Fabiola Yañez tendrá nuevos abogados en la causa por violencia de género que inició contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández. Mauricio D’Alessandro, quien llevó el patrocinio letrado hasta hoy, le comunicó al Juzgado Federal N° 3 este jueves su renuncia a la representación de la ex primera dama.
Ahora asumirá la querella la abogada Marcela De Leonardis, quien ya se había hecho cargo de la representación de la denunciante en otras causas de los fueros civil y penal y contravencional de la Justicia de la Ciudad de Buenos.
Según pudo reconstruir Infobae, el vínculo entre Yañez y sus anteriores abogados empezó a desarmarse poco antes de su regreso a la Argentina.
D’Alessandro y Mariana Gallego -su otra abogada, quien había renunciado algunos días atrás- se enteraron de su llegada al país en pleno vuelo, a minutos de empezar una audiencia clave en la Cámara Federal de Casación Penal por la recusación del juez Julián Ercolini.
Se espera que haya un giro en la estrategia de la querella, que podría tener un impacto directo en la tramitación de la causa por violencia de género, por la que Alberto Fernández está cerca de ser elevado a juicio oral y público.
El último movimiento que hubo en la causa ocurrió el martes. Ese día D’Alessandro apeló la recusación de Ercolini, con un recurso extraordinario federal con el que la querella pretendía llegar a la Corte Suprema de Justicia para reponer al magistrado que inició la investigación.
Tras el apartamiento de Ercolini, en su lugar había sido sorteado Daniel Rafecas, hoy a cargo del expediente.
Esa apelación del ahora ex abogado habría terminado de detonar la relación con Yañez. El movimiento no habría sido compatible con la intención de su clienta para con el futuro de la causa ni tampoco con la propuesta que le acercó De Leonardis, quien trabajó con Wanda Nara, entre otras figuras de renombre.
Alberto Fernández, a un paso del juicio
La causa por violencia de género quedó trabada a partir de la recusación de Ercolini, que habilitó al ex jefe de Estado a pedir la nulidad de toda la investigación.
El próximo paso es que la Sala II del máximo tribunal penal federal resuelva si concede o no el recurso que había pedido la querella por el apartamiento del juez.
De ser rechazado, restará ver si Fabiola Yañez insiste con un recurso de queja ante la Corte Suprema para mantener su intención de que Ercolini siga al frente de la causa, o si por el contrario desiste del reclamo y la querella adopta otra postura.
En cualquier caso, el juez Rafecas no tratará el planteo de nulidad de Alberto Fernández hasta que su designación quede firme. Y recién después de esto se pronunciaría sobre la elevación a juicio que solicitó el fiscal federal Ramiro González.
El expresidente pidió que se reinicie desde cero la investigación por considerar que el juez que la instruyó, Ercolini, no fue imparcial dada su relación previa de amistad y posterior enemistad entre ambos, con aristas personales, académicas y políticas, según la definió el acusado.
En el fallo que había apartado a Ercolini, no obstante, la Sala II de la Cámara de Casación dejó a salvo la instancia a la que llegó la causa y afirmó que el cambio de magistrado debía ocurrir “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.
Alberto Fernández está procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género. El fiscal González, quien investigó el caso, había dado por concluida la instrucción en agosto.
Según plasmó la Fiscalía al pedir la elevación a juicio, Fernández “ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.
Los golpes que se dieron por probados en la investigación habrían ocurrido en la noche del 21 de junio de 2021 (golpe en el ojo derecho) y el 12 de agosto de 2021 o pocos días antes (lastimaduras en el brazo y una patada en el vientre).
Las amenazas coactivas se explican, según el dictamen fiscal, porque el ex jefe de Estado habría presionado a Yañez para que no lo denuncie a cambio de asegurar el futuro económico de su hijo.
Alberto Fernández podría enfrentar hasta 12 años de prisión en caso de ser hallado culpable de todos los delitos por los que está procesado.
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