La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica reeligió este lunes 19 de octubre de 2026 a Carlo Díaz Sánchez como fiscal general de la República por un nuevo período de cuatro años, luego de que los 21 magistrados presentes en la sesión de Corte Plena respaldaran de manera unánime su continuidad al frente del Ministerio Público.
La decisión garantiza que el funcionario, de 53 años, permanezca en el cargo hasta 2030, completando así su segundo y último período permitido por la legislación costarricense.
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La votación se produjo después de una extensa sesión en la que Díaz presentó un informe sobre su gestión y respondió a las consultas de los magistrados, quienes debían determinar si respaldaban su continuidad antes del vencimiento de su nombramiento, previsto para el 31 de octubre de 2026.
El fiscal general necesitaba al menos 12 votos favorables, correspondientes a la mayoría absoluta requerida para su reelección. Sin embargo, consiguió el respaldo de todos los integrantes presentes en la votación, superando ampliamente el mínimo legal.
Un respaldo unánime de los magistrados
La sesión estuvo dirigida por la presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas, quien también votó a favor de mantener a Díaz como jefe del Ministerio Público.
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Entre los magistrados que respaldaron su continuidad figuraron Patricia Solano, Patricia Vargas, Jorge Araya, Fernando Castillo, Paul Rueda, Orlando Aguirre, Rafael Segura, Roxana Chacón, Julia Varela y Gerardo Rubén Alfaro.
También votaron favorablemente Ingrid Hess, Anamari Garro, Luis Fernando Salazar, Jorge Olaso, Luis Porfirio Sánchez, Jorge Leiva, Carlos Guillermo Zamora, Lyndsay Rodríguez, Guillermo Guilá y Aisen Herrera.
Con el voto de Damaris Vargas, se completaron los 21 sufragios a favor, sin ninguna oposición entre quienes participaron.
La reelección confirma la continuidad del funcionario que asumió la Fiscalía General el 31 de octubre de 2022, y que ahora tendrá otros cuatro años para desarrollar su política de persecución penal.
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Una reelección marcada por cuestionamientos legales
El proceso de reelección estuvo acompañado de controversias debido a que la Corte Plena decidió no abrir un concurso público para recibir candidaturas de otras personas interesadas en dirigir el Ministerio Público.
La decisión respondió a una interpretación de las reformas legales de 2023, que establecieron la posibilidad de que la persona titular de la Fiscalía General opte por una única reelección consecutiva.
Bajo ese procedimiento, los magistrados acordaron votar primero sobre la continuidad de Díaz y abrir un concurso únicamente si no obtenía el respaldo necesario.
Sin embargo, esta interpretación fue cuestionada mediante dos recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional.
Uno de ellos solicitó incluso la suspensión inmediata de la votación mientras se resolvía el fondo del reclamo.
Según informó AmeliaRueda.com, ambos recursos permanecían en etapa de admisibilidad al momento de la reelección.
La magistrada Damaris Vargas había reconocido que se trataba de un procedimiento novedoso y explicó que la reforma buscaba impedir que una misma persona permaneciera indefinidamente al frente de la Fiscalía General.
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Tensiones entre la Fiscalía y el Gobierno
La continuidad de Carlo Díaz se confirmó en medio de un escenario de tensiones entre el Poder Judicial y el Gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado.
Desde el Ejecutivo se han formulado cuestionamientos al desempeño de las autoridades judiciales, particularmente por la respuesta institucional frente a la criminalidad, el narcotráfico y la duración de los procesos relacionados con posibles hechos de corrupción.
Por su parte, Díaz ha defendido la importancia de preservar la independencia del Ministerio Público frente a las presiones políticas y los intereses de organizaciones criminales.
El fiscal general también manifestó su oposición a una propuesta legislativa que busca trasladar a la Asamblea Legislativala competencia de elegir al máximo jerarca del Ministerio Público, al considerar que podría incrementar la influencia política sobre la persecución penal.
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La votación de este lunes se desarrolló, además, bajo un importante dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la sede judicial en San José, ante convocatorias ciudadanas tanto a favor como en contra de su continuidad.
Los principales desafíos para los próximos cuatro años
Entre las prioridades expuestas por Carlo Díaz para su nueva gestión se encuentran el fortalecimiento de las investigaciones contra el crimen organizado, narcotráfico, corrupción y estructuras delictivas transnacionales.
El funcionario ha planteado mantener los operativos conjuntos entre el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como ampliar la cooperación internacional con agencias como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
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Otra de sus prioridades será dar continuidad a investigaciones relacionadas con el presunto uso irregular de fondos públicos, independientemente de la posición política de las personas investigadas.
La evaluación de desempeño correspondiente a 2025 le otorgó una calificación de 98,95 %, uno de los elementos disponibles para el análisis de su gestión previo a la votación.
¿Quién es Carlo Díaz Sánchez?
El fiscal general es abogado, con estudios de maestría en Derecho Penal y Criminología, y cuenta con una trayectoria de varios años dentro del sistema judicial costarricense.
Antes de asumir la jefatura del Ministerio Público, ocupó puestos en distintas fiscalías territoriales y unidades especializadas, incluyendo funciones de coordinación y responsabilidades relacionadas con la ejecución de la pena.
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En 2022, fue nombrado fiscal general por la Corte Suprema de Justicia para un período de cuatro años.
Con la decisión adoptada este 19 de octubre, Díaz se convierte en el titular del Ministerio Público para el período que concluirá en 2030, cuando habrá completado el máximo de ocho años consecutivos previsto por la normativa vigente.
Su continuidad supone mantener la actual dirección de la Fiscalía General en un momento en que Costa Rica enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad, criminalidad organizada e independencia judicial.
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