La inteligencia artificial avanza en la Justicia argentina, pero todavía no existen reglas comunes

La inteligencia artificial ya se utiliza en distintos organismos judiciales del país para buscar jurisprudencia, ordenar documentación, anonimizar sentencias, automatizar tareas administrativas y colaborar en la redacción de piezas. Su incorporación, sin embargo, avanza de manera fragmentada y sin un marco nacional común que establezca límites, responsabilidades y mecanismos de control.

El diagnóstico surge de dos documentos elaborados por Martín Böhmer, Manuel Belisario Guillen y María Eugenia Zamarreño, investigadores de CIPPEC, que analizaron experiencias locales e internacionales y propusieron lineamientos para ordenar la adopción de estas herramientas en el sistema judicial.

Los trabajos, titulados Inteligencia artificial en el sistema judicial argentino: aprendizajes internacionales para una adopción responsable y Gobernar la inteligencia artificial en la Justicia. Lineamientos para una adopción responsable en Argentina, parten de una misma premisa: la discusión ya no gira en torno a si la IA llegará a los tribunales, sino a las condiciones bajo las cuales será diseñada, contratada, implementada, utilizada y supervisada.

A finales de 2024, el Consejo de Europa había identificado 125 sistemas de inteligencia artificial en instituciones judiciales de distintos países, principalmente europeos. Sin embargo, solo nueve contaban con guías específicas para regular su uso. Entre ellos se encuentran Brasil, Canadá, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos.

Ninguno de esos sistemas reemplaza al juez en la decisión final. La mayoría se concentra en funciones auxiliares, como la clasificación de expedientes, la búsqueda de precedentes, la gestión de normativa, la anonimización de documentos y la elaboración de estadísticas.

Según el índice de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, construido a partir de datos de 44 países, el mayor despliegue tecnológico se registra en la gestión de expedientes. El nivel más bajo aparece en las herramientas de apoyo a decisiones, un área en la que los sistemas judiciales avanzan con mayor cautela por su impacto sobre derechos y garantías.

Las experiencias argentinas

El caso local más conocido es Prometea, desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires.

La herramienta fue aplicada en 658 casos vinculados con el derecho a la vivienda, conflictos laborales y derechos de personas con discapacidad. De acuerdo con los datos citados por CIPPEC, alcanzó un 90% de precisión y elevó la cantidad de casos tramitados por mes de 130 a 490.

Desde mayo de 2024, el mismo organismo utiliza ChatGPT para analizar documentación y preparar borradores en expedientes sobre empleo público y reclamos salariales. Según el relevamiento, el tiempo de redacción de una resolución pasó de una hora a diez minutos.

El Poder Judicial de Córdoba implementó en noviembre de 2024 Jurisemia, un sistema de búsqueda de jurisprudencia mediante inteligencia artificial. Por su parte, un piloto de IA generativa impulsado por el Ministerio de Justicia obtuvo una valoración positiva del 81% entre 5.000 integrantes del sistema judicial.

En materia de regulación, las provincias de Santa Fe, San Juan y Río Negro aprobaron protocolos de buenas prácticas. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires adoptó en 2025 una guía de uso responsable, mientras que la Suprema Corte de Justicia bonaerense firmó un acuerdo de cooperación con la UNESCO.

Para los autores, el problema no es la ausencia de experiencias, sino que esas iniciativas funcionan sin un marco común. Entre 2016 y septiembre de 2025 se presentaron 62 iniciativas legislativas sobre inteligencia artificial y Justicia en el Congreso Nacional, pero ninguna se convirtió en ley.

Una brecha institucional

El principal hallazgo de los trabajos elaborados por Martín Böhmer, Manuel Belisario Guillen y María Eugenia Zamarreño es que las diferencias entre los sistemas judiciales no dependen únicamente de la disponibilidad tecnológica.

De acuerdo con el documento de CIPPEC sobre gobernanza de la inteligencia artificial en la Justicia, “la brecha más importante no es tecnológica sino institucional. Contar con herramientas, infraestructura o capacidades técnicas es fundamental, pero no alcanza”.

