Causa Cuadernos: CFK pidió la nulidad del juicio y los ex funcionarios apuntaron contra el testimonio de Centeno

Con la palabra del defensor Ricardo Saint Jean finalizó el primer día de exposición de cuestiones preliminares de parte de los acusados.

El debate continuará el jueves, desde las 9, con la palabra del letrado que representa a Ernesto Clarens, financista y dueño de Inverness S.A.

Aunque declaró como arrepentido, el empresario de industrias Secco planteó, a través de su defensor Ricardo Saint Jean, planteó que los pagos a funcionarios kirchnerista que reconoció en tribunales no fueron para “mantener contratos” u “obtener un beneficio”.

El letrado advirtió “ignorancia u omisión de cuestiones evidentes” de parte de la acusación en cuanto a cómo funciona la industria energética.

En base a esto pidió el sobreseimiento de Balán y la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio, o bien un cambio de calificación de la imputación a una infraccion al Código Electoral, por financiar la campaña del Frente para la Victoria irregularmente.

Aníbal Ibarra, abogado del exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez, cuestionó al juez de instrucción del caso.

Bonadio obtuvo el expediente por la conexidad de la investigación con un caso previo que ya tramitaba en su Juzgado, por la importación de gas natural licuado (GNL), evitando así un sorteo.

“Todo a partir de lo que hizo Bonadio es nulo. Podemos hablar del robo de un expediente, la apropiacion ilegal de un expediente por parte de un juez”, continuó Ibarra.

Y completó: “Tenía tanto interés en quedarse con esta causa para perseguir políticamente a los que iban a ser imputados. Si un juez hace trampa para quedarse con un expediente, es porque después va a hacer cualquier cosa en el sentido que le interesa”.

Denunciaron al chofer Oscar Centeno por decir que “quemó los cuadernos” en su declaración como arrepentido

Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación y acusado en la causa Cuadernos, pidió que se lo investigue por falso testimonio. Julio De Vido planteó lo mismo en el juicio oral

Seguir en

Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación y uno de los principales acusados en la causa Cuadernos, presentó este martes una denuncia penal contra Oscar Centeno, quien fue su chofer y autor de los Cuadernos de las Coimas.

Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta, defensores de Baratta, se sumaron a los cuestionamientos sobre las versiones originales de los cuadernos de las coimas y las afirmaciones que virtió Centeno ante la Justicia al declarar como arrepentido.

“Los cuadernos aparecieron, se quemaron, renacieron de las cenizas y se volvieron a quemar”, dijo Aldazábal, quien también representó a CFK en otras causas.

Esta situación, para la defensa, debería llevar a la nudlidad del inicio del debate hasta que la investigación esté completa.

“Lo que hemos visto en esta causa no lo hemos visto nunca. Hay mas pruebas de los delitos de quienes investigaron la causa que de los delitos que supuestamente cometieron los imputados”, soltó el letrado, para luego hacer referencia al fiscal Stornelli.

La defensa criticó que la instrucción la haya llevado adelante “alguien con un vínculo muy cercano” con el falso abogado Marcelo D’Alessio, que “espió y le armó operaciones a nuestro defendido”.

Después de un cuarto intermedio, el TOF N° 7 continúa con la jornada de juicio. Se escucharán los planteos preliminares de la defensa de Roberto Baratta.

Gabriel Palmiero, defensor de Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi, centró su alocución en las declaraciones indagatorias de Oscar Centeno, el chofer que escribió los cuadernos de las coimas.

“Le cuenta al juez y al fiscal que había prendido fuego los cuadernos en la parrilla”, recordó el letrado.

“La primera pregunta que uno se tiene que hacer es si los cuadernos fueron quemados o los tiene el Tribunal en una caja fuerte luego de aparecer mágicamente un año después. ¿Dónde están?”, cuestionó.

Luego criticó el manejo de los tribunales respecto de las indagatorias de Centeno, algunas de las cuales -según afirmó Palmiero- no se habrían incorporado al legajo judicial.

A través de su defensor Maximiliano Rusconi, el ex ministro de Planificación Federal solicitó que se suspenda el debate oral y público. También exigió la nulidad de su elevación a juicio.

