Julio De Vido quedó a un paso del juicio oral por corrupción durante la creación de la Televisión Digital Abierta

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó este martes el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa donde se investigan sobreprecios millonarios en obras y proyectos que estaban destinados a crear la Televisión Digital Abierta. Esos fondos los manejó la Universidad Nacional de San Martín -a través de un convenio firmado con el Ministerio-, cuyas autoridades de entonces también quedaron a un paso del juicio oral por administración fraudulenta.

Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques rechazaron un recurso de casación que presentó la defensa de De Vido para anular el procesamiento que había dictado la Cámara Federal porteña en abril del año pasado. Desde esa fecha se había paralizado el expediente.

El caso tiene su origen con el convenio de cooperación celebrado en 2011 entre la cartera de Planificación y la Unsam, que tenía como fin la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T). Con fondos públicos se debían financiar el desarrollo de un laboratorio de investigación y la creación de contenidos audiovisuales.

De acuerdo a la investigación, hubo modificaciones a los presupuestos iniciales que generaron incrementos sustanciales en los costos de las obras y los materiales necesarios para su ejecución. Estos aumentos no habrían sido justificados adecuadamente, y habrían coexistido con servicios que se pagaron y nunca se cumplieron.

Según se estimó en base a un peritaje del Tribunal de Tasación de la Nación, la Unsam habría ejecutado un 56,2% más de lo que necesitaba, si se lo compara con el precio de mercado.

“La conclusión que se obtuvo del informe analizado fue que el costo conjunto de la obra civil y equipamiento ascendió al total de $211.457.163,19, y dado que se abonaron $330.369.253,06 se infirió la existencia de un sobreprecio de $118.912.089,87”, precisó el juez Petrone entre los fundamentos de su decisión. La cifra corresponde a los valores de aquella época.

Otro documento central en la causa es un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que confirmó “la existencia de irregularidades, inconsistencias y violaciones normativas en todo lo actuado” entre Planificación Federal y la universidad.

Aunque se hizo una revisión integral de la causa, la Sala I de Casación se limitó a definir la presunta participación directa de De Vido en los hechos. Según concluyó el fallo, al que accedió Infobae, las pruebas recopiladas durante la investigación, tanto testimoniales como periciales, permiten inferir que tuvo un rol determinante. En primera instancia, el juez Julián Ercolini había entendido lo contrario y firmó su sobreseimiento, una decisión que fue revocada por las instancias superiores.

Para ratificar el procesamiento, el juez Petrone destacó la declaración de uno de los acusados, Luis Alberto Vitullo (ex secretario del Consejo Asesor del Ministerio). El entonces funcionario reconoció que el ex ministro tomó decisiones puntuales sobre “la puesta en marcha del proyecto, la aprobación del presupuesto y sus ampliaciones”.

Junto con De Vido y Vitullo también están procesados en esta causa el ex rector de la Unsam, Carlos Ruta, el arquitecto Raúl Eugenio Pieroni, director de obra de la universidad, y Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, ex secretario general de la institución. Todos están acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores.

Además, enfrentan procesamientos por el mismo delito Horacio Hernán Pérez y Martín Diego Ramírez, de la firma Urban Baires -a cargo de la obra civil- y Domingo Alfredo Simonetta, de la empresa Sistemas de Video Comunicación, como partícipes necesarios.

Con su fallo, Casación ordenó devolver las actuaciones al juzgado de origen para que se continúe con la sustanciación del juicio oral. No obstante, también hicieron lugar a la reserva del caso federal planteada por la defensa, lo que abre la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia pueda intervenir.