Un año del juicio Cuadernos: las acusaciones, las desmentidas, el testigo equivocado y los episodios que marcaron el debate

A días de cumplirse el primer año del juicio por los “cuadernos de las coimas”, que comenzó el 6 de noviembre de 2025, el debate acumuló acusaciones cruzadas, arrepentidos que por ahora callan, empresarios que ratificaron o desmintieron pagos ilegales y la exhibición pública por primera vez de videos de los allanamientos a propiedades de la principal acusada, la expresidenta Cristina Kirchner.

En el medio pasó un Mundial de fútbol y pocas semanas atrás CFK comenzó a ser juzgada en otro juicio por hechos de corrupción, Hotesur-Los Sauces.

Los cuadernos

El juicio sigue todos los martes y jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con testimonios clave pendientes y reclamos por careos aún sin resolver. Ya pasaron por Comodoro Py centenares de testigos, las partes desistieron de otro tanto y todavía resta más de la mitad. Además, hay un listado pendiente cuya convocatoria está sujeta a lo que surja de la primera ronda de testimoniales.

La expresidenta es juzgada junto a otros 85 acusados —exfuncionarios, empresarios, financistas y choferes— por la presunta existencia de una asociación ilícita que, según la acusación, recaudó fondos de firmas de los sectores de la construcción, la energía y el transporte entre 2003 y 2015 a cambio de contrataciones estatales. La fiscalía le atribuye a Fernández de Kirchner el rol de jefa de la organización y hechos de cohecho pasivo, una acusación que ella niega.

El inicio

El 6 de noviembre de 2025, a las 10.21, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y el cuarto juez suplente Néstor Costabel iniciaron el debate. La expresidenta se conectó desde San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años de prisión que recibió en el primer juicio que se le siguió, la causa Vialidad.

La primera fase estuvo dedicada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Fueron 13 audiencias en las que se expusieron las acusaciones del expediente principal y las investigaciones acumuladas: “La Camarita”, sobre una presunta cartelización de la obra vial; “Corredores Viales”, y el tramo vinculado con contratos ferroviarios.

Son juzgados también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex jefe de Gabinete de CFK Juan Manuel Abal Medina; el exsecretario de Obras Públicas José López; los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el exsubsecretario de coordinación de Planificación Federal Roberto Baratta; el financista Ernesto Clarens; el extitular del OCCOVI Claudio Uberti, y el remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen al caso. El listado incluye a todos los empresarios involucrados en los supuestos pagos de sobornos.

Tras la feria judicial de verano 2025-2026 las defensas plantearon nulidades, recusaciones y objeciones sobre la prueba. El tribunal rechazó los planteos y el debate siguió su curso.

“Un gran disparate”: la indagatoria de CFK

“Quiero decir señores jueces y a todos los que están escuchando que me parece sinceramente un gran disparate esta causa”, dijo el 17 de marzo CFK. Ese día el juicio pasó a un régimen semipresencial. La primera indagatoria fue la de la expresidenta, quien se trasladó desde San José 1111 hasta la sala Auditorium de los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.

Expuso durante más de una hora, sin aceptar preguntas de los jueces, de la fiscalía ni de las defensas. Rechazó las acusaciones y dirigió críticas al fiscal Carlos Stornelli, al fallecido juez Claudio Bonadio y al sistema de imputados colaboradores.

“Con este Poder Judicial me puedo morir presa”, afirmó. Antes de retirarse de la audiencia, anticipó que respondería preguntas cuando se juzgara a quienes, según su postura, deben rendir cuentas por delitos dentro de la Justicia.

Los arrepentidos que guardan silencio

Una de las principales discusiones del debate gira alrededor de las declaraciones que acusados prestaron como imputados colaboradores durante la investigación y que, hasta ahora, no ratificaron ante el tribunal.

Centeno, Clarens, los empresarios Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio, entre otros, eligieron no responder preguntas durante las indagatorias. Las defensas de otros acusados -entre ellos la de Cristina Kirchner- sostienen que esa decisión les impide confrontar los dichos que perjudicaron a sus clientes en la etapa de instrucción. El 26 de marzo, el tribunal rechazó nuevos pedidos de nulidad contra la incorporación por lectura -como prueba- de las declaraciones donde esos arrepentidos hablaron de pago de sobornos durante el kirchnerismo.

Uno de los imputados colaboradores que aún calla en el debate es el exfuncionario Claudio Uberti: quedó preso en otra causa penal, la valija de Antonini Wilson. El tribunal que lo juzgó lo mandó a cárcel común y reclamó la prisión domiciliaria porque dijo estar en peligro por su condición de arrepentido en Cuadernos. Insinuó que su declaración en el juicio estaba condicionada a que se resolviera esa situación. Casación le otorgó el beneficio, está en su casa con tobillera electrónica, pero todavía no habló ante el Tribunal.

