Tras las amenazas a Rosatti y Lorenzetti, entidades judiciales se manifestaron contra la “extrema violencia institucional”

Este viernes, la Junta de Presidentes de Cámaras, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y miembros del Consejo de la Magistratura difundieron distintos pronunciamientos en defensa de la independencia judicial y en rechazo a “presiones externas”, en un contexto signado por manifestaciones públicas contra el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”, y por la reciente detención de un hombre sospechado de realizar pintadas intimidatorias frente al domicilio del ministro Horacio Rosatti en su ciudad natal de Santa Fe.

En efecto, el martes por la noche, luego de conocerse el rechazo del recurso de queja presentado por la exmandataria, se reportaron pintadas de tono intimidante en la vía pública de la capital santafesina, en inmediaciones del domicilio del presidente de la Corte, con la leyenda “Rosatti ojo” y una línea curva que simulaba una “cara triste”. Como consecuencia de estos hechos, la custodia del lugar fue reforzada y se inició una investigación a cargo de la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe.

Durante las tareas de vigilancia, una vecina se acercó a efectivos policiales y aportó de forma voluntaria imágenes y videos que habrían registrado a la persona autora de los grafitis, aunque prefirió no formalizar una denuncia en su contra. A partir de ese material, la fiscalía ordenó una serie de medidas para ubicar al sospechoso e identificar su domicilio. El jueves por la tarde, un hombre identificado como Roberto Mauricio Acosta fue detenido en su casa.

Según informó la División Unidad Operativa Federal de Santa Fe, en la vivienda se secuestraron “elementos de interés”, tales como una remera partidaria del PJ, folletos con la imagen de la expresidenta Fernández de Kirchner y la leyenda "proscribirla no te llena la heladera“. También se incautaron ocho teléfonos celulares y ropa similar a la observada en las imágenes fílmicas aportadas. El detenido fue trasladado para su identificación y la causa continúa en el fuero federal.

Por otro lado, también se registraron mensajes amenazantes en las redes sociales contra el supremo Ricardo Lorenzetti. “La casa de Lorenzetti en breve en Rafaela”, decía un posteo en X, junto con una foto de una vivienda en llamas.

En ese marco, los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales, presidida por el juez Javier Leal de Ibarra, expresaron su “más enérgico repudio y extrema preocupación frente a las amenazas proferidas contra el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, formuladas en un contexto de extrema violencia institucional, que atenta contra la normal vida democrática, la independencia del Poder Judicial de la Nación y la integridad de nuestro sistema republicano de gobierno”.

“Convencidos de que no es posible a través de la violencia y la intolerancia alcanzar la unidad nacional y el progreso de todos los argentinos, instamos a promover la cultura de la paz, salvaguardando los valores de la democracia, la división de poderes y la libertad”, continuó el comunicado.

Luego concluyó: “Desde esta Junta, mantenemos nuestro inclaudicable compromiso para trabajar por la justicia y la seguridad jurídica, las que sin dudas requieren no solo el esclarecimiento de estos hechos, sino una seria reflexión de los distintos actores, a quienes apelamos para que a partir de una ética profunda eviten estos sucesos y que éstos recrudezcan, dañando seriamente la vida institucional del país".

También la Cámara Federal de Casación Penal expresó su solidaridad ante estos hechos y reafirmó “el compromiso de cumplir con objeto de afianzar la justicia para todos sus habitantes, proclamado en la Constitución Nacional”.

La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), presidida por Marcelo Gallo Tagle, también se pronunció al respecto. Lo hizo a través de un extenso comunicado donde hizo pública “su profunda preocupación por el contenido de las manifestaciones públicas de diferentes sectores, que pretenden condicionar el ejercicio independiente de la función judicial, exteriorizadas a partir del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 10 de junio en la causa CFP 5048/2016/TO1/49/6/RH85, en virtud del cual se desestima el recurso de queja deducido por la persona condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta agravada”.

La FLAM advirtió que dichas manifestaciones “resultan una injerencia indebida e intimidante, sea del sector que fuere, en procura de obtener una determinada modificación del contenido o alcance de las decisiones judiciales ya adoptadas”, lo que representa “una intromisión inaceptable en trámites de exclusiva función jurisdiccional”.

Además, citó estándares internacionales vinculados al ejercicio de la magistratura. “El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que los Estados deben garantizar que quienes ejerzan una función judicial estén libres de injerencias, intimidaciones, obstáculos u hostigamientos”.

“Es por todo ello que esta Federación -precisó el texto- EXHORTA a cumplir con los principios enunciados precedentemente, respetando la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional y evitando avasallarla con actos que impliquen el amedrentamiento o la vulneración de esos principios”.

Y cerró: “El respeto de ellos no solo importa un resguardo para los ciudadanos, sino que constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno”.

En un tercer pronunciamiento, el presidente de la FLAM y los jueces miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación emitieron una declaración conjunta en la que aseveraron: “Es oportuno reafirmar el rol que ejerce el Poder Judicial como autoridad pública de aplicación de la ley. La ley resulta producto directo de los consensos que nos hemos dado en el ejercicio de la democracia y su observancia es condición necesaria para la vigencia de ese régimen”.

Un párrafo después enfatizaron “la necesaria tolerancia, respeto y sometimiento que todos los habitantes deben observar respecto de los fallos judiciales. Ello con absoluta independencia, por supuesto, de la opinión favorable o crítica que cada ciudadano puede tener y exteriorizar pacíficamente respecto del mérito de tales decisiones”.

Asimismo, el comunicado apuntó a promover “un enfático llamado a la reflexión” en tanto “toda actividad extorsiva, coactiva o sencillamente intimidante que se pretenda urdir para modificar el contenido o alcance de las decisiones judiciales carece de cualquier posibilidad de éxito y, con independencia de las sanciones que por ley pueda merecer, en lo inmediato sólo logra degradar la credibilidad de la persona que la impulsa y de la organización en cuyo nombre se presente”.

Al finalizar, los firmantes destacaron: “Desde nuestros roles señalamos la necesidad de que la Argentina se proyecte por sobre un sólido camino de progreso, equidad y bienestar general, para lo cual resulta indispensable mantener la paz y cohesión social, cometido ético y jurídico de todas las autoridades públicas, comunicadores, y argentinos y argentinas de buena voluntad”.

Este último comunicado fue suscripto por el juez Gallo Tagle en su carácter de presidente de la FLAM y por Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero y María Alejandra Provítola, como integrantes del Consejo de la Magistratura por el estamento judicial.