
Con condenas firmes, detenciones efectivas y decomisos millonarios en marcha, 2025 marcó un punto de inflexión judicial para el kirchnerismo. A la prisión de la ex presidenta Cristina Kirchner se sumaron las de ex funcionarios clave de su gobierno como Julio De Vido, José López y Nelson Periotti, mientras la Justicia avanzó hacia una etapa inédita: la ejecución de las penas y la recuperación de fondos públicos en algunas de las causas más emblemáticas de los últimos veinte años.
Tras más de una década de investigaciones, juicios orales, apelaciones y recursos extraordinarios, la confirmación de las condenas en la Corte Suprema derivó en detenciones concretas. Varios de los protagonistas de ese entramado de poder pasaron Navidad privados de su libertad y así recibirán el 2026, en cárceles comunes o bajo arresto domiciliario.
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Vialidad
El eje central fue la causa Vialidad, que investigó el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas. Con la sentencia firme, Cristina Kirchner comenzó a cumplir bajo arresto domiciliario una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
Todos los condenados quedaron alcanzados por un decomiso histórico: la Justicia fijó un perjuicio cercano a los 685 mil millones de pesos. Junto con ella entraron a prisión en junio de 2025 algunos de los principales funcionarios de los gobiernos de la ex mandataria condenada y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.
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El primer detenido que se entregó tras quedar firmes las condenas fue el ex secretario de Obras Públicas José López, un nombre que se convirtió en símbolo de la corrupción cuando en 2016 fue sorprendido intentando esconder bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.
López ya había estado preso por ese episodio y, tras la decisión de la Corte, se presentó en el Tribunal Oral Federal 2, en Comodoro Py. Horas después fue trasladado fuertemente custodiado a la cárcel de Ezeiza. Debe cumplir seis años de prisión, la misma pena que Kirchner, el empresario y dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez y el ex titular de Vialidad Nacional del kirchnerismo Nelson Periotti.
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López sigue en la cárcel, intentó sin éxito que le den el arresto domiciliario por “problemas psiquiátricos”. Desde el penal de Ezeiza se conecta cada semana al juicio por los cuadernos de la corrupción, donde reviste el rol de imputado colaborador.
Mejor suerte tuvo Periotti, quien pasó pocos días en un penal y luego logró irse a su casa en San Isidro con arresto domiciliario y tobillera electrónica por razones de salud y edad.
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En el mismo expediente volvió a prisión alguien que no fue funcionario pero sí fue clave en el entramado de la maniobra, Lázaro Báez, considerado el principal beneficiario del esquema de obra pública. El empresario dueño de Austral Construcciones tiene condena ejecutable a seis años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta, pena que se suma a la de diez años por lavado de activos en la causa conocida como la “ruta del dinero K”.
Báez permanece en cárcel común desde que quedó firme en la Corte la condena por esta última causa, también en junio pasado y sus bienes —empresas, estancias, hoteles e inmuebles— están en el centro de la etapa de ejecución patrimonial que se profundizará en 2026. Hasta entonces gozaba de arresto domiciliario en su casa de Rio Gallegos por otra investigación penal.
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Además quedaron detenidos en junio los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda, condenado a cuatro años, Juan Carlos Villafañe, con cinco años, Raúl Daruich, con tres años y seis meses, Raúl Pavesi, ex responsable de Vialidad de Santa Cruz, con cuatro años y seis meses, y José Raúl Santibáñez, sentenciado a cuatro años. Todos se presentaron en Comodoro Py con bolsos y pertenencias personales y quedaron incluidos en la obligación solidaria de devolver el dinero del fraude si no alcanza con los bienes de los principales condenados, Báez y la ex presidenta.
Tragedia de Once
Fuera de Vialidad, 2025 también consolidó la condena al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, uno de los hombres más poderosos del kirchnerismo, detenido en noviembre luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena a cuatro años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en la causa por la tragedia del tren de Once, que provocó 51 muertes en 2012. El Tribunal Oral Federal 4 ordenó la ejecución de la pena. De Vido fue absuelto por el delito de estrago culposo, una decisión que también quedó firme, pero permanece preso en cárcel común, mientras su defensa insiste con pedidos de prisión domiciliaria por razones de edad y salud.
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Otro caso emblemático es el de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, quien volvió a prisión tras quedar firme su condena por la tragedia de Once. En su caso fue en noviembre de 2024 pero desde entonces intentó también ser beneficiado con arresto domiciliario. Recibirá el 2026 en cárcel común. La pena original de cinco años fue elevada a seis años de prisión por la unificación con condenas previas.
Con este escenario, el mapa judicial cambió de fase. En 2025 se cerró la discusión sobre la responsabilidad penal. Para 2026, el foco estará puesto en la ejecución efectiva de las sentencias: embargos, remates, liquidación de bienes y decomisos multimillonarios. Los recursos que permanecen abiertos se limitan a planteos formales ante la Corte o a debates sobre cómo cumplir las penas, no sobre la culpabilidad.
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Ex funcionarios que durante años ocuparon el centro del poder recibirán el 2026 presos, con condenas firmes y con la Justicia avanzando sobre su patrimonio.
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