Acusaciones y desmentidas

Otros acusados sí hablaron en su indagatoria. Un día bisagra fue por ejemplo el de la declaración de Daniel Pitón, empresario de la construcción. El 16 de abril dijo que mintió ante Bonadio para evitar quedar detenido. “Lo que no queríamos era quedar presos”, explicó. Se desdijo y afirmó en el juicio que nunca entregó dinero al financista Clarens ni a otra persona vinculada con la causa.

El ex representante de la española Isolux, Juan Carlos De Goycoechea, reconoció que realizó entregas de dinero a Baratta, pero las vinculó con aportes de campaña y con el temor de que la empresa sufriera represalias en la ejecución de obras.

El exdirector ejecutivo de Yacyretá Oscar Thomas negó haber formado parte de una asociación ilícita. Aseguró que no manejaba fondos ni emitía cheques y rechazó las 17 menciones que lo vinculan con anotaciones de los cuadernos de Centeno.

Walter Fagías, expresidente de ENARSA y exdirector suplente de CAMMESA, también negó haber recaudado coimas. Mostró ante los jueces un portatraje y sostuvo que ese objeto era el que Baratta le pedía prestado cuando viajaban. “Para Centeno era un bolso con dinero, pero era un portatraje”, afirmó.

Hernán Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación, declaró que estuvo detenido durante cinco meses y denunció presiones para que se arrepintiera. Rechazó haber tenido trato con empresarios y sostuvo que las únicas pruebas en su contra eran “fotocopias de un cuaderno”.

Los originales de los cuadernos se mostraron en ocasión de la declaración de los periodistas del diario La Nación que los tuvieron antes de su llegada a la Justicia y permanecen guardados en una caja fuerte del Tribunal, que acaba de mudar su sede desde el Palacio de Justicia en Talcahuano 550 a despachos que les acondicionaron en la planta baja de Comodoro Py 2002.

Uno de los últimos indagados fue el acusado arrepentido José López, ya condenado por Vialidad y por los bolsos que intentó esconder en un convento en 2016. En su caso sí habló pero no de manera puntual sobre lo que dijo como imputado colaborador: allí se refirió a porcentajes concretos de pago de sobornos.

En el juicio, el arrepentido ex secretario de Obras Públicas de los tres gobiernos kirchneristas salió en defensa de la ex presidenta, dijo que “nunca” la vio como “organizadora o jefa de una asociación ilícita” y que declaró como imputado colaborador en 2018 por su situación personal, porque estaba “vulnerable” y porque sintió la “obligación” de hacerlo. Sin embargo, no se desdijo de manera puntual.

Los testigos

Con el inicio de la etapa testimonial, el 26 de mayo declaró Hilda Horovitz, expareja de Centeno. Dijo que fue “testaferro” del remisero y que él la utilizaba como “pantalla” para comprar autos o firmar documentación. También afirmó que había visto los cuadernos en la casa que compartían, aunque aclaró que nunca los leyó. Horovitz relató episodios de violencia en su vínculo con Centeno y explicó que entregó documentos a la exsecretaria presidencial Miriam Quiroga para que llegaran a Baratta.

En junio declaró el financista arrepentido Leonardo Fariña, quien situó la expansión de Austral Construcciones en la relación entre Lázaro Báez y el expresidente Néstor Kirchner. Fariña también comprometió a López al afirmar que Báez negociaba en forma directa con el exsecretario de Obras Públicas los pagos de certificados de obra. “Báez levantaba un teléfono, iba y cobraba”, sostuvo bajo juramento.

Ese mes también se escucharon testimonios de exintegrantes de la Fuerza Aérea que participaron de vuelos presidenciales durante los gobiernos kirchneristas. Un excomandante relató que transportó al fallecido secretario privado Daniel Muñoz, quien viajaba con una valija de 23 kilos que no quiso despachar. El ex piloto presidencial Sergio Velázquez declaró, a su vez, que llevó a Muñoz con valijas cerradas con candado.

La etapa AFIP: extracciones y compras de dólares

Otro tramo del juicio estuvo centrado en los informes elaborados por funcionarios de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy ARCA, durante la investigación. Los testigos expusieron fiscalizaciones sobre empresas involucradas y operaciones de compra de moneda extranjera, facturas apócrifas y extracciones en efectivo que no pudieron ser rastreadas.

