Ocultaron la identidad de una de las víctimas de los “Vuelos de la muerte” y casi 50 años después están siendo juzgados

Cincuenta años después de los denominados “Vuelos de la muerte”, sus responsables y cómplices continúan rindiendo cuentas ante tribunales. Esta semana se reactivó en La Plata un nuevo capítulo judicial: un proceso contra dos ex policías bonaerenses por encubrir el crimen de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, una joven cuyo cuerpo apareció en 1976 en la costa del Río de la Plata, a la altura de Punta Indio.

El hallazgo se produjo en pleno apogeo del terrorismo de Estado, pero las irregularidades en la investigación impidieron que la verdad se conociera en ese momento.

En el juicio, Moises Elías D’Elía, de 82 años, ex titular de la Subcomisaría de Verónica, y Julio César Morazzo, de 70, quien se desempeñaba como efectivo en el Destacamento Cristino Benavides, están acusados de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. De acuerdo con la acusación fiscal, el entonces policía Morazzo intervino como instructor del sumario sobre el hallazgo del cadáver, el 6 de diciembre de 1976.

La autopsia del cuerpo indicó que la muerte de la mujer se produjo por “destrucción de masa encefálica como consecuencia de estallido de cráneo por disparo de arma de fuego” y el médico interviniente calculó que el fallecimiento databa de diez días antes del hallazgo. Cuatro días más tarde de su aparición en la costa, el cuerpo fue inhumado como NN en el cementerio de la vecina localidad de Magdalena.

20 años después

Sin embargo, apenas dos meses después, en febrero de 1977, el Departamento de Necropapiloscopía de la Policía bonaerense informó al Jefe del Destacamento Benavides “que se obtuvieron impresiones papilares de las manos remitidas” y que, luego de enviarlas a distintos gabinetes técnicos, “se determinó que las mismas pertenecían a quien en vida fuera Rosa Eugenia Novillo Corvalán”.

Sin embargo, la identificación de la víctima no fue registrada en ese momento en las actuaciones policiales y tampoco se hizo gestión alguna “para rectificar la inscripción que se había efectuado en el Registro de las Personas cuando el cuerpo aún no se había identificado”. La novedad tampoco fue comunicada por los policías a cargo a ningún órgano judicial. Veinte años después, en 1997, esos documentos fueron hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

A partir de estos datos, la Unidad Fiscal acusó a Morazzo por su intervención como instructor del sumario policial y a D’Elía como su superior responsable. En el pedido de juicio, la fiscalía sostuvo que “los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público por los que se encuentran procesados los imputados, son delitos perseguibles como crímenes de lesa humanidad", que “formaron parte del conjunto de acciones constitutivas del plan común de violaciones sistemáticas a los derechos humanos” durante la última dictadura militar (1976-1983).

En el caso de los “Vuelos de la muerte”, la justicia determinó en diversos procesos que fue una de las prácticas utilizadas para hacer desaparecer a los detenidos ilegales, conocida en la jerga como “traslados”, que consistían en arrojarlos vivos al mar desde aviones. Para prepararlos, primero se les inyectaban sedantes y luego se le quitaban sus ropas y cualquier elemento personal para evitar su posterior identificación.

Los restos de Novillo Corvalán fueron identificados finalmente en 1998. Según pudo reconstruirse en las investigaciones desarrolladas en los fueros federales de San Martín y La Plata, la joven fue secuestrada en abril de 1976 en el conurbano bonaerense y permaneció detenida ilegalmente en el centro clandestino de detención “El Campito”, donde fue torturada, hasta que fue asesinada y su cuerpo arrojado al río.

El debate se desarrolla ante el juzgado federal número 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. Por la parte acusadora intervienen la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la jurisdicción -cuya coordinación está a cargo del fiscal general Gonzalo Miranda-, representada por la fiscal Ana Oberlin, y la querella de la familia Novillo Corvalán, a cargo de los abogados Pablo Llonto y Rodrigo Cano.

En la primera audiencia, la defensa de Morazzo intentó frenar el proceso alegando el paso del tiempo y la supuesta afectación al derecho de ser juzgado en un plazo razonable. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde esos hechos, la imputación de estos delitos, por su vinculación directa con crímenes de lesa humanidad, son considerados imprescriptibles por la justicia.

El juicio

Esta semana, el proceso judicial avanzó con la declaración de cuatro testigos, entre ellos Rodolfo Novillo, hermano de la víctima, y Eduardo Cagnolo, sobreviviente del centro clandestino de Campo de Mayo, quien aseguró haber tenido conocimiento del paso de la joven por ese lugar.

También aportaron sus conocimientos sobre el caso Roberto Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria, y el director provincial del Registro de Personas Desaparecidas, Alejandro Incháurregui, en su carácter de ex perito del EEAF.

El centro de la acusación es el hecho de que, pese a que la identidad de Rosa Novillo había sido establecida en febrero de 1977, apenas dos meses después de su muerte, esa información fue silenciada: sostienen que los policías responsables no realizaron ninguna gestión para rectificar su inscripción como NN ni informaron a la justicia.

Este hecho, argumentaron, no sólo impidió la entrega del cuerpo a su familia: contribuyó a consolidar el engranaje represivo que intentó negar la existencia de las víctimas y privarlas de un juicio justo dentro del marco de la legalidad.

En 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a perpetua a cuatro altos mandos del Ejército por organizar los “Vuelos de la muerte” desde Campo de Mayo, entre ellos Santiago Omar Riveros y Luis del Valle Arce.

Ahora, es el turno de juzgar a quienes, desde roles policiales y burocráticos, contribuyeron al ocultamiento del crimen, sepultando cuerpos como NN cuando sabían a quiénes pertenecían.

El proceso judicial continuará en los próximos días, con la declaración de nuevos testigos y la inminente etapa de alegatos. Mientras tanto, el paso del tiempo no borra la exigencia de que todos los responsables, directos e indirectos, rindan cuentas ante los tribunales.