como mínimo, van hacer todo lo posible para retrasar el proceso”, refirió Hope.

En ese sentido, el juicio al ex funcionario y mano derecha de Felipe Calderón sentó un nuevo precedente: los funcionaros actuales que pudieran ser blanco en el futuro de investigaciones difícilmente cometerán el mismo error de irse a vivir a Estados Unidos luego de dejar el cargo.

Probablemente ni siquiera se permitirán vacacionar en EEUU como los casos recientes del general Salvador Cienfuegos o el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, ambos investigados al otro lado de la frontera. “Con toda probabilidad, van a poner la mayor distancia posible de territorio estadounidense, y en algunos casos, podrían buscar refugio en países donde sea difícil o imposible la extradición a Estados Unidos”, señaló el analista.

Lo mismo podría ocurrir con los activos de esos funcionarios, explicó el columnista. “Ante la posibilidad de ver su patrimonio congelado y sujeto a posible incautación, muy probablemente lo mantendrán muy lejos de la jurisdicción estadounidense. No van a cometer el error de García Luna de acumular bienes raíces en Florida”.

Asimismo, indicó Hope, este tipo de casos por lo general requieren contactos y confianza entre integrantes del aparato de seguridad de México para complementar las investigaciones o confirmar algunas hipótesis.

“Los contactos seguramente siguen allí, pero la confianza muy probablemente se ha degradado luego del fiasco de Cienfuegos y el juicio de García Luna. Es difícil saber cuánto, pero es difícil suponer que no haya cierto resquemor dentro del aparato de seguridad luego de estos casos”, escribió el analista en su última columna para el periódico El Universal.

El general Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto (EPN), de 2012 a 2018. Durante ese periodo, seguía vigente el despliegue del Ejército en territorio nacional para realizar funciones policiales, a pesar de los conocidos riesgos de esta estrategia, la cual ha sido criticada por desincentivar los procesos de fortalecimiento y reforma policiales, así como por colocar elementos castrenses en un papel que ni es propio de fuerzas militares, ni incluye mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas.

El mandato de Cienfuegos estuvo marcado por recurrentes violaciones graves de derechos humanos por el Ejército. Cienfuegos era conocido por defender la actuación de los elementos militares ante denuncias de abusos graves, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de las personas que fueron ejecutadas de manera extrajudicial en Tlatlaya. También impidió que integrantes del GIEI entrevistaran a soldados en el caso Ayotzinapa.

Fue el 15 de octubre de 2020 cuando autoridades estadounidenses detuvieron al general Cienfuegos, acusándolo de haber cometido diversos delitos en colusión con un grupo de la delincuencia organizada, basados en una investigación de la DEA (agencia antidrogas de EEUU).

Sin embargo, el presidente López Obrador, en un presunto contexto de presiones por parte del Ejército mexicano, trabajó arduamente para que Cienfuegos no fuera enjuiciado en EEUU. México buscó, en un proceso sin precedentes, el regreso de Cienfuegos al país, amenazando al país vecino del norte con expulsar a los agentes de la DEA si el gobierno norteamericano no accedía a la petición.

Para el 14 de enero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, anunció el no ejercicio de la acción penal en favor de Cienfuegos.