Una contadora se refirió a una Unión Transitoria de Empresas que integró IECSA, por entonces vinculada a Angelo Calcaterra, y confirmó compras de dólares por alrededor de USD 3 millones y USD 600.000 en 2008 y 2009. Una de esas operaciones coincidió con el cobro de un anticipo de Vialidad Nacional para la remodelación de la autopista Córdoba-Rosario.

Otros testigos ratificaron informes sobre retiros de efectivo de empresas como Decavial, Grupo Roggio y BTU. La acusación de la fiscal Fabiana León apunta a que parte de esos movimientos coincidió con fechas consignadas por el financista arrepentido Clarens en listados que entregó al juzgado con nombres de empresarios presuntos pagadores de sobornos.

Entre esta tanda de testigos ocurrió el episodio tal vez más insólito del debate: en pleno Mundial de fútbol se presentó al estrado Juan Carlos Santos, un señor que esperó a estar ante los jueces para aclarar que él no era el buscado, que nunca había hecho nada en la causa y que fue a Comodoro Py porque lo citaron por WhatsApp. Semas más tarde declaró el Santos que se quería escuchar, un ex funcionario de AFIP,

Pagos, presiones y careos

El 25 de agosto, Héctor Zabaleta, exgerente administrativo de Techint, confirmó como testigo que entregó USD 1 millón a Baratta. Ante una pregunta de la fiscal León sobre los paquetes que llevaba al exfuncionario, respondió: “Sí, es cierto”. Explicó que las entregas coincidían con fechas anotadas por Centeno y que habían sido ordenadas por Luis Betnaza, exejecutivo de la empresa. Este último confirmó todo.

Fue parte de la tanda de declaraciones que dieron empresarios sobreseídos en la investigación, luego de haber sido investigados. Los exdirectivos de Techint describieron, además, gestiones para proteger a empleados de la compañía tras la nacionalización de SIDOR en Venezuela durante el chavismo.

Baratta es el acusado que más se defiende: amplió su declaración por última vez el 10 de septiembre. Dijo que los testimonios de Betnaza y Zabaleta reproducían “mentiras” de 2018 y negó haber recibido USD 1 millón de Techint. Reiteró que la causa fue una operación de inteligencia, afirmó que Centeno escribió falsedades y pidió que declare el CEO de la compañía, Paolo Rocca, quien presentó un certificado médico para justificar su ausencia. Esta declaración del empresario y la de la exsecretaria presidencial Miriam Quiroga están pendientes de una decisión del Tribunal. Al igual que el careo que pidió la defensa de Baratta con Betnaza y Zabaleta.

En relación a los testigos, hay otro careo pendiente de decisión: lo pidió la fiscal León entre un comisario que allanó el departamento de CFK en Juncal y Uruguay y el encargado del edificio, Julio César Silva, quien en el juicio dijo que escuchó al policía hablar con el juez Bonadio ese día y que le ordenaron seguir allí “hasta encontrar algo”.

El efectivo dijo que nunca habló de manera directa con el magistrado. Silva desmintió además en la audiencia haber visto bolsos y valijas en manos del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, cuando ingresaba para ir al departamento de su jefe en el quinto piso. Casi de inmediato admitió que pudo cometer un delito cuando firmó sin estar de acuerdo una declaración en 2018, donde quedó consignada la afirmación que ahora negó.

Los videos de Juncal, Río Gallegos y El Calafate

En septiembre se exhibieron públicamente, por primera vez, imágenes del allanamiento de agosto de 2018 al departamento de Uruguay y Juncal, donde vivió la expresidenta. El operativo había sido ordenado por Bonadio y quedó registrado en videos que se incorporaron como prueba.

La filmación mostró dormitorios, comedores, obras de arte y el vestidor del dormitorio principal, que tenía una puerta blindada. El comisario que dirigió el procedimiento confirmó esa característica del lugar. Según la acusación, Centeno había señalado ese departamento como uno de los sitios donde se habrían dejado bolsos con dinero.

En octubre se proyectaron también fotos y videos de los allanamientos realizados en casas de Fernández de Kirchner en Río Gallegos y El Calafate. El comisario retirado Adrián Lotocki declaró que, en la vivienda de la localidad turística santacruceña, encontraron un ambiente que parecía una bóveda y que Gendarmería debió colaborar con herramientas especiales para abrirlo.

En las últimas semanas, el listado de testigos se redujo en más de un centenar. Las audiencias continúan dos veces por semana bajo un esquema semipresencial. El Tribunal Oral Federal 7 aún debe resolver los pedidos de careo y definir la situación de testimonios considerados relevantes que no se produjeron. Se descuenta que el juicio se extenderá al menos un año más.