Acampes, amenazas y un motorhome en la puerta: cómo fue el bloqueo de Camioneros a la Pyme de San Pedro

A las 4 y media de la mañana del 15 de enero de 2021, Ariel Rey vio por las cámaras de seguridad de Distribuidora Rey —la pyme familiar fundada en 1989 en San Pedro, provincia de Buenos Aires— cómo unas 15 personas formaban un cordón humano frente a la única entrada del negocio para impedir la salida de sus servicios. Eran empleados junto a delegados del Sindicato de Camioneros, y su presencia no era una sorpresa: la noche anterior, el representante gremial Fernando Espíndola ya había lanzado la advertencia que mantuvo a la familia sin dormir: “Bueno, si no vas a poner, vamos a ver qué dice Cabaleyro”.

“Cabaleyro” era Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y, según la acusación fiscal que luego se construiría en su contra, el conductor de un esquema de presión que los Rey soportaron durante años. Aunque el bloqueo de esa madrugada duró un solo día, fue apenas el primero de una serie de episodios que paralizaron la distribuidora durante cinco jornadas en total y le provocaron pérdidas que la familia cuantificó en más de $ 370.000.000.

La mecánica de la presión no era nueva para los Rey. Según relató Ariel, desde 2017 la empresa venía pagando una “contribución” mensual al sindicato para operar sin conflictos. “Para trabajar en paz tienen que poner un sueldo por mes”, era la fórmula que repetía Espíndola, identificado por la familia como el “recaudador” del gremio.

El monto fue creciendo con el tiempo: los denunciantes indicaron que en años electorales llegaban llamados para juntar sumas mayores, con la amenaza del bloqueo como telón de fondo permanente. “Tengo que juntar un millón de pesos. Fijate cuánto me vas a dar vos. Si no, la vas a tener complicada”, contaron que les dijo Cabaleyro en una reunión celebrada en la sede del sindicato en 2019, según el relato del empresario.

La situación se complicó aún más cuando, en 2020, la distribuidora debió traspasar a 7 de sus empleados —que hasta entonces pertenecían al gremio de Comercio— al convenio de Camioneros. Junto con ese traspaso llegó la imposición de un delegado, Edgardo Di Mayo, que según Ariel Rey dejó de cumplir sus tareas y pasó a actuar en función de las directivas del sindicato. “Mirá, esto no es nada personal, pero yo tengo que hacer todo lo que me dice el sindicato. El sindicato está para romper las pelotas”, le habría dicho Di Mayo abiertamente, de acuerdo con el testimonio del empresario ante Infobae.

Cuando la empresa sancionó al delegado por sus incumplimientos, llegaron nuevas amenazas de Espíndola. Fue entonces cuando los Rey tomaron la decisión de dejar de pagar la contribución mensual. La respuesta no tardó.

Tras el primer bloqueo y la denuncia penal que la familia presentó ese mismo día, el Sindicato de Camioneros respondió con una batería de denuncias ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que para la empresa tenían el único objetivo de ejercer presión. Esas presentaciones derivaron en el segundo bloqueo, que arrancó el lunes 22 de febrero y se extendió por cuatro días.

Esta vez, fue de otra escala: militantes del gremio acamparon en la vereda con reposeras, y el episodio más resonante fue la instalación de una motorhome de propiedad del sindicato frente a la puerta del negocio, que bloqueaba físicamente el acceso. El 25 de febrero, además, entre 10 y 12 camiones de otras empresas llegaron a rodear toda la manzana para reforzar la intimidación.

En ese contexto, Ariel Rey tuvo que concurrir a una audiencia en el Ministerio de Trabajo mientras la empresa permanecía sitiada. La negociación, según su relato, se desarrolló bajo presión: la empresa cedió $ 50.000 a cada trabajador involucrado, dejó en suspenso la sanción a Di Mayo y transfirió tres empleados más al convenio de Camioneros.

Además, cuando el encuentro llegaba a su fin, el gremio exigió que en el acta quedara asentada la “paz social” con la empresa. Cuando los Rey intentaron que constara que había habido un bloqueo, Cabaleyro amenazó con levantarse y reanudar la medida. “Tuve que aceptar porque tenía mercadería que se vencía, facturas que pagar, asfixia financiera”, explicó el empresario. El bloqueo se levantó al mediodía de ese mismo día.

Pero la historia no terminó ahí. En el mes de abril, el contador de la empresa recibió un llamado del sindicato reclamando el pago de todos los gastos que había generado el conflicto: $ 500.000 en total. La amenaza era que, si bien Cabaleyro tenía una orden perimetral que le impedía acercarse a la distribuidora, la motorhome seguía disponible.

Ante ese ultimátum, los Rey idearon una maniobra para documentar el pago y aportar trazabilidad a la causa penal: colocaron $ 393.000 en efectivo dentro de una caja de la marca Chocolino y sumaron un cheque de $ 103.000. “Queríamos buscar alguna trazabilidad porque ya sabíamos que esa plata era para coima y que íbamos a poder encontrar quién era el que cobraba ese cheque”, explicó Rey. Esa caja, junto con videos, grabaciones y declaraciones de testigos, fue incorporada al expediente judicial como prueba del mecanismo de extorsión.

La causa penal, que avanzó en paralelo a cada negociación laboral forzada, derivó en abril de 2022 en la detención de Cabaleyro y Espíndola por orden de la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui.

Ambos quedaron bajo prisión preventiva efectiva acusados de extorsión, turbación de la posesión y coacción. Ricardo Rey, el fundador de la empresa, murió dos años antes de que el juicio oral llegara a su fin.

Sus hijos lamentan que no haya podido ver el resultado del proceso que él mismo impulsó, aquel del que participó entre lágrimas cuando dijo frente a una cámara, tras una inspección del Ministerio de Trabajo acompañada por delegados gremiales: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más a esa gente acá”.

El juicio oral, que se desarrolló en siete audiencias ante el Tribunal Oral Criminal N° 2 de San Nicolás, concluyó con la absolución de Cabaleyro y otros seis imputados. El juez Alejandro López entendió que el dirigente había impedido el ingreso a la compañía en el marco de un reclamo laboral y no mediante un bloqueo ilegal. La resolución derivó en la liberación inmediata de Cabaleyro, que cumplía prisión domiciliaria. Ariel Rey rechazó el fallo y anticipó que la familia recurrirá en casación.