La evidencia comparada muestra que las implementaciones más sostenibles se apoyan en reglas claras, supervisión humana efectiva, datos confiables, trazabilidad, criterios de responsabilidad y capacidad de corrección.

El análisis internacional incluye experiencias de países como Reino Unido, Brasil, Canadá, Estonia, Finlandia, Francia, Chile y la Unión Europea. Según el relevamiento, Reino Unido estableció lineamientos que exigen supervisión humana sobre las herramientas utilizadas en la Justicia, mientras que Brasil redujo un esquema de más de 50 plataformas sin integración a 14 sistemas articulados a escala nacional y fijó límites para aplicaciones incompatibles con derechos fundamentales.

Los autores ubican la discusión argentina dentro de un sistema que presenta debilidades previas, entre ellas la baja publicidad y trazabilidad de la información judicial, la escasa estandarización de datos, los problemas de interoperabilidad, las capacidades organizacionales desiguales y la baja confianza pública en la Justicia.

En ese contexto, advierten que la inteligencia artificial “no puede pensarse como una solución autónoma a problemas estructurales ni como un atajo de modernización”.

Su incorporación, agregan, requiere condiciones que todavía no se encuentran garantizadas de manera homogénea: información judicial pública y reutilizable, criterios estables de registro y publicación, infraestructura interoperable, capacidades técnicas sostenidas y mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas.

Privacidad, sesgos y trazabilidad

Los trabajos identifican riesgos vinculados con la privacidad, la opacidad, la imparcialidad, la calidad de los datos y la supervisión humana.

Según el análisis de CIPPEC, esos problemas no derivan únicamente de la herramienta o del modelo utilizado. También pueden estar asociados con la ausencia de evaluaciones previas, controles insuficientes sobre la calidad y representatividad de los datos, falta de monitoreo durante el uso y debilidad de los mecanismos de auditoría.

Los autores advierten que una implementación deficiente puede convertir a la IA en un mecanismo de estabilización y opacamiento de desigualdades preexistentes.

También señalan que una base aparentemente anonimizada puede permitir reconstruir la identidad de una persona al cruzarse con otras fuentes, y que estas herramientas pueden generar respuestas falsas con apariencia convincente. En el ámbito judicial, esas advertencias alcanzan a la información personal y sensible contenida en los expedientes.

Frente a ese escenario, los investigadores sostienen que, cuando la adopción tecnológica avanza más rápido que la capacidad institucional para supervisarla, evaluarla y asignar responsabilidades, “la tecnología no resuelve por sí sola los problemas de base: tiende a volverlos más visibles y, en algunos casos, a profundizarlos”.

La hoja de ruta

CIPPEC propuso un marco orientador para ordenar la incorporación de inteligencia artificial en el sistema judicial argentino.

La propuesta no busca ofrecer una regulación exhaustiva ni un manual técnico cerrado, sino aportar criterios comunes para guiar decisiones institucionales, normativas, presupuestarias y tecnológicas vinculadas con el diseño, la contratación, la implementación, el uso, el monitoreo y la revisión de estas herramientas.

El esquema se organiza alrededor de tres condiciones. La primera es “una gobernanza clara, con roles y responsabilidades definidos”. La segunda, “la existencia de información judicial confiable, trazable y suficientemente estructurada”. La tercera, “una supervisión y un control humano efectivos, con capacidad real —técnica y jurídica— para revisar, contextualizar, corregir o dejar sin efecto los resultados producidos por la herramienta”.

A esas condiciones se suman la necesidad de establecer estándares mínimos de datos y metadatos, criterios de anonimización, segmentación de los casos de uso según su nivel de riesgo y pilotos acotados y evaluables, además del fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizacionales.

Así las cosas, la discusión propuesta por CIPPEC no apunta a detener la incorporación de la inteligencia artificial al ámbito judicial, sino a establecer quién responde por sus resultados, qué datos utiliza, cómo puede ser auditada y qué límites debe respetar, sin desplazar la responsabilidad de jueces y funcionarios.