El Ministerio de Justicia de la Nación se comprometió a destrabar antes de fin de año la primera parte del problema sobre la desclasificación de los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que podrían contener información vinculada al atentado a la AMIA. Según anunciaron, la documentación será trasladada desde el Palacio Barolo hacia el predio de la ex ESMA para agilizar el proceso de revisión y digitalización.
Así se comunicó este miércoles durante una audiencia en los tribunales de Comodoro Py convocada por Daniel Rafecas, juez subrogante del Juzgado Federal N° 6. Además de funcionarios del Ministerio de Justicia, participaron de la reunión la UFI-AMIA, la defensa pública de los acusados que irán a juicio oral y varias de las querellas.
El Ministerio de Justicia presentó un informe con el plan de adecuación de dos edificios de la ex ESMA, cuya finalización se estimó para el 5 de diciembre. Ofrecieron la posibilidad de que se haga una inspección judicial durante noviembre para constatar los avances.
De acuerdo al programa del organismo, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, una vez concluida la obra se empezará a descontaminar los archivos con asbesto que se guardan en el Palacio Barolo y, recién entonces, se procederá al traslado. La expectativa oficial es que todo concluya antes de 2026.
Hasta ahora, las deficientes condiciones de infraestructura del lugar no permitían analizar ahí mismo los archivos, por lo que la UFI-AMIA los traslada, con colaboración de Prefectura Naval, hacia las oficinas de la Fiscalía que conduce Sebastián Basso. Allí se escanea y digitaliza cada papel, cinta magnética o VHS, pero todo ese proceso “es lento y genera pérdidas de tiempo y recursos, que son escasos”, según dio a conocer la Fiscalía, que tiene un Área de Análisis dedicada exclusivamente al tratamiento de los documentos secretos.
La puja con la SIDE
A medida que avanzó el análisis de esta documentación de los espías que encontraron en la sede del Palacio Barolo y otras dos en las calles Estados Unidos y Salta, se advirtió que la información se registraba en una base de datos.
Desde 2016 hubo múltiples intentos por acceder a esa base, pero el trámite fue cuesta arriba. Recién este año aportaron un informe de búsquedas puntuales, pero quedaron cuestiones inconclusas.
Las querellas insisten con hacer públicos todos los documentos de la SIDE referidos a la causa AMIA, a excepción de los datos personales de los agentes. Es algo que, por ahora, se negó tanto de parte de la Secretaría de Inteligencia como en los tribunales.
Los damnificados por el atentado volvieron a reclamar que se cumpla con el Decreto 213/2020 del Poder Ejecutivo, que le otorgó carácter público a “toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, por ejemplo, no permite a las partes -según denunciaron- difundir el material de inteligencia que se trató en el juicio por el encubrimiento del atentado, en el que hubo ocho condenas y cinco absoluciones, entre estas la del ex presidente Carlos Menem.
Por eso, las querellas le pidieron a Rafecas que se intime al Gobierno actual para que se pronuncie sobre qué va a hacer con la publicidad de los archivos. En principio, el magistrado adelantó que buscará rearmar una mesa de diálogo entre las partes, con la SIDE incluida, antes de fin de año.
El Juzgado Federal N° 6 decidió en junio enviar a juicio a Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, todos funcionarios iraníes y/o miembros de Hezbollah.
La acusación principal es por el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y con el objetivo de causar sufrimiento por motivos raciales, religiosos u odio étnico.
Además, los imputaron por lesiones graves y gravísimas a las víctimas heridas, y daños agravados a los inmuebles y vehículos destruidos. También se incluyó la participación en una organización armada con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza.
La defensa pública de los acusados apeló la elevación a juicio, que ahora aguarda a ser definida en la Cámara Federal de Casación Penal.
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