Otra denuncia por supuesto lavado de dinero que involucra al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y a su tesorero Pablo Toviggino se investigará en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. La misma se acumuló a la causa por la compra de la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros de dirigentes del fútbol argentino.
La investigación que ahora el juez Alberto Lugones de la Cámara Federal de San Martín envió a Campana estaba a cargo de la jueza federal porteña María Servini y se inició por una denuncia que en marzo pasado presentó el empresario Guillermo Tofoni. Fue en base a publicaciones periodísticas que dieron cuenta del funcionamiento de un presunto esquema de lavado de dinero con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino, a través de casas de cambio y financieras porteñas.
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Justicia “más expedita”
En su resolución, el juez Lugones del Tribunal de Apelaciones de San Martín concluyó que enviar también esta denuncia a Campana es “la solución que favorece una mejor, más expedita y uniforme administración de justicia”, según la decisión a la que tuvo acceso Infobae.
En el juzgado de Campana se concentran las denuncias por la mansión de Pilar, otra que se originó en Santiago del Estero por supuesto lavado de activos y asociación ilícita en torno a los bienes del tesorero Toviggino, y ahora esta pesquisa relativa a presuntas maniobras financieras a través de financieras y casas de cambio.
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El expediente pasó por el juzgado en lo penal económico a cargo del juez Diego Amarante, quien se declaró incompetente y lo envió a Comodoro Py, por ser el lavado de activos un delito federal. El magistrado concluyó que en este caso particular los delitos podrían haberse cometido en la ciudad de Buenos Aires. Pero la Cámara Federal de San Martín optó ahora por el envío a Campana, al decidir sobre un planteo previo del juez de ese partido bonaerense, que había reclamado la causa. La jueza Servini tenrá que enviar el expediente a González Charvay.
Qué se denunció
La denuncia aludió a un presunto esquema de lavado de activos con desvío de fondos desde el exterior -España y EEUU- a intermediarias de la AFA que luego los enviaban a financieras en el microcentro de CABA. El destino final del efectivo en dólares habría sido la sede central de la AFA de la calle Viamonte.
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Se describió un supuesto “circuito donde los fondos habrían ingresado a través de financieras situadas en el microcentro porteño, habrían sido trasladados a un estudio jurídico, y finalmente habrían tenido como destino la sede central de la AFA en la calle Viamonte o el domicilio particular de uno de sus dirigentes”, recordó el juez Amarante cuando decidió que el eje de lo denunciado estaba en CABA.
En lo relativo a la investigación central que tiene a cargo el juzgado federal de Campana, la mansión de Pilar, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, reclamó que la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto la decisión de devolver la causa a esa jurisdicción. Lo hizo a través de un recurso extraordinario que presentó y que está pendiente de resolución en la Cámara Federal de Casación.
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Esta investigación pasó a Campana a pedido de la defensa de los imputados que figuran como compradores del predio, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, en función de que la propiedad está en Pilar, jurisdicción del juzgado de González Charvay. La fiscalía se opone porque considera que la compra fue una de las consecuencias de presuntos delitos que se ejecutaron antes y que tuvieron como epicentro la ciudad de Buenos Aires.
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