Causa Vialidad: rechazaron nuevos planteos de Máximo y Florencia Kirchner para suspender el decomiso

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 rechazó este lunes nuevos planteos de Máximo y Florencia Kirchner y de las sociedades donde son accionistas, Hotesur y Los Sauces, para intentar suspender el avance del trámite de decomiso sobre sus bienes, como parte de la condena a su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, en la causa Vialidad.

De manera paralela, la Cámara Federal de Casación rechazó una queja de la defensa de CFK, condenada a seis años de prisión, y dejó firmes los embargos preventivos que ordenó el Tribunal en agosto pasado sobre una segunda tanda de bienes que la fiscalía exige decomisar y está pendiende de resolución, entre ellos el departamento de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario.

Las propiedades heredadas

En una resolución firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el Tribunal que juzgó la causa Vialidad rechazó en primer lugar un planteo del apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldín, quien pidió suspender cualquier decisión sobre una eventual ejecución de los bienes de los hijos de CFK hasta que se resuelva una queja que intenta frenar todo. Están en juego 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión.

Se trata de cumplir con el decomiso por $684.990.350.139,86 impuesto como parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta a la ex mandataria, que está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Los jueces remarcaron que la sentencia está firme y que las apelaciones sobre el monto o sobre los bienes alcanzados no suspenden el trámite de ejecución ni impiden adoptar medidas para garantizar su eficacia. El objetivo es “ejecutar una sanción penal, impuesta mediante sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada”, remarcaron en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Goldin pidió además suspender el avance sobre otros bienes y embargos a la espera de la resolución de recursos que presentó para evitarlo. Para ello comparó la situación con lo ocurrido en la Cámara Civil y Comercial Federal, donde se puso en pausa un reclamo multimillonario de honorarios por parte de abogados que defendieron a los condenados en Vialidad en una demanda civil iniciada por el Estado nacional hasta que la Corte Suprema decida si confirma la caducidad de instancia -el cierre del caso por falta de impulso de la parte demandante-, que habilitaría a los letrados a cobrar. El TOF2 remarcó que son temas diferentes.

En la causa penal por delitos con la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se juzgó y condenó a la ex presidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta y se dispuso ya el decomiso de 111 bienes que están siendo tasados.

Ahora se debe decidir sobre una segunda tanda reclamada por los fiscales del caso Diego Luciani y Sergio Mola. Al respecto, los planteos sobre el monto o qué propiedades o dinero pueden afectarse no suspenden el trámite “ni impiden adoptar las medidas precautorias necesarias para preservar su eficacia”, concluyeron los jueces en relación a los embargos.

La defensa de los hijos de la ex presidenta objetó además un pedido de informes que se hizo al Banco Galicia para ratificar si en esa entidad están aún bajo resguardo 5,5 millones de dólares secuestrados a Florencia Kirchner, cuando se la investigaba en la causa Hotesur, donde resultó sobreseída. La entidad confirmó que ese dinero sigue allí, en cajas de seguridad franjadas. Los fiscales consideran que debe afectarse al decomiso.

El Tribunal rechazó también este planteo porque se pidieron los datos con “carácter informativo” y no derivó ni en un desapoderamiento de fondos ni anticipó una decisión sobre su eventual decomiso.

Por su parte, el director titular de las sociedades de los Kirchner, Hotesur SA y Los Sauces SA, Sebastián Sánchez cuestionó que el Tribunal hubiera diferido el tratamiento de su pedido para suspender la ejecución.

El TOF 2 respondió que las sociedades no quedaron privadas de su derecho de defensa. El requerimiento fiscal presentado en febrero para decomisar bienes de esas empresas todavía está en trámite y se les dará intervención cuando llegue el momento. También cuestionaron los embargos pero para los jueces fue una decisión “cautelar” que no cambió la titularidad registral de los bienes, no ordenó su venta y no resolvió aún si serán decomisados.