El ex presidente Alberto Fernández sufrió un nuevo revés judicial en una de las investigaciones penales donde está procesado y podría ser enviado a juicio oral. Se trata de la causa Seguros, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública en la contratación de pólizas para organismos públicos durante su gobierno con intermediación de “brokers” que cobraron millonarias comisiones, de manera principal su amigo Héctor Martínez Sosa.
La Cámara Federal porteña rechazó apelaciones del ex Presidente y otros acusados contra los procesamientos confirmados el 18 de noviembre del año pasado. Todos pretendían llegar ante una instancia superior, Casación, para intentar evitar un futuro juicio oral.
Los recursos fueron declarados “improcedentes” por motivos formales: la confirmación de procesamientos no se trata de una resolución definitiva que habilite llegar al máximo tribunal penal federal del país, en base a jurisprudencia de la Corte Suprema, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
Los jueces de la sala II de la Cámara Federal porteña Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun también rechazaron las apelaciones porque no se probó un perjuicio de “imposible o difícil reparación”. Ante ello, la defensa presentó un recurso de queja ante Casación argumentando “arbitrariedad” en esa decisión.
El fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Aguero Iturbe, había pedido en septiembre pasado que se dicte falta de mérito y se profundice la investigación porque hasta el momento “no se hallaron pruebas suficientes para mantener la acusación”. Lo hizo tanto por escrito como en una audiencia oral durante el trámite de la apelación, pese a lo cual la Cámara Federal confirmó el procesamiento.
Seguros y brokers amigos
Fernández está procesado como supuesto autor de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” con un embargo de 14.634.220.283,68 de pesos. En noviembre pasado, la Cámara Federal confirmó esta decisión del juez Sebastián Casanello y advirtió que las pruebas e indicios ubican al ex Presidente en un “rol crucial” para que Martínez Sosa se hiciera de una gran cantidad de contratos públicos, aprovechando su vínculo personal y económico. El broker es esposo de María Cantero, la ex secretaria privada de Fernández. Ella también quedó procesada.
Cuando confirmó lo resuelto, el Tribunal de Apelaciones destacó que hubo “participación directa” del entonces Presidente en la trama delictiva, basada en la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante la “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”, desde finales de 2019 y hasta 2023.
El “ya me ocupo”
Para la Cámara hubo en lo ocurrido “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba.” Se consideró acreditado que fue un eslabón central del entramado delictivo con el “ejercicio de influencia” en su rol de Presidente de la Nación y en ese marco los jueces recordaron el mensaje del 24 de mayo de 2023, cuando Cantero alertó a su entonces jefe sobre la designación de otro broker que no era su marido en Cancillería: “Ya me ocupo”, respondió Fernández.
Cinco días después, la designación había sido revertida, lo que para los jueces demostró “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba” y descartó la explicación de la defensa vinculada a una “irregularidad administrativa”.
Según la acusación, desde la asunción de Fernández, Martínez Sosa percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales.
En la resolución de noviembre se recordó además que “existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc.” Un vínculo que permite “deducir razonablemente” la injerencia del ex Presidente “en el favorecimiento de los negocios del empresario con el Estado”.
La investigación se centró en la firma del Decreto 823/2021, que obligó a las entidades del sector público nacional a contratar seguros a través de Nación Seguros S.A., para lo cual se usaron intermediarios -brokers-, sobre todo Martínez Sosa.
El tribunal también ratificó los procesamientos de exfuncionarios, productores de seguros y directivos de Nación Seguros, y ordenó avanzar sobre nuevas medidas para profundizar la pesquisa a cargo del juez Casanello y del fiscal federal Carlos Rívolo.
Entre los acusados están Martínez Sosa, su esposa Cantero y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.
Alberto Fernández enfrenta una delicada situación judicial, procesado también en otra causa penal con pedido fiscal de envío a juicio oral, por supuesta violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez.
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