El avance de la investigación judicial por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se centra en Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, acusado de presunta participación en un esquema de licitaciones irregulares, sobreprecios y desvío de fondos públicos. La causa, que involucra a 15 imputados, expuso una red financiera y conexiones con figuras del sector privado, mientras la Justicia argentina profundiza en detalles de un entramado que compromete la confianza en la gestión estatal.
“La trama de corrupción en Discapacidad involucra a funcionarios, empresarios y lobbistas: si la Justicia avanza habrá más nombres”, advirtió Ramón Indart durante el programa matutino de Infobae en Vivo. Indart señaló los aspectos más comprometedores del expediente y aportó datos inéditos sobre la operatoria de los implicados, al tiempo que destacó la importancia de la labor periodística para revelar los mecanismos detrás de estos hechos ilícitos.
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El periodista relató que “algunos están esperando un apagón. Porque, de los quince que irán a indagatoria, solo uno está detenido: Pablo Atchabahian, hallado en Mendoza”. Atchabahian permanece bajo prisión domiciliaria tras negarse a declarar, mientras que los demás imputados aguardan su turno ante la Justicia.
Indart precisó: “El viernes pasado, Atchabahian se negó a declarar. Hoy será el turno de Miguel Ángel Calvete, conocido por su rol de vocero de supermercados chinos y experiencia en laboratorios. El fiscal Franco Picardi sostiene que Calvete diseñó un entramado paralelo al ANDIS para orientar licitaciones cerradas y garantizar sobreprecios en la provisión de servicios y productos”. La Dirección Nacional de Discapacidad quedó bajo la lupa tras evidenciarse el desvío de fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables mediante documentos y facturación apócrifa.
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Según explicó Indart, “las cuentas de Spagnuolo no cierran por ningún lado”, ya que el ex funcionario residía en un country de Pilar donde realizó reformas inmobiliarias costosas incompatibles con sus ingresos declarados. Indart detalló: “Ganaba supuestamente tres millones de pesos por mes, pero sus gastos superaban los cuatro millones. El resumen de la tarjeta de crédito también exhibe cifras imposibles para su salario”.
El periodista insistió en que la mayoría de los movimientos bancarios bajo sospecha datan de sus primeros meses al frente del ANDIS desde 2021. “Picardi le remarcó al juez Casanello: ‘Las reformas que empezó a hacer no cuadraban, las hizo cuando asumió el ANDIS. La tarjeta tampoco cierra, Spagnuolo tendría que haber usado más efectivo’”, expresó Indart con ironía.
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Respecto a la estrategia de defensa, Indart anticipó que Spagnuolo se presentará a declarar pero se abstendrá de hacerlo: “Su abogado, Mauricio Alessandro, insistirá con la nulidad de la causa hasta que no se periten los audios presentados por la fiscalía. De los quince imputados, sólo uno sigue detenido; los restantes prepararon una defensa conjunta basada en la supuesta fragilidad de algunos elementos probatorios”, explicó.
El escándalo por coimas en Discapacidad posicionó a la cuestión en el centro del escenario político. Indart analizó la impunidad que por años protegió a esta estructura: “Eran licitaciones a la vista de todos, pero nadie las denunciaba. Las anotaciones de los cuadernos de Calvete evocan el caso de los cuadernos de las coimas. Si el juez Casanello y el fiscal Picardi avanzan decididamente, puede escalar aún más”, remarcó.
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El modus operandi consistía en constituir sociedades para generar presupuestos a medida, manipular el circuito de contratación y direccionar recursos de los programas dirigidos a personas con discapacidad. Indart resaltó la gravedad institucional de estos hechos: “Están en juego derechos de sectores sumamente vulnerables. Lo perverso es que la burocracia creía actuar con impunidad debido al escaso control social y a que los mecanismos estatales de supervisión apenas operan”.
Indart brindó detalles sobre la situación económica de los principales imputados: “Las reformas en la casa privada de Spagnuolo en un country de Pilar resultan inexplicables con su sueldo al frente del ANDIS. Hay movimientos bancarios y gastos con tarjetas de crédito imposibles de justificar. La coincidencia entre inversiones y gastos con los primeros meses en el cargo es llamativa”.
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El periodista también analizó el frente jurídico de los acusados: “Todos siguieron la línea de defensa de Mauricio Alessandro, quien busca postergar las declaraciones cuestionando la falta de peritaje sobre los audios más relevantes. Sin embargo, la Justicia cuenta con documentación, anotaciones y testimonios contundentes”. Indart enfatizó que la presión mediática acelera el avance de la investigación.
Destacó además el trabajo conjunto del fiscal Picardi y el juez Casanello: “Existe un impulso judicial concreto, y resta saber si podrá sostenerse ante las presiones externas. El caso desafía la integridad del sistema. Es evidente que la red cuestionada va más allá de los quince imputados. Podrían aparecer políticos, contratistas y hasta intermediarios financieros comprometidos”.
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• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, María Eugenia Duffard, Cecilia Boufflet y Ramón Indart.
• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, Virginia Porcella y Federico Mayol.
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