El futuro de la Fundación Provivienda Social quedó en suspenso tras una sentencia judicial que, de quedar firme, podría forzar su cierre y afectar a miles de familias del conurbano bonaerense que dependen de sus servicios. Decenas de vecinos y organizaciones sociales solicitaron públicamente al Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires que revoque el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, al que califican de “arbitrario”, por condenar a la entidad a pagar una indemnización millonaria imposible de afrontar. Según la solicitada, la continuidad de la Fundación resulta esencial para quienes requieren acceso seguro y económico a servicios básicos como luz y gas.
En el texto difundido, los firmantes advierten que si la sentencia se mantiene, no solo se vería obligada a cerrar la Fundación Provivienda Social, sino que se agravaría la falta de un marco laboral adecuado para las entidades sin fines de lucro, exponiéndolas a interpretaciones judiciales que consideran “arbitrarias e injustas”. La solicitada, respaldada por decenas de vecinos, entidades comunitarias y ciudadanos, subraya que durante veinticinco años la organización facilitó el acceso a servicios esenciales a 40.000 familias del conurbano bonaerense, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
El presidente de la Fundación, Raúl Zavalía Lagos, explicó que el fallo obliga a la entidad a pagar una indemnización de $160 millones a un gasista que alegó haber sido empleado de la Fundación. Zavalía Lagos sostuvo que la institución actuó únicamente como fiduciaria de un fideicomiso de vecinos, quienes fueron los verdaderos empleadores. “La Fundación pagó los trabajos por cuenta y orden de los vecinos que luego pagaron en cuotas al Fideicomiso”, afirmó el directivo. Además, expresó su esperanza de que el Tribunal Superior “haga una lectura correcta del caso y facilite la continuidad de la Fundación en beneficio especial de quienes necesitan de nuestros servicios para mejorar su calidad de vida y oportunidades”.
La operatoria de la Fundación, según detalla la solicitada, consiste en organizar a los vecinos mediante fideicomisos barriales, un instrumento financiero que les permite ejecutar las obras necesarias para conectarse a los servicios de gas. Bajo el título “un fallo judicial que atenta contra las organizaciones sociales y los vecinos”, el texto explica que la Fundación administra los fideicomisos que aportan los recursos financieros a los vecinos, quienes contratan a los operarios encargados de las obras.
La Cámara Nacional del Trabajo consideró en su fallo que la Fundación es empleadora y no administradora fiduciaria, lo que contradice la interpretación de los firmantes. Los vecinos y entidades que suscriben el pedido solicitan que la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires “corrija” lo que consideran “una arbitrariedad jurídica que atenta contra el sistema de justicia, debilita el tejido social y desalienta la participación ciudadana”.
La fundación también lleva adelante una campaña en redes sociales para denunciar lo que consideran un fallo arbitrario de la justicia laboral.
“Durante más de dos décadas, la Fundación Pro Vivienda Social acompañó a los barrios de Moreno en proyectos que cambiaron vidas:gas en los hogares, trabajo para las familias, alimento para los comedores y oportunidades que nacen del esfuerzo colectivo.Pero hoy, todo ese trabajo está en riesgo. Una serie de demandas judiciales injustas amenaza con destruir lo que miles de vecinos construyeron durante años”, señalaron en un reciente posteo en su cuenta de Instagram acompañado por un video.
Según describe en su sitio web, la fundación, que trabaja principalmente en la localidad de Moreno, impulsa “la organización comunitaria como eje que posibilita el desarrollo barrial”.
“Desde su creación en 1992, construimos alianzas entre vecinos, personas, empresas y entidades gubernamentales. Dichas alianzas contribuyeron a desarrollar proyectos e iniciativas comunitarios, dedicados a mejorar la calidad de vida en miles de hogares del conurbano. Nuestra metodología de trabajo apunta a organizar y capacitar a los vecinos. De esta manera, se convierten simultáneamente en promotores, gestores, administradores y beneficiarios de los proyectos. No solamente fueron inspiración para emprender los proyectos, sino que han sido ellos quienes nos han marcado el rumbo de trabajo durante todos estos años”, describe.
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