(Enviado especial a Córdoba) Luego de seis meses de debate oral y público, llegó el final: este miércoles se conocerá el veredicto del histórico juicio por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba. En un caso sin precedentes, un jurado compuesto por ocho ciudadanos y dos jueces definirá si la enfermera Brenda Agüero es o no culpable por el asesinato deliberado de cinco recién nacidos y el intento de homicidio de otros ocho que estuvieron al borde de la muerte. Junto a ella completan el banquillo de los acusados médicos, directivos y funcionarios públicos, incluido el ex ministro de Salud provincial, Diego Cardozo.
La audiencia final del juicio iniciará con las “últimas palabras” de Claudia Ringelheim, ex vicedirectora del hospital, la única imputada que resta pronunciarse. Los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini pidieron que se la condene a un año de prisión de ejecución condicional por ser coautora del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente agravado. Es una de las autoridades “menos complicadas” que tiene el caso, según calificaron fuentes judiciales ante este medio.
Luego seguirá la deliberación. Los ocho ciudadanos que integran el jurado popular presenciaron todas las audiencias en calidad de observadores, sin preguntar ni intervenir en ningún momento. Deben formar su convicción exclusivamente a partir de las pruebas que se presentaron a lo largo del debate.
Votarán por “culpable o inocente” junto a los jueces vocales de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación, José Daniel Cesano y Laura Huberman. En caso de igualdad en los votos, desempatará la presidenta del tribunal Patricia Soria, quien además fundamentará la conclusión del jurado popular si éste llega a una decisión diferente a la de alguno de los magistrados.
La enfermera sostiene su inocencia
Brenda Agüero utilizó sus últimas palabras el pasado martes, y reiteró que no es una asesina serial. Además, deslizó que las declaraciones de las madres de las víctimas estuvieron “guionadas”, y la vez dijo reconocer “su dolor” y su búsqueda de justicia.
De ser declarada culpable, la única condena posible para la enfermera es la prisión perpetua. Está acusada de cinco casos de homicidio calificado por procedimiento insidioso, y otros ocho por el mismo delito, en grado de tentativa. Se encuentra detenida en la cárcel de Bouwer desde el 19 de agosto de 2022.
Agüero es la única persona que estuvo en contacto con los 13 bebés. Las muertes y descompensaciones repentinas sucedieron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022, aunque la trágica cadena de hechos se denunció recién un mes más tarde.
A lo largo del juicio, la fiscalía presentó una serie de pruebas que descartan escenarios de mala praxis o accidentes, por lo que determinaron que los casos solo pueden explicarse por una mano asesina.
En varios recién nacidos encontraron uno o más pinchazos sobre su piel, en zonas del cuerpo donde no se realizan inoculaciones. También algunos tenían niveles de potasio y/o insulina en sangre incompatibles con la vida.
Tal como anticipó Infobae al comenzar el juicio, los fiscales sostuvieron que Brenda Agüero actuó motivada por sus aspiraciones laborales: habría atacado a los bebés para ser la primera en notar sus síntomas, dar aviso a sus superiores y destacarse entre sus compañeros para que la “ascendieran”.
Quería dar el salto de Obstetricia a Neonatología, donde están los mejores enfermeros, de acuerdo a lo dicho por la acusación.
Los médicos y funcionarios involucrados
La investigación de las muertes y descompensaciones de bebés -que estuvo a cargo del fiscal Raúl Garzón- determinó que correspondía extender la cadena de responsabilidades desde la enfermera hasta el entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, imputado por encubrimiento doblemente agravado.
La lista de acusados la completan: Liliana Asís, ex directora del Hospital Materno Neonatal; Claudia Ringelheim, ex vicedirectora y jefa de Tocoginecología; Julio Escudero Salama, ex subdirector de Gestión Administrativa; Pablo Carvajal, ex secretario de Salud; Alejandro Gauto, ex jefe del Área Legales del Ministerio; Alicia Beatriz Ariza, ex jefa de Enfermería; Marta Gómez Flores, ex jefa de Neonatología; María Alejandra Luján, médica que firmó actas de defunción y habría tenido conocimiento de las muertes y no denunció; y Adriana Luisa Moralez, médica neonatóloga y coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente.
Entre ellos se reparten cargos por omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica reiterada.
Para la acusación, las autoridades evitaron “poner en conocimiento de la Justicia los casos que se venían sucediendo”, y desplegaron “conductas encubridoras” para ocultar y desaparecer “rastros y pruebas”.
Esto habría favorecido el accionar de la enfermera, incluso cuando ya existía una “fuerte sospecha” sobre ella que “evidentemente les constaba al desplazarla simuladamente de sus funciones mediante licencias”, según consta en el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal.
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