Ordenaron recalcular el embargo millonario a la empresa de vuelos privados investigada en la causa ANDIS

Un tribunal de apelaciones volvió a intervenir en la causa ANDIS y ahora revocó el embargo preventivo por más de $7.000 millones de pesos que el juez federal Sebastián Casanello había dictado contra la empresa de aviación Baires Fly SA. Lo hizo en el marco de la investigación por presuntos delitos con la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad y ordenó dictar una nueva resolución fundamentada porque el monto fijado lucía “excesivo”.

La Cámara Federal porteña ratificó que debe dictarse un embargo pero “a poco que se examine el actual estado del proceso, la suma a la que se arribó luce excesiva”, sostuvo en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

El Tribunal aceptó así un reclamo de la empresa: durante una audiencia oral el abogado de la firma pidió a los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah que se considere suficiente la puesta como garantía de una aeronave y argumentó que Baires Fly no está imputada en la pesquisa como persona jurídica.

Por qué se investiga a Baires Fly

Casanello procesó esta semana al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. Esa decisión alcanzó a otros 18 acusados y además se ordenaron nuevas declaraciones indagatorias que quedarán a cargo del juez Ariel Lijo, sorteado para asumir por un año la subrogancia del juzgado donde se lleva el caso, el federal 11, vacante desde la muerte de su titular Claudio Bonadio en 2020.

Una de estas nuevas indagatorias es la de Sergio Mastropietro, “de Baires Fly SA”, remarcó Casanello, firma a la que al menos una de las droguerías también convocada a indagatoria como persona jurídica, Profarma, “giraba dinero”.

Mastropietro, “cabe recordar que participó en las reuniones llevadas a cabo también en el domicilio de Spagnuolo” junto a otros acusados en el caso como el también ya procesado lobista Miguel Angel Calvete, agregó esa decisión judicial. “Se sospecha que también intervino en la canalización del dinero ilícito”.

A modo de ejemplo, luego de un intercambio de llamadas y otros mensajes, el 9 de septiembre de 2025 Mastropietro le envió a Calvete una imagen con los datos de la cuenta bancaria registrada a nombre de la empresa Baires Fly SA, y “le indicó que le avisara después de enviar el dinero”, recordó el fallo.

En respuesta, Calvete le contestó: “Serginhio a partir de mañana empiezan a mandar todo, así que tranca”. “Efectivamente, el día siguiente el nombrado le envió cinco archivos con constancias de transferencias efectuadas por una serie de empresas, entre ellas la Droguería Profarma SA (por las sumas de $35.000.000, $33.000.000 y $32.000.000″, remarcó el juez al firmar la primera tanda de procesamientos. En la investigación se sospecha que la droguería giraba dinero “bajo facturación simulada”.

Luego de recibir ese dinero, Mastropietro habría enviado facturas emitidas por Baires Fly por idénticas cantidades y por “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”, según la investigación del fiscal federal Franco Picardi en el marco de un presunto lavado de activos.

Se identificaron ocho facturas emitidas por Baires Fly a “empresas que serían las canalizadoras del dinero que ”se entiende ilícitamente percibido”, entre enero de 2023 y noviembre de 2025.

Con base en esa facturación y bajo impulso de la fiscalía, el juez había fijado un embargo por $7.054.842.518,55, al multiplicar por cinco el monto total considerado bajo sospecha, además de ordenar la inhibición de bienes y tomar como garantía una aeronave para garantizar la medida.

Las críticas del tribunal

La Cámara cuestionó ahora los fundamentos de la medida. Los jueces Irurzun y Boico advirtieron que “la suma a la que se arribó luce excesiva”.

En ese sentido, remarcaron que se procesó ya a un grupo de acusados y se convocó a nuevas indagatorias, pero “no incluyó allí” a Baires Fly “ni a la mayoría de las empresas que figuran en las facturas que la fiscalía introdujo como base de la estimación”.

Para los camaristas, “las circunstancias apuntadas precedentemente demuestran la carencia argumental del decisorio a la hora de definir los alcances de la afectación patrimonial y el vínculo de las sumas incluidas en el cuadro confeccionado con el objeto de este expediente” y por eso ordenaron dictar una nueva resolución. El tercer camarista Eduardo Farah, se pronunció en un voto en minoría por aceptar como garantía del embargo un avión de la compañía.

En otra resolución que podría definir el futuro de la causa, la Cámara Federal también ordenó esta semana revisar el origen y la forma en que fueron incorporados al expediente los audios atribuidos a Spagnuolo, donde hablaría de presuntos pagos de sobornos a funcionarios nacionales.