La feria judicial suele asociarse al silencio de los pasillos y a la inactividad procesal. Sin embargo, un relevamiento exclusivo de Infobae sobre los movimientos en Comodoro Py durante enero de 2026 expone una realidad distinta: la maquinaria nunca dejó de funcionar.
Los números son contundentes: entre el 2 y el 30 de enero ingresaron 273 expedientes a la Cámara Federal porteña (entre nuevas denuncias, exhortos y prevenciones policiales). Pero el dato más revelador surge de su superior: la Cámara Federal de Casación Penal —el máximo tribunal penal del país— firmó 124 resoluciones en causas que involucran a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido y represores de la ESMA, demostrando que los temas sensibles mantuvieron su pulso incluso en el receso de verano.
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La feria en números
El balance del mes arroja cifras que grafican una intensidad inusual para el verano en los tribunales de Retiro:
- 270: La cantidad denuncias ingresadas y sorteados en la Cámara Federal porteña.
- 124: Los fallos y resoluciones firmados por la Sala de Feria de la Cámara de Casación.
- 35: Las intervenciones de la Cámara Federal (Salas 1 y 2), que resolvió incidencias de feria casi a diario.
- 48: Los expedientes que recayeron en el juzgado más sorteado (el N° 10, a cargo de Julián Ercolini).
- 35: Las denuncias presentadas por un solo particular, Daniel Sarwer, récord absoluto del mes.
Casación no descansó
La Sala de Feria de Casación tuvo una agenda cargada de definiciones políticas. El 8 de enero se convirtió en una fecha clave, con dos fallos simultáneos que impactaron en el corazón del ex ministerio de Planificación.
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Por un lado, los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Angela Ledesma resolvieron la situación de Lázaro Báez. La defensa del empresario había apelado el rechazo a su pedido de prisión domiciliaria dictado por el Tribunal Oral Federal N° 4. Aunque habilitaron la feria, los camaristas confirmaron la negativa: Báez seguirá detenido en una unidad penitenciaria.
Ese mismo día, la mala noticia se replicó para Julio De Vido. En la causa por la tragedia de Once, los jueces Borinsky, Carbajo y Guillermo Yacobucci rechazaron el recurso de casación presentado por el ex ministro, confirmando también la decisión del TOF 4 de denegarle el beneficio del arresto domiciliario.
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Una semana después, el 14 de enero, el tribunal volvió a no hacer lugar a un planteo, esta vez por parte de Cristina Kirchner. En el marco de la Causa Vialidad, su defensa intentó habilitar la feria para modificar las condiciones de su detención. Los jueces Ledesma y Yacobucci rechazaron el planteo in limine por falta de urgencia, bloqueando así la solicitud de flexibilizar las reglas de su prisión domiciliaria.
El reclamo de la ex mandataria incluía exigencias puntuales: el retiro de la tobillera electrónica de monitoreo y el levantamiento de las restricciones horarias para permanecer en la terraza de su domicilio. Además, la defensa pidió eliminar los cupos de visitas y permitir el ingreso sin autorización judicial previa de ciertos “visitantes frecuentes”, mencionando específicamente al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena.
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La actividad también alcanzó a los delitos de lesa humanidad. El represor de la ESMA Ricardo Miguel Cavallo intentó conseguir su libertad, pero el tribunal resolvió incidencias sobre su excarcelación y ejecución penal, denegando sus solicitudes.
El ranking de los denunciantes: el “serial” y el Estado
Mientras Casación contenía los planteos de las defensas, la mesa de entradas recibía un aluvión de casos nuevos. Si hubiera un podio de actividad litigiosa en este enero, el primer puesto lo ocupa un particular: Daniel Sarwer.
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Su firma aparece en 35 de las 273 denuncias que se presentaron este mes. Pero, ¿quién es Sarwer? Se presenta como dirigente de la Agrupación Restauradora Macrista, bajo el lema de una “lucha sin cuartel contra la corrupción, el narcotráfico y el lavado de propios y ajenos”.
Su historial en Comodoro Py es tan extenso como polémico: llegó a presentar más de 70 denuncias contra Cristina Kirchner, fue declarado insano en el marco de una causa que había iniciado contra Néstor Kirchner, y el fallecido fiscal Federico Delgado llegó a acusarlo por estafa en un expediente que el propio Sarwer había impulsado.
