El juicio oral por la causa de los Cuadernos de las coimas se reanudó hoy con las declaraciones testimoniales de los periodistas Santiago Nasra y Héctor María Guyot, en una audiencia atravesada además por la expectativa en torno a las definiciones que deberá adoptar el Tribunal Oral Federal 7 sobre distintos planteos formulados por las partes.
El TOF 7 deberá resolver los pedidos de incorporación de prueba y los desistimientos de testigos que fueron considerados necesarios luego de las declaraciones de los periodistas Diego Cabot y Candela Ini durante las últimas audiencias.
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En su dictamen oral, la fiscal Fabiana León rechazó las medidas solicitadas por las defensas al considerar que, en muchos casos, ya habían sido denegadas anteriormente.
El representante de la querella por la Unidad de Información Financiera adhirió a la postura del Ministerio Público Fiscal. Respecto de la lista de testigos, la fiscalía propuso por escrito una reducción de la nómina, mientras que el defensor público del remisero arrepentido y autor de los cuadernos, Oscar Centeno, desistió de la declaración del financista Leonardo Fariña porque, según expresó, “no tiene ningún interés en interrogarlo”.
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Dos declaraciones clave, la de Hilda Horovitz, ex pareja de Centeno, autor de los manuscritos en los que se detalló el supuesto circuito de recolección de sobornos pagados por empresarios de la obra pública a exfuncionarios kirchneristas, y de Miriam Quiroga, ex secretaria de Ceremonial durante la presidencia de Néstor Kirchner, están demoradas y serán reprogramadas.
Para el próximo jueves se prevé citar a un solo testigo, Oscar Bacigalupo. Al momento de los hechos era amigo de Centeno y le guardó una caja con los cuadernos originales a su pedido. Luego, los entregó al periodista Cabot, del diario La Nación.
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El juicio se desarrolla ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.
El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También está acusada por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de empresarios para obtener adjudicaciones de obra pública. Junto con ella se juzga a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.
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