ARA San Juan: el juicio entra en su última semana de prueba con cuatro expertos de la Armada como testigos

Tras una semana de receso, el juicio por el hundimiento del ARA San Juan retomará esta semana su actividad en los tribunales federales de Río Gallegos, en un debate a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, presidido por el juez Gabriel Reynaldi, que ya acumula 24 audiencias y un promedio cercano a los cinco testigos por día. Será además la última ventana de producción de prueba, con la comparecencia de oficiales superiores retirados de la Armada, que ocuparon puestos relevantes dentro de la especialidad submarina o intervinieron posteriormente en análisis técnicos orientados a desentrañar qué ocurrió con la nave y sus 44 tripulantes.

Entre el lunes y el martes pasarán por la sala de audiencias cuatro oficiales superiores retirados. El lunes declararán el capitán de navío (RE) Arturo Marfort y el contralmirante (RE) Gustavo Trama, mientras que el martes lo harán el contralmirante (RE) Alejandro Kenny y el capitán de navío (RE) Jorge Bergallo.

Tres de ellos -Trama, Kenny y Bergallo- integraron la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa creada durante la gestión del entonces ministro Oscar Aguad, cuyo cometido fue examinar la documentación reunida tras la pérdida del submarino y evaluar las distintas hipótesis sobre las causas de la implosión del casco resistente, localizado un año después a unos 907 metros de profundidad. Bergallo posee además un vínculo profundo con la tragedia: el submarinista es padre de Jorge Ignacio Bergallo, quien se desempeñaba como segundo comandante del ARA San Juan y fue ascendido de capitán de corbeta a capitán de fragata post mortem.

En tanto, Marfort actuó como experto técnico en el Consejo General de Guerra desarrollado en el ámbito del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tras la excusación del entonces jefe de la Armada, José Luis Villán. Ese procedimiento disciplinario se sustanció bajo las previsiones del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, incorporado como Anexo IV de la Ley 26.394, promulgada en agosto de 2008, y concluyó en el año 2021 con sanciones contra distintos integrantes de la cadena de mando naval.

Tanto el informe elaborado por el capitán Marfort como el producido por la Comisión Asesora del MINDEF abordaron gran parte de los ejes centrales que hoy se discuten con minuciosidad en el debate oral. Ambos trabajos reconstruyeron la secuencia previa al hundimiento, ponderaron distintos escenarios sobre las causas de la pérdida de la unidad, asignaron probabilidades a cada hipótesis y se pronunciaron sobre el estado de alistamiento del submarino al momento de partir desde la Base Naval Mar del Plata para cumplir su última misión, iniciada el 25 de octubre de 2017.

El miércoles será el turno de la ampliación de indagatoria del contralmirante (RE) Luis López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, en lo que se proyecta como el cierre de la etapa probatoria. López Mazzeo afronta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal.

Por los mismos delitos también son juzgados el ex capitán de navío Claudio Villamide, entonces comandante de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío (RE) Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor de ese comando; y el capitán de fragata (RE) Hugo Correa, ex jefe de Operaciones de la estructura a cargo de Alonso.

Al día siguiente, los familiares de los 44 tripulantes que así lo deseen podrán expresar sus reflexiones, reclamos y planteos sobre el caso ante los jueces del tribunal, integrado por Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini.

Superada esa instancia, el proceso ya ingresará en su tramo final. El 22 de junio está previsto el alegato de la fiscalía, en manos de Gastón Pruzán; el 23 de junio expondrán las dos querellas, representadas por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, y por el abogado Luis Tagliapietra. Dos días más tarde será el turno de la defensa de Villamide, representado por Juan Pablo Vigliero.

Las defensas públicas de Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa alegarán el 6 de julio. Las réplicas y dúplicas quedaron programadas para el día siguiente, mientras que el 8 de julio los cuatro imputados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los magistrados emitan su veredicto.

El Consejo General de Guerra

Tal como se señaló, uno de los testigos convocados para esta semana es el capitán de navío (RE) Arturo Marfort, encargado de confeccionar un informe técnico sobre las posibles causas del hundimiento en el ámbito del Consejo General de Guerra impulsado durante la gestión del entonces ministro de Defensa Agustín Rossi. Ese proceso se desarrolló bajo la órbita del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en virtud de la excusación del entonces jefe de la Marina, José Luis Villán, y se rigió por el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

Los integrantes del Consejo de Guerra decisor fueron el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de división Juan Paleo, del Ejército; el subjefe del organismo, el brigadier mayor Pedro Girardi, de la Fuerza Aérea; y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, quien presidió el tribunal y es primo del entonces ministro de Defensa.

Las actuaciones se desarrollaron bajo estricta confidencialidad en el Edificio Libertador y culminaron con la resolución CGG N° 20/2021, dictada el 22 de marzo de 2021.

El objeto de ese legajo disciplinario consistió en investigar las eventuales responsabilidades de integrantes de la Armada por hechos ocurridos antes, durante y después del naufragio del ARA San Juan, incluyendo posibles “faltas gravísimas” previstas en el articulado del Código de Disciplina.

La sanción más severa de esas actuaciones recayó sobre el capitán de navío Claudio Villamide, entonces titular de la Fuerza de Submarinos, quien fue destituido tras considerarse que actuó con “negligencia” al no ordenar ni recomendar expresamente al comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández -ascendido post mortem a capitán de navío-, permanecer en superficie por un período limitado tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017. La misma estaba vinculada al ingreso de agua de mar en el tanque de baterías N° 3 de proa, que provocó un cortocircuito y un principio de incendio. También se le reprochó no haber convocado de manera urgente a su Estado Mayor y a otros especialistas para analizar la situación y brindar apoyo a la unidad.

El Consejo General de Guerra, además, impuso al entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, Marcelo Eduardo Hipólito Srur, una sanción de 45 días de arresto riguroso, por haber informado de manera “incompleta” al Ministerio de Defensa los acontecimientos iniciales relacionados con el buque, y otros 30 días de arresto riguroso por haber atribuido responsabilidades disciplinarias a personal subalterno sin haber agotado previamente las medidas necesarias para formular esas imputaciones.

A su vez, el contralmirante López Mazzeo recibió una sanción sustitutiva de 60 días de arresto riguroso, además de otros 15 días más por no haber permanecido en la sede de su comando tras conocerse la avería inicial del San Juan y 10 días de arresto riguroso por informar tardíamente esa novedad al entonces jefe de la Armada.

También resultaron sancionados el capitán de navío Alonso, con una sanción sustitutiva de 30 días de arresto riguroso y otros 20 días de arresto por no haberse constituido en la sede del Comando de la Fuerza de Submarinos ni convocado a los integrantes del Estado Mayor; y el capitán de fragata Correa, cuya destitución fue reemplazada por una sanción de 30 días de arresto riguroso.