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En segundo lugar se ubicó la Oficina Anticorrupción (OA), que aprovechó el receso para ingresar una batería de denuncias por enriquecimiento ilícito (casos CFP 50, 69, 70 y 73). Según pudo averiguar Infobae, estas presentaciones obedecen al incumplimiento de funcionarios y ex funcionarios con la obligación de presentar sus Declaraciones Juradas (DDJJ) patrimoniales, activando así la denuncia penal automática.
El podio lo cierra Trenes Argentinos, que libró una batalla judicial contra el vandalismo presentando más de una decena de denuncias por robo de cables y daño agravado.
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El mapa de los juzgados y la política
El relevamiento de los sorteos realizados por la Cámara Federal porteña arroja luz sobre qué magistrados de Comodoro Py recibieron la mayor carga de trabajo. El Juzgado Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini, lideró la estadística con 48 nuevas causas, seguido de cerca por el Juzgado Federal N° 7 (Sebastián Casanello) y el N° 8 (Marcelo Martínez de Giorgi), que acumularon 46 y 45 expedientes respectivamente.
La política internacional marcó el cierre del mes. El 27 de enero ingresaron tres denuncias consecutivas contra el dictador venezolano Nicolás Maduro. Impulsadas por particulares venezolanos, acusan al líder chavista, actualmente detenido en los Estados Unidos, de privación ilegal de la libertad y apremios ilegales, buscando reactivar la jurisdicción universal argentina.
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A nivel local, el Poder Ejecutivo también fue blanco de denuncias: el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) denunció a Javier Milei por abuso de autoridad, mientras que también se registraron presentaciones contra el ministro Luis Caputo (Economía) y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El AFA-gate, de lejos
Si bien las presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) marcaron a fuego la agenda judicial de enero, cabe destacar que a Comodoro Py le tocó no ser más que un simple espectador. Las investigaciones sobre la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia tramitan hoy en los juzgados federales de Lomas de Zamora y Campana, así como en fuero Civil y el Criminal ordinario. Incluso la ofensiva del Gobierno a través de ARCA (ex AFIP) se canalizó por el fuero Penal Económico, donde interviene el juez Diego Amarante.
Sin embargo, el presidente de la AFA sí jugó una ficha en Comodoro Py. El 22 de enero se sorteó la causa CFP 245/2026, que recayó en el Juzgado Federal N° 11 —actualmente subrogado por Sebastián Casanello—. Allí, Tapia denunció penalmente a Daniel Roque Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), acusándolo de violación de secretos y abuso de autoridad, abriendo un nuevo frente en la batalla por el control del fútbol argentino.
El filtro de la Cámara Federal
Por último, la Cámara Federal también dejó su huella con 35 resoluciones, abarcando una agenda diversa que fue desde la geopolítica hasta las criptoestafas.
Entre sus fallos más relevantes, la Sala I puso la lupa sobre la causa $LIBRA, donde se investiga una presunta estafa con criptomonedas que salpica al presidente Javier Milei y a su entorno. En una resolución clave, le encomendaron al juez Martínez De Giorgi que acelere la investigación —advirtiendo que aún no hubo indagatorias— y ordenaron elevar el monto de los embargos sobre los imputados, entre ellos el creador de la cripto, Hayden Davis. Los camaristas consideraron “insuficiente” el embargo original de 36 millones de pesos, dado que aparecieron nuevos damnificados que denuncian pérdidas conjuntas por dos millones de dólares.
En el plano internacional, el tribunal confirmó la actividad en la causa que investiga crímenes en Venezuela, ordenando al juez Sebastián Ramos que resuelva si corresponde o no solicitar formalmente la extradición de Nicolás Maduro, un reclamo sostenido por la querella y el fiscal Carlos Stornelli.
Finalmente, el 13 de enero, la Sala II intervino en la causa por discriminación iniciada por el ministro Mariano Cúneo Libarona tras los cánticos antisemitas de estudiantes en un viaje de egresados. Los jueces hicieron lugar a una queja de la defensa, ordenando que se revise la decisión de aceptar a la DAIA como parte querellante, confirmando que el expediente sigue activo y en plena disputa procesal.
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