El abogado señaló que hay una instruccion suplementaria incompleta, por lo que “este juicio no debería haber empezado, pero a nadie parece importarle”.

Rusconi también señaló que hay pruebas que no se incorporaron al expediente en tiempo y forma: “¿Cómo se pretende que las partes ejerzan su derecho a la defensa cuando aún resta la incorporación de material probatorio?”, cuestionó.

Beraldi profundizó su acusación y apuntó también contra el fallecido juez Bonadio. “Ustedes lo escucharon: lo llamó igual que D’Alessio y se juntó con el fiscal, y le mostró lo que iba a hacer. Pero no era solo el fiscal: el mismo periodista cuenta en un artículo posterior, que también se reunió con el juez, con el juez Bonadio”, afirmó Beraldi.

Según el planteo de la defensa, “antes de que este expediente se iniciara, ya el fiscal y el juez habían tomado contacto directo con la prueba”. Beraldi agregó que el magistrado “incluso hacía manifestaciones sobre el valor que tenía esto” y “daba indicaciones; que había que mantener el silencio, que todo esto tenía que ser guardado bajo siete llaves”.

Para el abogado de la ex presidenta, esta secuencia de reuniones informales no tiene “ningún correlato con la actividad procesal”. Al respecto, denunció: “Si uno va al expediente se va a chocar con la mentira que está documentada. Y la puesta en escena y consolidación de una maniobra de fórum shopping que no debe tener antecedentes, por su gravedad, en la Justicia argentina”.

Beraldi sostuvo que el expediente oficial relata una ficción: “Nos hacen creer que un día, casualmente, el periodista se presenta en la fiscalía, como si nada de lo anterior hubiera existido... se ordena que se le tome declaración, de la declaración no surge nada de todo lo que vimos antes, y después de esto se la mandan al juez y el juez fabrica una especie de conexidad con otro expediente que ellos tenían, que es el gas licuado”.

“Era una mentira que ya existía desde el principio. Y esa mentira les sirvió para que, durante cuatro meses, tuviesen la causa... y finalmente se termina desenmascarando la mentira porque se dan cuenta que esto no se puede extender en el tiempo y que la relación de la conexidad era todo un verso, y bueno, entonces se tiene que formar otra causa, pero que no va a sorteo: se la quedan ellos”, argumentó el abogado defensor.

Sobre el cierre, su conclusión fue tajante: “El Tribunal no puede llegar a otra conclusión que no sea anular todo”.

“Yo les pido, no por los intereses que defiendo, sino por lo que significa el sistema judicial... que esto tenga un punto. Y que este tipo de prácticas no se vuelvan a repetir nunca más”, cerró Beraldi, aclarando que la nulidad “no significa impunidad”, sino sanear el sistema de prácticas ilegales. “No podemos ser cómplices de esto”.

Uno de los momentos de mayor tensión de la audiencia ocurrió cuando Beraldi denunció que la causa se inició violando la garantía del juez natural. “Acá no hubo sorteo, no hubo nada: los eligieron a dedo”, sentenció, acusando una maniobra para que el expediente cayera en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

“El fiscal no investiga cualquier cosa, ni de cualquier manera: lo hace en base a la ley. Por eso es necesario que tanto el juez como el fiscal sean elegidos a través de los procedimientos naturales, que es el sorteo. No a dedo”, insistió.

Para sustentar esta acusación, la defensa reprodujo en la sala virtual un video de una entrevista al periodista Diego Cabot, quien aportó los cuadernos (o sus copias) que dieron origen a la investigación. En el fragmento exhibido, se escucha al periodista relatar cómo contactó al fiscal: “Yo lo llamé a Stornelli... Yo no lo conocía... Nos juntamos en un bar de Palermo, y en un momento le dije: bueno, mirá, saqué la mochila y le mostré un par de cuadernos en fotocopia que tenía ahí”.

Con esta prueba, Beraldi buscó demostrar que la entrega de la evidencia eludió la Mesa de Entradas de la Cámara Federal, configurando una elección discrecional del investigador.