Un grupo de especialistas que controlan la ejecución de las condenas visitó ayer a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria y concluyó que no hay ningún impedimento para que la ex mandataria utilice la tobillera electrónica que ordenó el Tribunal Oral y que su defensa reclama que le quiten.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal presentó su informe en la causa judicial luego de visitar y entrevistarse con Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria de San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat.
“Por lo examinado, se concluye que no presenta impedimentos de índole médico para el uso del dispositivo electrónico, al momento presente”, concluyó el informe.
La visita fue ayer por la mañana, un rato antes de una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal en la que se discutió el domicilio de detención, el uso de la tobillera y el régimen de visitas.
Los especialistas se entrevistaron con la ex presidenta, quien dio sus datos personales y habló de su historia médica. El informe -que no es vinculante- fue presentado hoy y ya forma parte de la causa para la decisión que deben tomar los jueces de Casación.
El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, pidió ayer en la audiencia que le quiten la tobillera. Beraldi lo calificó como un mecanismo “innecesario y burdo” porque se trata de un mecanismo que indica si la persona salió del perímetro permitido pero no impide una fuga.
Sobre ese punto señaló que ese riesgo no se corre con la ex presidenta porque siempre estuvo a derecho, porque tiene custodia y porque si sale a la calle va a ser reconocida.
Lo que la defensa también objetó es el régimen de visitas. El Tribunal Oral le impuso que pueden ir a verla sin pedir autorización sus familiares, médicos, abogados y custodios. Cualquier otra persona debe pedir autorización como hizo la semana pasada el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.
Beraldi sostuvo que no hay ninguna norma que establezca ese límite y que el tribunal oral no especificó cuál es la finalidad. También que no encontró antecedentes en los que se limiten las visitas en prisiones domiciliarias.
El fiscal de Casación Mario Villar pidió que se mantengan tanto la tobillera como el régimen de visitas. En la audiencia se discutieron otros puntos que llevó la Fiscalía.
El primero fue que retiró el pedido para que Cristina Kirchner cumpla su condena en una cárcel, tal como habían pedido los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola. Así, la ex presidenta se asegura de continuar su detención en domiciliaria.
Pero el fiscal Villar sí pidió que cambie el domicilio. Dijo que su presencia en San José 1.111 genera complicaciones para los vecinos y las personas que deben transitar por la zona y para los servicios del barrio, según un informe que presentó la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires. “Los vecinos no tienen por qué soportar estas anomalías”, sostuvo el fiscal en la audiencia.
Pero también consideró que el domicilio es inseguro para la propia Cristina Kirchner. Sobre eso hizo hincapié en que las salidas al balcón representan un riesgo porque se vieron imágenes de personas que subieron a balcones lindantes sin que su custodia actuara y con el antecedente del intento de homicidio que sufrió en 2022. “El cambio de domicilio es razonable”, concluyó el fiscal que solicitó que se busque “un domicilio adecuado” que ofrezca la ex presidenta.
La defensa rechazó ese pedido y solicitó que continúe en su actual departamento. Beraldi dijo que vive ahí hace tres años, que es un lugar cercano para sus hijos y la nieta que vive en Buenos Aires que la visitan todos los días, lo que perdería con la modificación. También que el organismo de control que lo constató no hizo ninguna objeción sobre el lugar.
Sobre la alteración del barrio, la defensa señaló que eso fue al principio de la detención y que ya no ocurre más. Y que las manifestaciones nunca fueron alentadas por Cristina Kirchner. Por último señaló que el informe de la Procuración da cuenta de alternaciones que ya no se producen y que ahora en la zona hay más policías y que los vecinos dijeron en medios de comunicación que los robos bajaron.
Ahora deben resolver los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroeteveña. Para eso tienen cinco días hábiles pero la expectativa es que lo hagan esta semana.
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