Avanza la implementación del sistema acusatorio en Bahía Blanca tras la postergación por las inundaciones

La jurisdicción federal de Bahía Blanca pondrá en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) el 29 de septiembre, después de la postergación dispuesta a raíz del fuerte temporal que inundó la ciudad y afectó las sedes judiciales en marzo de este año. A pocos días de su inicio, se registraron en ese distrito una serie de trabajos de infraestructura y tecnología para adaptar las sedes a un esquema que propone un nuevo paradigma en la tramitación de las causas.

La entrada en vigencia del modelo procesal creado por Ley 27.063 -dictada en 2014- había sido dispuesta para las áreas de Mar del Plata y Bahía Blanca con fecha inicial el 5 de mayo de 2025 en virtud de la Resolución 377/2024, firmada en diciembre pasado por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

En ese documento, la cartera había señalado que la modificación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) suponía “un avance significativo en el enjuiciamiento penal, pues incorpora definitivamente el sistema acusatorio, orientado según los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización”. También señaló que “el estancamiento experimentado por la reforma procesal iniciada en el año 2014 compromete seriamente los intereses del Estado Nacional. En lo principal, la vigencia simultánea de dos regímenes procesales y de diversas normas de distintos códigos en el orden federal desencadena problemas normativos y operativos que perjudican el funcionamiento del sistema de justicia”.

Pero el inicio en el distrito bahiense tuvo que ser postergado tras el trágico temporal ocurrido el 7 de marzo de este año, que dejó un tendal de damnificados con familias evacuadas, víctimas fatales y múltiples daños materiales.

Para el caso, los edificios de los Juzgados Federales N°1 y N°2, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal y las oficinas del Ministerio Público Fiscal y la Defensa quedaron gravemente perjudicados por los estragos de las lluvias que dejaron a la ciudad bajo el agua. En efecto, las inclemencias afectaron subsuelos y plantas bajas, provocaron la pérdida de expedientes, dañaron tableros eléctricos y dejaron a varias dependencias sin servicios básicos.

De acuerdo a los registros de la Cámara Federal de Apelaciones local, distintas sedes quedaron inhabilitadas y el personal quedó forzado a trabajar en condiciones de emergencia. La Procuración General informó a su vez que una de sus oficinas estaba inhabitable, mientras que la Defensoría General consignó pérdidas casi totales en dos de sus tres dependencias.

Frente a esa situación, el Ministerio de Justicia dictó la Resolución 233/2025, también firmada por Cúneo Libarona, donde estableció que “en virtud del crítico escenario actual, este Ministerio solicitó a los organismos intervinientes en la implementación del Código Procesal Penal Federal un informe acerca del estado de las dependencias ubicadas en la ciudad de Bahía Blanca y localidades cercanas, a fin de coordinar acciones y tomar las medidas necesarias para enfrentar la coyuntura de la manera más eficaz posible”.

Bajo ese marco, en su parte resolutiva dispuso: “Para garantizar una implementación adecuada del nuevo sistema procesal penal, corresponde diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, para las 00:00 horas del próximo 29 de septiembre de 2025”.

Con la nueva fecha se llevaron a cabo reparaciones edilicias. Según información de la cartera de Justicia, en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de la calle Mitre se instaló mobiliario, señalética y sistemas de iluminación de emergencia. En el Juzgado Federal N°1, de Alsina 317, se cambió el piso, se colocaron equipos de aire acondicionado y se trasladó la sala de audiencias a la Oficina Judicial. En el Juzgado Federal N°2, de Belgrano 274, se repararon daños por humedad y se sumaron cortinas y mobiliario en las distintas oficinas.

Además, en el Tribunal Oral Federal de la calle Chiclana 402 se renovaron alfombras, luminarias y baños públicos, y se inició la licitación de un equipo central de climatización. En la Oficina Judicial ubicada en la calle Lamadrid se enviaron materiales eléctricos y varias salas fueron equipadas con sistemas audiovisuales por la Dirección General de Tecnología.

Junto con estas obras, se introdujeron cambios organizativos. Y es que la Oficina Judicial tendrá un rol central en la organización de las audiencias orales, con la coordinación de agendas, la asignación de salas y el control de los debates que se desarrollarán en los tribunales. Asimismo, personal de los juzgados será transferido a las fiscalías, en línea con el modelo acusatorio que otorga al Ministerio Público Fiscal la conducción plena de la investigación penal, mientras que los jueces quedarán a cargo de las funciones de control de las garantías del proceso.

Las audiencias orales y públicas, núcleo del nuevo paradigma acusatorio, cuya primera prueba se realizó en las provincias de Salta y Jujuy, requieren espacios adecuados, señalización, climatización y tecnología, aspectos que, según indicaron desde el Ministerio de Justicia, fueron incluidos en las obras de readecuación efectuadas con el propósito de dotar de efectividad al CPPF, articulado para propiciar “una política de persecución penal estratégica, dirigida a impactar en los fenómenos criminales que forman parte de la competencia material del fuero federal”, según los términos de la Resolución 377.

La entrada en vigencia del nuevo Código en Bahía Blanca se inscribe en el cronograma nacional que ya abarcó jurisdicciones como Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, y que prevé su extensión progresiva al resto de los distritos federales. El Ministerio de Justicia postergó la aplicación en los tribunales de Comodoro Py hasta el 11 de noviembre.