Este martes desde las 9.30 el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reanudará el proceso judicial por la causa “Cuadernos”, uno de los casos de corrupción más complejo de la historia política reciente.
Uno de los puntos salientes será la exposición de la defensa de Cristina Kirchner. La ex presidenta es juzgada como una de las principales acusadas bajo la figura de jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli serán los encargados de conducir las audiencias en esta etapa, tras haber concluido en diciembre la maratónica lectura de las acusaciones, un trámite que demandó más de 20 horas netas y abarcó miles de páginas.
La reanudación marcará el inicio de la etapa de “cuestiones preliminares”. Será una instancia técnica -para depurar el proceso, asegurar pruebas y definir el marco del litigio- pero de alto voltaje político en donde el tribunal fijó un límite de 45 minutos por exposición.
El debate oral, retomado tras la feria judicial de enero, arrancará con las presentaciones de los abogados de los imputados. Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, abrirá la instancia conocida como “cuestiones preliminares”, disponiendo de 90 minutos para formular objeciones y señalamientos que buscan minar las bases del proceso.
Este tramo del juicio está concebido para tratar temas novedosos surgidos entre la instrucción y el inicio del debate, aunque suele convertirse en un espacio donde las estrategias defensivas intentan frenar o deslegitimar la acusación.
El juicio en números
Con 28 defensas listas para plantear nulidades, se estima que los relatos demanden todo este mes, teniendo en cuenta además el feriado largo de carnaval. En tanto, la respuesta de la Fiscalía ocupará una audiencia exclusiva en marzo. El debate, que formalmente comenzó el pasado 6 de noviembre, entrará así en su fase más litigiosa antes de dar paso a las declaraciones indagatorias.
Esta causa ha sido testigo del desgaste propio del paso del tiempo. Si bien la investigación llegó a acumular un total de 126 imputados en sus diversas etapas, la lista se ha depurado significativamente de cara al debate oral.
De aquel total, 91 acusados fueron elevados a juicio. Sin embargo, fallecimientos, cuestiones médicas e incidencias procesales redujeron la nómina final a 86 personas que hoy enfrentan los cargos. La lista se compone de la siguiente manera:
- 19 ex funcionarios encabezados por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro Julio De Vido —detenido en Ezeiza— y el ex secretario de Obras Públicas José López.
- 65 empresarios de la obra pública, la energía y el transporte.
- 2 choferes, entre ellos Oscar Centeno, cuyas anotaciones dieron origen a la investigación.
La reducción responde a que cuatro imputados fallecieron antes del inicio del debate (entre ellos el ex titular de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack) y un apartado, el empresario Enrique Pescarmona (84). Fue eximido del proceso en noviembre luego de que el Cuerpo Médico Forense confirmara un cuadro de deterioro cognitivo irreversible.
La estrategia defensiva: el reciclaje de argumentos
En esta etapa, las defensas no discutirán los hechos de fondo (la recaudación de sobornos) sino la validez del proceso. Se prevén tres líneas de ataque principales:
- La “contra causa”: las defensas intentarán capitalizar el reciente procesamiento del ex policía Jorge Bacigalupo por las sobreescrituras y enmiendas que se detectaron en algunos de los cuadernos de Centeno, en el marco de una causa paralela que impulsó el empresario Armando Loson y lleva el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Sin embargo, Gendarmería Nacional ratificó en agosto del año pasado la autenticidad global de los manuscritos. Y la fuerza de la evidencia que se ventilará en el juicio radica en la corroboración externa que sostiene esos relatos: las direcciones escritas coinciden con los garajes de las entregas, la documentación bancaria respalda los movimientos económicos y las planillas de obras públicas se compadecen con los contratos bajo sospecha. Sin contar que, el pilar central, siguen siendo las confesiones de los arrepentidos.
- El ne bis in idem: se descuenta que la defensa de Cristina Kirchner reiterará el planteo de que la ex presidenta no puede ser juzgada nuevamente por una matriz de corrupción en la obra pública que ya fue objeto de condena en la Causa Vialidad.
- El ataque a los arrepentidos: frente a estas nulidades, la fiscal general Fabiana León cuenta con un respaldo jurídico clave: el fallo de la Corte Suprema que validó la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido. Para la acusación, volver a discutir los testimonios de los 31 empresarios y funcionarios que confesaron es un intento meramente dilatorio.
El alcance: una “megacausa” unificada
Lo que se discute en la sala virtual del TOF 7 no es un expediente único, sino la unificación de varias investigaciones que revelan una matriz sistémica. Además de la “causa madre” (los cuadernos), el juicio incorpora:
- “La Camarita”: el expediente sobre la cartelización de la obra pública vial, donde se juzga el rol de la Cámara Argentina de Empresas Viales y del financista Ernesto Clarens.
- Transporte: las causas que investigaron sobornos en los subsidios a los trenes y en la concesión de corredores viales, involucrando a los ex secretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Radiografía de la prueba y lo que viene
Para dimensionar el desafío logístico que enfrentan los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, basta remitirse a las cifras de la evidencia: 899 testigos citados, 13 pericias y 139 medidas de instrucción suplementaria.
Superada la instancia de las nulidades, las indagatorias expondrán estrategias nítidas: por un lado, quienes se ampararían en el silencio al considerar nulo el proceso (como CFK); por otro, quienes optan por declarar sin resignar sus cuestionamientos previos (como De Vido); y finalmente los arrepentidos (como López y Uberti), decididos a validar sus confesiones ante el tribunal.
Esta instancia reavivará la disputa por la presencialidad. La fiscalía ha sido enfática en su solicitud de que las indagatorias se concreten de forma presencial, exceptuando de ello solo a aquellos que no quieran prestar declaración o que estén privados de su libertad, como es el caso de Cristina Kirchner (con domiciliaria) y Julio De Vido (en Ezeiza). Mientras tanto, la Casación ya ofreció la remodelada Sala AMIA en Comodoro Py para albergar un proceso que, según graficó un abogado defensor, “lo terminará resolviendo la biología”.
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