Rechazaron el pedido para salir del país a la ex esposa de Raúl Martins, acusada de lavado de activos y prostitución

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con la intervención de los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano H. Borinsky, resolvió por mayoría rechazar de manera el recurso presentado por la defensa de Estela Noemí Percival para salir del país en el marco de la causa por explotación sexual, que tiene como principal investigado a su ex esposo Raúl Martins, ex espía de la SIDE.

La defensa había solicitado autorización para que la imputada viajara a Cancún, México, por motivos personales y laborales al alegar que la sentencia dictada aún no se encuentra firme y que la imputada ha cumplido con las medidas impuestas para garantizar su comparecencia. Sin embargo, la medida fue rechazada en varias instancias.

De hecho, la solicitud ya había sido denegada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, a cargo del juez Javier Carbajo, en 16 de diciembre de 2025.

Por su parte, la defensa de la mujer alegó que Percival reside en el mismo domicilio desde hace tiempo y que no existen elementos que acrediten un peligro concreto de fuga. La solicitud especificó que el viaje sería con fines turísticos y que la estadía en el extranjero sería de corta duración.

Así, insistió con su pedido, por lo que recibió otra negativa el 20 de enero. Agotadas estas instancias, interpuso un recurso a la Cámara de Casación Penal alegando que la decisión “incidía de manera directa sobre la libertad ambulatoria de la mujer” y que se trataba de una medida “arbitraria que carecía de fundamentación y vulneraba las garantías constitucionales”.

Sin embargo, la Sala IV rechazó nuevamente la solicitud al asegurar que “el requerimiento de elevación a juicio señaló que Percival mantenía con Martins un vínculo de estrecha proximidad y confianza”. Por esto mismo, los magistrados resaltaron que el destino al que quiere viajar Percival coincide con el lugar donde reside Martins, también imputado en la causa y sometido a medidas judiciales mientras se tramita su extradición. Por otro lado, enfatizaron en que no se precisaron los motivos por los cuales requería salir del país.

En su voto, el juez Gustavo Hornos puso el foco en la necesidad de asegurar la sujeción de la imputada al proceso y garantizar la realización del juicio oral. Señaló que la medida que restringe la salida del país resulta razonable, necesaria y proporcional, y constituye una limitación mínima frente a la gravedad del caso. En ese sentido, subrayó que la defensa no logró desvirtuar los riesgos procesales ya valorados y que la naturaleza del delito investigado exige un control estricto por parte de la Justicia.

A su vez, advirtió que no puede soslayarse el peligro concreto de frustración del proceso, especialmente cuando la imputada pretende viajar al mismo destino donde se encuentra un coimputado clave, lo que refuerza objetivamente los riesgos. Por esto mismo, concluyó que la permanencia de Percival en el país resulta indispensable para asegurar el normal desarrollo del juicio oral y la efectiva aplicación de la ley penal.

La mujer se encuentra imputada por intervenir en maniobras de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas vinculadas a una organización criminal comandada por Martins. La acusación sostiene que la banda se dedicaba a la explotación sexual de mujeres y al posterior blanqueo de las ganancias obtenidas. Percival fue señalada por recibir sumas de dinero de dicha procedencia y por su participación en acciones destinadas a disimular y ocultar el origen ilícito de esos fondos.

Los cargos principales incluyen la figura de lavado de activos, conforme al artículo 303 del Código Penal de la Nación. Además, se destacó su rol administrativo en emprendimientos asociados a la estructura investigada, figurando como titular de las marcas “Anchorena SW” y “Anchorena Appart Hotel”.

La relación de confianza y proximidad con Martins fue considerada relevante en la imputación, al entender que le delegó la administración y explotación de dichos negocios. La acusación subraya que Percival habría facilitado la introducción de dinero ilícito en el circuito legal y que mantuvo vínculos con el principal imputado, a quien visitaría en el exterior según la solicitud de viaje rechazada por la justicia.

El expediente sostiene que la organización operó entre los años 2002 y 2009 en la Ciudad de Buenos Aires, capitalizando fondos de origen ilícito y canalizándolos a través de empresas y bienes inmuebles a nombre de personas vinculadas a Martins.

Percival fue identificada como una de las piezas clave en la operatoria, desempeñando funciones administrativas y figurando como responsable de empresas utilizadas para el movimiento y blanqueo de capitales. La causa judicial detalló que, tras la radicación de Martins en México, algunos miembros del grupo continuaron con las actividades ilícitas en Argentina. Pese a que había sido sobreseída, el año pasado la Cámara reactivó la investigación en su contra.