Se destrabó una causa por millonarias facturas falsas y lavado de activos en Córdoba: los acusados irán a juicio

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución que había frenado el avance de un debate oral y público por delitos económicos de gran escala en la provincia de Córdoba. La elevación a juicio de los procesados había sido anulada anteriormente por supuestos “defectos graves” en la acusación.

El caso apunta a una presunta organización delictiva dedicada a la emisión de facturas falsas y al lavado de activos. De acuerdo con las constancias judiciales, la sospecha central gira en torno a la creación de la empresa “Tacuarembó S.R.L.”.

Los fundadores de esta firma habrían cedido el control de su clave fiscal a otros miembros de la estructura con el objetivo de generar facturas electrónicas falsas por una suma que superó los 119 millones de pesos, mediante operaciones destinadas a simular transacciones comerciales inexistentes.

La controversia comenzó en marzo de este año, cuando el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba declaró la nulidad del auto de elevación a juicio que se había dictado en octubre de 2025. Los magistrados cordobeses consideraron que existían tres fallas graves en la instrucción que impedían la realización del debate y ordenaron devolver el expediente al juzgado de origen.

El primer argumento del tribunal de Córdoba apuntó a que la causa se elevó de manera fragmentada. El juez Carlos Ochoa dispuso enviar a juicio la mayor parte de los hechos, pero desglosó el tramo referido al lavado de activos agravado respecto de dos imputados, Matías Gonzalo Lafuente Sivilotti y Sergio Eduardo Scravaglieri —acusados de simular operaciones comerciales y prestaciones de servicios inexistentes—, debido a que la Cámara de Apelaciones había revocado sus procesamientos.

Para los jueces del tribunal oral, juzgar los acontecimientos por separado afectaba el derecho de defensa de los acusados ante la posibilidad de que se produjeran sentencias contradictorias.

La segunda objeción consistió en una omisión formal sobre la situación de Cristian Luis Ríos, una de las personas que constituyó la firma “Tacuarembó S.R.L.”. Aunque en los fundamentos del escrito se detallaron los cargos en su contra por asociación ilícita, alteración dolosa de registros y estafa, el magistrado no incluyó su nombre en la parte dispositiva final del documento.

Por último, el tribunal de Córdoba anuló las actuaciones posteriores a la orden de captura de Pablo Raúl Alloco Delponte. Los jueces señalaron que no correspondía avanzar con el requerimiento de elevación a juicio mientras este imputado permaneciera prófugo de la Justicia.

Tanto la fiscalía como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que interviene como querellante, rechazaron la anulación y presentaron recursos de casación.

Los fiscales argumentaron que la elevación parcial de una causa compleja es una herramienta válida y habitual que no vulnera garantías constitucionales. Respecto de la situación de Ríos, calificaron la omisión de su nombre como un simple error material que podía subsanarse sin necesidad de invalidar todo el proceso. En relación con Alloco Delponte, explicaron que nunca se dictó una declaración formal de rebeldía y que el acusado contó con asistencia técnica activa durante la etapa de investigación.

El fallo de Casación

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, coincidieron de manera unánime con los planteos de las partes acusadoras.

El magistrado Borinsky lideró el acuerdo y explicó que las nulidades procesales deben aplicarse bajo un criterio restrictivo. Afirmó que no existió un perjuicio real y concreto para las defensas que justificara detener el avance del expediente. Sobre la división del caso, remarcó que la elevación por tramos es viable cuando la investigación de ciertos hechos ya se encuentra terminada.

En cuanto a la situación de Cristian Luis Ríos, el tribunal de alzada determinó que el auto de elevación cumplió con todos los requisitos sustanciales de información y que considerar invalidante la falta de su nombre en la resolución de clausura constituyó un excesivo rigorismo formal por parte del TOF cordobés.

Finalmente, sobre la situación de Alloco Delponte, los camaristas advirtieron que el tribunal de Córdoba aplicó una versión desactualizada del artículo 290 del Código Procesal Penal de la Nación. Los jueces omitieron considerar las modificaciones introducidas por la Ley 27.784 de juicio en ausencia, que reformó el régimen aplicable a los casos de incomparecencia de los imputados.

Casación subrayó que el prófugo estuvo representado por un abogado defensor que incluso presentó objeciones al requerimiento fiscal, lo que demostró que no se vulneró su derecho a ser escuchado.

Con esta resolución, el máximo tribunal penal anuló el fallo del tribunal oral de Córdoba y ordenó remitir las actuaciones para que el proceso continúe su marcha hacia la etapa de debate oral.

Los hechos investigados en esta causa penal giran en torno a una presunta organización delictiva dedicada a la emisión de facturación electrónica apócrifa y a maniobras de lavado de activos, estructurada a través de firmas pantalla y diversas transacciones comerciales ficticias.

El núcleo de la maniobra comenzó el 8 de septiembre de 2015, cuando los imputados Cristian Luis Ríos y Nicolás Ezequiel Reyna Ontivero constituyeron la firma comercial “Tacuarembó S.R.L.”. Posteriormente, ambos le habrían otorgado el manejo de la clave fiscal de dicha sociedad a Matías Gonzalo Lafuente Sivilotti y a Ana Paula Ruffa.

Con esta clave, entre febrero de 2016 y abril de 2017, se emitieron facturas electrónicas falsas por un monto total de $119.553.451,58. La finalidad de estos comprobantes habría sido simular operaciones de comercialización de productos o prestaciones de servicios inexistentes.