La Corte Suprema dejó firme el embargo de propiedades en Panamá vinculadas a la megaestafa de Hope Funds

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por cuestiones formales una presentación realizada por la defensa del empresario Zacgary Lundgren, estadounidense con ciudadanía panameña, en el marco de la causa que investiga la mega estafa piramidal cometida a través de la firma Hope Funds, encabezada por Enrique Juan Blaksley Señorans, quien fue condenado en 2023. La resolución dejó firme el embargo preventivo y la prohibición de innovar sobre diez propiedades ubicadas en Panamá que habían sido objeto de medidas cautelares con fines de decomiso.

El reclamo del empresario fue desestimado luego de un extenso derrotero judicial. A fines de diciembre de 2023, el Tribunal Oral Federal N° 4 rechazó el planteo de sus abogados contra el embargo de los departamentos comercializados como parte del proyecto “The Panamera”, vinculado a operaciones realizadas por una firma controlada por Lundgren.

La decisión fue confirmada luego por la Cámara Federal de Casación Penal -en sintonía con el pedido del Ministerio Público Fiscal-, y más tarde la defensa interpuso un recurso extraordinario que fue denegado.

Finalmente, se presentó una queja ante la Corte Suprema, que resolvió desestimar el recurso al considerar que no cumplía con los requisitos formales establecidos en la Acordada 4/2007, lo que cerró la vía de revisión. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en el acuerdo de este 30 de abril.

La causa penal investigó un complejo entramado de estafas y maniobras de lavado de activos que afectaron a más de 300 personas. Según surge de la acusación, el holding Hope Funds, liderado por Blaksley, operó durante más de una década a través de una estructura piramidal de tipo Ponzi, en la que se captaban inversiones con la promesa de altos rendimientos que resultaban insostenibles.

La investigación reveló que el grupo delictivo estaba conformado por múltiples personas físicas y jurídicas, y se valía de una red de más de 60 sociedades, algunas con vínculos internacionales y sedes en el exterior, para canalizar y ocultar los fondos captados de manera ilícita. En este contexto, los inmuebles en Panamá quedaron bajo la lupa judicial por su presunta utilización como instrumento de reciclaje de activos, a través de la sociedad vinculada a Lundgren.

Durante el juicio, numerosos damnificados brindaron testimonio sobre las circunstancias en que entregaron sus ahorros al holding, alentados por promesas de inversión respaldadas por una imagen empresarial sólida. Según consta en la causa, la estrategia de captación de clientes incluyó campañas de publicidad, acciones de marketing y eventos institucionales, todo orientado a posicionar a Blaksley como un referente en el mundo de los negocios, con acceso a oportunidades financieras exclusivas.

Los documentos incorporados al expediente mostraron que los fondos no se aplicaban a inversiones productivas, sino que eran redirigidos a cuentas vinculadas al grupo empresarial y, en algunos casos, a compras de inmuebles y bienes de lujo en distintos países.

El 9 de marzo de 2023, el TOF N° 4 condenó a Enrique Juan Blaksley Señorans a ocho años de prisión por los delitos de estafa reiterada y lavado de activos. Junto a él, fueron sentenciados otros diez imputados, entre socios, contadores y colaboradores del holding. El fallo consideró acreditado que existió una organización delictiva estructurada para captar fondos bajo engaño, ocultar su verdadero destino y dificultar su rastreo.

Lundgren fue identificado como representante legal y presidente de la firma panameña implicada en esa operación, y se encuentra señalado en la causa como partícipe en el circuito financiero diseñado para dar apariencia de legalidad a los fondos ilícitos. La defensa del empresario negó cualquier vínculo con las maniobras investigadas y sostuvo que las propiedades eran ajenas al objeto del proceso penal.