La disputa judicial por la competencia de la causa que investiga el origen de los fondos utilizados para la compra de la denominada “mansión de Pilar” vinculada a autoridades de la AFA escaló finalmente a su etapa decisiva. Ante la negativa de la Cámara Federal de San Martín de conceder el recurso para elevar el caso, el fiscal general Carlos Cearras no perdió tiempo y presentó un “recurso de queja” directamente ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El expediente ya ingresó al máximo tribunal penal del país y quedó radicado en la Sala I, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Serán estos tres magistrados quienes tendrán la última palabra para definir si la investigación por la propiedad de 17 millones de dólares debe continuar en el Juzgado Federal de Campana o regresar al fuero Penal Económico de la Capital Federal.
El camino a la definición
La intervención de Casación se activa luego de que la Cámara de San Martín resolviera, este jueves, rechazar por “inadmisible” el recurso fiscal que pretendía enviar la causa a los tribunales de Retiro. El fiscal Cearras sostiene que la investigación por presunto lavado de activos y administración fraudulenta debe tramitarse en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, argumentando que allí se encuentra la sede social de la AFA y el centro de la supuesta maniobra defraudatoria.
Sin embargo, la Cámara de San Martín —con la firma del juez Alberto Lugones tras la excusación de su colega Néstor Barral— había confirmado la competencia del juez de Campana, Adrián González Charvay, basándose en que los bienes investigados (la mansión, autos de lujo y caballos) están ubicados en el partido de Pilar.
Ahora, los jueces Barroetaveña, Hornos y Carbajo deberán analizar si aceptan la queja y en ese caso analizar si el rechazo de la Cámara de San Martín fue ajustado a derecho y, en el fondo, resolver qué juez natural corresponde para instruir un expediente que involucra a la cúpula del fútbol argentino.
La excusación de Barral
El fallo previo de la Cámara de San Martín tuvo una particularidad política: la excusación del juez Néstor Barral. El camarista decidió apartarse alegando “cuestiones de decoro” debido a su vínculo reciente con la entidad: hasta hace pocos meses integró el Tribunal de Disciplina de la AFA. Su salida buscó despejar cualquier duda sobre la imparcialidad del tribunal, dado que la causa investiga si autoridades de la asociación utilizaron testaferros para enriquecerse.
En sus fundamentos para rechazar el pase a Casación, el juez Lugones había sostenido que la decisión de competencia “no constituye una sentencia definitiva” ni equiparable a tal, y que los argumentos fiscales solo mostraban una “disconformidad subjetiva”. Cearras, en desacuerdo, recurrió en queja para que el tribunal superior revise esa postura.
Helicópteros, pilotos y “vuelos de entrenamiento”
Mientras la Sala I de Casación recibe el expediente, la Justicia intenta determinar si Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Conte, actuaron como testaferros de altos directivos de la AFA para adquirir la fastuosa propiedad en la localidad de Villa Rosa.
El inventario de los bienes bajo sospecha es extenso: la causa no solo abarca el inmueble principal, sino también una flota de automóviles de colección, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino profesional y un helipuerto privado.
Precisamente, los movimientos aéreos se convirtieron en un eje central de la pesquisa. Antes de que se trabara la competencia, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron procedimientos en el aeropuerto de San Fernando, específicamente en el hangar de la empresa Flyzar, para incautar registros de vuelo.
Lo llamativo surgió de las declaraciones testimoniales: los pilotos que operaban las aeronaves aseguraron bajo juramento no conocer al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Al ser consultados por los frecuentes aterrizajes en la mansión de Pilar, ensayaron una justificación que los investigadores miran con escepticismo: afirmaron que realizaban “vuelos de entrenamiento”. Esta versión genera dudas en los tribunales debido al altísimo costo operativo —en combustible, mantenimiento y horas de vuelo en dólares— que implica mover helicópteros de esa envergadura sin trasladar pasajeros, simplemente para realizar maniobras sobre una casa quinta.
Ahora, la pelota está en el terreno de la Sala I de Casación. Su decisión marcará si el caso se queda en la provincia o si, como pretende la fiscalía, los helicópteros y la mansión pasan a ser investigados desde los tribunales de la Capital Federal.
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