“Cuidate Sebastián”: seis años de prisión por amenazar a jueces, funcionarios y periodistas

Un Tribunal Oral sentenció a seis años de prisión a Facundo Martínez Radaelli, luego de considerar probada una extensa serie de amenazas coactivas, intimidación pública y tentativas de extorsión que tuvo como víctimas a dos jueces federales, Sebastián Ramos y Ariel Lijo, funcionarios, periodistas e influencers, entre muchos otros dentro de un listado de más de 40 hechos cometidos entre 2021 y 2022. También hubo falsas amenazas de bomba a escuelas, trenes y aviones.

El fallo, firmado por el juez del Tribunal Oral Federal 7 de la ciudad de Buenos Aires Fernando Canero, reconstruyó los métodos utilizados para amedrentar a jueces federales, periodistas, funcionarios, directivos escolares y hasta “streamers” de redes sociales, así como para propagar falsas amenazas de bomba que desencadenaron evacuaciones y operativos policiales, con cancelación de servicios públicos y consecuencias de “temor social”.

La pena se pactó en el marco de un juicio abreviado, con acuerdo de la fiscal ante esa instancia Fabiana León y la defensa oficial del detenido, quien prestó su conformidad.

Al momento de la condena se valoró la peligrosidad del accionar, y advirtió que el acusado actuó mediante comunicaciones anónimas y uso reiterado de datos personales obtenidos de manera ilegal con el objetivo de lograr que las víctimas actúen contra su voluntad, ya fuera para frenar investigaciones penales, emitir declaraciones públicas o entregar sumas de dinero.

Amenazas a jueces Según surge de la sentencia, uno de los episodios más graves consistió en una amenaza enviada al juez federal Sebastián Ramos por WhatsApp, con el objetivo de frenar una causa penal vinculada a falsas alarmas de bomba. El mensaje intimidatorio llegó desde una línea contratada a nombre de un tercero y con información personal del magistrado extraída de registros oficiales— rezaba: “CUIDATE SEBASTIáN, te hablamos de parte de La Mafia del Hentai (…) mejor que no se avance con la causa (…) acá en Monte Castro te tenemos fichado y más vale que no bloquees, sabemos que andás ranchando por la Lonja”, según consignó el tribunal en el fallo al que tuvo acceso Infobae.

La amenaza al juez Ramos fue la que inició la investigación y estuvo “dirigida de manera anónima contra una autoridad pública nacional, con la finalidad de que desista de continuar con un proceso penal a su cargo”, advirtió la sentencia.

Entre las víctimas también estuvo el juez federal Ariel Lijo. “Dejá la causa de la Rosada que te vamos a matar”, dijo en este caso el condenado al magistrado que tenía a cargo una de las pesquisas por falsa alarma de bomba.

El objetivo de esas comunicaciones era “compeler a los magistrados a detener investigaciones penales a su cargo”, lo que encuadró la conducta en amenazas coactivas agravadas por dirigirse contra miembros de los poderes públicos, remarcó la sentencia.

También se acusó a Radaelli de “haber amenazado de manera anónima a Diego Giuliano” por entonces ministro de Transporte de la Nación, y a Nelson Cirilo O’Brien, al momento de los hechos director de Supervisión y Control Financiero de Transporte Automotor, mediante mensajes de WhatsApp.

En esa ocasión, se presentó con el nombre “Urabe Mikoto Salazar” y dijo pertenecer “La Mafia del Hentai”, grupo que había efectuado amenazas de bomba en distintos ferrocarriles. “En ambos casos, los mensajes iban dirigidos al entonces ministro, con el objeto de que borre un tweet que habría publicado en función dichas amenazas de bomba”, remarcó la sentencia.

Periodistas e influencers Para cometer estos hechos, el joven estudiante se valió de los medios informáticos instalados en su vivienda” en la localidad de Lavallol, provincia de Buenos Aires. A través de su computadora y empleando servicios de telefonía por internet que contrató a nombre de otras personas, “efectuaba los llamados online y enviaba los mensajes intimidantes y amenazantes, en múltiples casos de manera anónima o mediante la utilización de seudónimos para ocultar su identidad”.

Según consta en la causa, Martínez Radaelli accedía ilegalmente a bases públicas para obtener datos personales de sus víctimas y reforzar el impacto de cada mensaje.

Las amenazas alcanzaron a particulares y figuras públicas. Entre ellos, se encuentra un youtuber y su familia, a quienes exigió mensajes públicos de disculpas a través de comunicaciones como “se le viene la noche a vos y a toda tu familia” y “cuidate, tengo tus datos”, acompañadas por capturas de información extraída del RENAPER.

En otro caso, el periodista Esteban Trebucq recibió durante un programa en vivo mensajes intimidatorios, a la vez que fueron difundidos sus datos personales en redes sociales. El fallo detalla que Trebucq recibió frases como “cuando salgas te vamos a esperar” y “Pela cuídate, se te viene la noche”.

El expediente también detalla el hostigamiento a familiares de streamers. El padre de uno de ellos fue contactado telefónicamente: “te mando a matar hijo de puta”, le dijo. Posteriormente, el contenido fue editado y viralizado en internet en forma de videos que exponían el alcance intimidatorio.

Falsas amenazas de bomba a escuelas En el plano de la extorsión, uno de los hechos atribuidos a Martínez Radaelli fue dirigido al director de una escuela técnica en Lanús. Utilizando un distorsionador de voz y mencionando a un supuesto grupo denominado “La Mafia del Hentai”, exigió el pago de dinero para desistir de realizar nuevas amenazas de bomba, bajo la advertencia de hacer daño a la familia de la víctima si no recibía el pago requerido.

También se comprobó una sucesión de falsas alertas sobre explosivos en establecimientos educativos y medios de transporte, todas realizadas a través del 911. Estas denuncias derivaron en movilización de recursos públicos y alteraciones del normal funcionamiento de los servicios, configurando el delito de intimidación pública y entorpecimiento del transporte.

En la fundamentación de la decisión, el Tribunal subrayó la gravedad de utilizar anonimato, difusión pública de datos personales y reiteración de las amenazas para incrementar el efecto de intimidación. De acuerdo al fallo, Martínez Radaelli actuó como responsable de amenazas coactivas; intimidación pública; tentativa de extorsión; y entorpecimiento del funcionamiento de servicios de transporte.

El joven fue procesado con prisión preventiva y está detenido desde 2023, en la causa que investigó el juez federal Julián Ercolini. Según el cómputo de pena efectuado por el Tribunal Oral, quedará libre el 9 de noviembre de 2029. Por algunos de los hechos resultó absuelto ya que era menor de edad al momento de cometerlos.

Durante la investigación y de acuerdo al dictamen de la fiscal Alejandra Mángano, el condenado desplegó “una organización de múltiples actividades cuyo fin era establecer comunicaciones con sus víctimas a través de distintos medios, con el propósito de acosar, amenazar, intimidar y en ocasiones también extorsionar a particulares”.

La sentencia detalla que “las amenazas resultaron ciertamente idóneas para generar alarma social, aun cuando los explosivos nunca existieron, ya que motivaron la intervención policial y alteraron el funcionamiento de los servicios”.

La investigación nació tras la amenaza al juez Ramos, pero terminó abarcando un extenso entramado de intimidaciones, extorsiones y falsas denuncias que impactaron en distintas personalidades públicas y familias, en un período comprendido entre 2021 y 2022.