En dos expedientes que hasta ahora se habían manejado con máxima discreción, la Justicia Federal está investigando el sobrevuelo de drones sospechosos sobre el Edificio Libertador, donde funcionan el Ministerio de Defensa y las oficinas del Estado Mayor General del Ejército y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El primer caso ocurrió el 7 de septiembre pasado. Agentes que cumplían tareas de guardia en el edificio notaron que había un drone merodeando y se pusieron en alerta. Cuando salieron a registrar los alrededores no encontraron a ninguna persona que lo estuviera controlando. En cuestión de segundos, el dispositivo siguió su marcha y desapareció.
Prácticamente lo mismo volvió a pasar el 30 de octubre. Por segunda vez, un aparato de características similares sobrevoló el Ministerio durante un tiempo y continuó su camino hasta perderse de la vista de los vigilantes. En esta oportunidad tampoco se pudo identificar al piloto.
En ambos casos la cartera de Defensa, a cargo de Luis Petri, hizo las denuncias correspondientes en los tribunales de Comodoro Py.
El primer episodio recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini. Se abrió una causa por averiguación de delito.
El segundo fue a parar al Juzgado N° 4, cuyo titular es el juez Ariel Lijo. Por la naturalidad de los hechos, el magistrado pidió que se investigue todo junto, en un solo expediente y en el despacho de Servini, que tiene la causa original.
La jueza se negó al entender que no había pruebas para afirmar, por ahora, que los sobrevuelos estén vinculados. La falta de acuerdo entre ambos magistrados obligó a intervenir al presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, quien decidió mantener separadas las investigaciones.
Toda la discusión llevó algunos meses que, además, demoraron el avance de las averiguaciones. Las fuentes judiciales consultadas por Infobae señalaron que es poco lo que se sabe hasta ahora de los Vehículos Aéreos No Tripulados. Aunque no hay certezas sobre modelos y características de cada dispositivo, dan por hecho lo básico: que ambos tenían la capacidad de grabar audio y video en alta definición.
Las pesquisas que está llevando adelante la Policía Federal Argentina (PFA) apuntan en lo inmediato a esclarecer dos incógnitas: si hay un riesgo cierto de que los drones hayan estado realizando tareas de espionaje, por un lado, y dónde despegaron y aterrizaron, por otro. Para reconstruir el recorrido que hicieron se están analizando cámaras de seguridad del Edificio Libertador y sus alrededores.
Una fuente con acceso a una de las causas deslizó también que las maniobras que hizo el drone visto el 30 de octubre fueron “distintas”, más “sospechosas” que las del primer caso. Evitó dar detalles para no comprometer la incipiente investigación.
En tanto, ante la consulta de este medio, desde el Ministerio de Defensa se negaron a brindar cualquier tipo de información o confirmación acerca de los hechos relatados. Hermetismo absoluto.
La seguidilla se completó con un tercer evento que sí se conoció públicamente, tras una revelación de Infobae. En la madrugada del 29 de diciembre, dos ciudadanos rusos golpearon una de las puertas del Congreso de la Nación sobre la avenida Hipólito Yrigoyen para avisar que les había caído un drone en algún patio interno o terraza del Palacio Legislativo.
Por este caso se abrió una causa en el Juzgado Federal N° 2, de Sebastián Ramos, que no tomó temperamentos sobre los extranjeros e incluso les devolvió el artefacto.
Dos semanas después, el presidente Javier Milei emitió un decreto para que el Ministerio de Seguridad tenga un sistema antidrones. Fue una adquisición cuyas condiciones se mantuvieron bajo secreto, por “razones de seguridad nacional”, según consta en el documento publicado en el Boletín Oficial.
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